El Paquete Económico para 2026 pone, por primera vez en el sexenio, las cartas de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la mesa. Ya no se trata de una herramienta de transición entre sexenios como la del año anterior. Tampoco es un documento definitivo de lo que vendrá para los siguientes cinco años, porque faltan los programas sectoriales y especiales. Se trata, eso sí, de una estrategia clara de lo que el Estado espera para el futuro de nuestro país.
¿Qué nos dicen las cartas que mostró la presidenta a través de la Secretaría de Hacienda? Para empezar, que hay una intención clara de fortalecer la economía mexicana a través de un aumento en la inversión pública. ¿Y cuál es la intención de ese aumento? Servir como una palanca para atraer más inversión que pueda contribuir con el crecimiento económico y, por tanto, ampliar lo que después se distribuirá entre las personas de bajos ingresos.
Aquí hay un primer cambio de estrategia: no se trata solo de repartir lo que hay a través de cobrar mejor los impuestos (que fue básicamente lo que hizo el gobierno de López Obrador). Se busca ampliar la producción económica y la cantidad y calidad de puestos de trabajo para después distribuir esos recursos a través de transferencias y programas sociales. Es decir, México pasaría, si la apuesta de este gobierno funciona, de un modelo redistributivo a uno predistributivo –que, dicho sea de paso, no debería perder de vista que su principal objetivo es la garantía de los derechos humanos y la sostenibilidad del medio ambiente.
Pero también hay claridad en otras prioridades (al menos en el discurso y también en la estructura de los documentos hacendarios): más ingresos a partir de impuestos saludables y tarifas arancelarias, así como más gasto en igualdad de género, cuidados, pueblos y comunidades indígenas, educación, salud y vivienda. Incluso, algunos de estos grupos de población y los rubros de gasto relacionados con los derechos humanos ahora cuentan con una contabilidad específica que se plasma en los Anexos Presupuestarios para empezar a conocer cómo se ejercerán esos recursos.
Hasta ahí, parecería que esta nueva baraja viene cargada de puras cartas altas. Sin embargo, cuando se observa con lupa se puede ver que, aunque la dirección es correcta, nos falta mucho para llegar a los mínimos recomendables para que la mayoría de la población pueda acceder a servicios de calidad que aseguren sus derechos humanos y su acceso a la justicia.
Un ejemplo es el tema de salud: celebramos las medidas de impuestos saludables que se expusieron en la conferencia de prensa de la Presidencia del pasado 11 de septiembre; sabemos que urge aumentar los impuestos a productos que nos cuestan miles de millones de pesos y los cuales pagamos colectivamente. Se estima que solo en la atención a las enfermedades relacionadas con sobrepeso y obesidad asociadas al consumo de bebidas azucaradas y comida chatarra, el Estado gasta cerca de 179 mil millones de pesos, es decir, prácticamente una quinta parte de todo el gasto en salud.
Con los aumentos anunciados por el gobierno, el gasto en salud llegará a 2.5 % del Producto Interno Bruto del país cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que se invierta al menos el 6 %. Es decir, todavía estamos muy por debajo de lo que necesitamos para construir un sistema de salud integral e incluyente.
Casos como el anterior existen también en las instituciones necesarias para garantizar el goce de otros derechos. Nos preocupan, particularmente, las reducciones que pueden observarse en la clasificación funcional –la que explica para qué se gasta– entre las que destacan las disminuciones para Protección Ambiental (7.3 %), Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales (13.7 %) y Ciencia, Tecnología e Innovación (1.6 %).
Por ello, desde Fundar estamos analizando la política fiscal del gobierno desde la perspectiva de género, la mirada de los derechos humanos y las necesidades que escuchamos de pueblos, comunidades, colectivos de víctimas, sobrevivientes y pacientes con quienes trabajamos para organizarnos y participar en una mejor distribución de los recursos y, ahora, también en ensanchar la bolsa disponible para que alcance a más personas.
Al final, esta estrategia fiscal no es parte de un juego, sino que tiene consecuencias en la vida de millones de personas. Por ello, aunque nos parece que la dirección que están tomando las finanzas públicas es adecuada, pensamos que la observación ciudadana es esencial para que el diablo no aparezca en los detalles.
