- El gasto neto total se mantiene prácticamente sin cambios. El presupuesto pasa de 10.60 a 10.64 billones de pesos, un aumento real de 0.3%. Los programas sociales y proyectos prioritarios significarán el 15% del total.
- La presión de la deuda y el déficit hacen que el gobierno opte por la cautela macroeconómica, lo que se refleja en proyecciones moderadas de crecimiento, tipo de cambio e inflación.
- Sin nuevos impuestos y con menos ingresos petroleros, la mayor parte de la recaudación provendría de medidas contra la evasión y la elusión fiscal.
- Pese a las necesidades presupuestarias, se proponen nuevos estímulos para la inversión sin mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, que reducirán la recaudación.
Introducción
El Paquete Económico 2027 se presenta en un contexto de crecimiento económico moderado y de presiones fiscales que continúan reduciendo el margen de acción del Estado. La deuda pública se mantiene en niveles elevados y el déficit continúa presionando las decisiones presupuestarias, en un escenario donde cerca de tres de cada diez pesos del gasto se destinan a obligaciones no programables y donde el espacio para incorporar nuevas prioridades es limitado.
Frente a este escenario, el paquete económico muestra una mayor prudencia en el gasto respecto a ejercicios de años anteriores. El presupuesto prácticamente no crece en términos reales; asimismo, aunque se mantienen las mismas prioridades sociales y de inversión, se observan ajustes y reducciones en distintos programas y proyectos. Los ingresos petroleros representarán alrededor de uno de cada diez pesos de los ingresos presupuestarios, por lo que la estrategia de recaudación se apoyará principalmente en los ingresos tributarios y en mayores medidas de fiscalización.
En conjunto, el Paquete Económico 2027 puede leerse como una propuesta relativamente prudente y conservadora frente a las restricciones fiscales actuales. La reducción gradual del déficit convive con una deuda que sigue ejerciendo presión sobre las finanzas públicas, un gasto con poco espacio para crecer y una estrategia recaudatoria que busca obtener recursos mediante una mayor fiscalización para combatir las prácticas de las factureras y el huachicol fiscal. No obstante, estas medidas contrastan con la creación de nuevos estímulos fiscales para la inversión, medidas que significarán una renuncia recaudatoria del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
A partir de este panorama, revisamos los principales cambios del Paquete Económico 2027 y las decisiones que marcan la política de ingresos y gasto para el próximo año.
1. Marco macroeconómico
Las variables macroeconómicas determinan en gran medida el cumplimiento o incumplimiento de una política fiscal. Esto se debe a que, desde el lado de los ingresos presupuestarios, variables como el Producto Interno Bruto (PIB) de México —es decir, la producción de del país— definirá el nivel de ingresos que serán sujetos a impuestos, esto es, los ingresos tributarios. Por otro lado, la producción petrolera y el precio promedio de la mezcla mexicana definen los ingresos petroleros. Desde el lado del gasto público, la tasa de interés y el tipo de cambio afectan la variación del gasto no programable. Por último, al ser el comercio exterior tan dependiente de Estados Unidos, analizar la evolución del PIB de aquel país resulta también importante.
Para entender las principales variables del marco macroeconómico mencionadas en el párrafo anterior comparamos las que se presentan en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) del paquete de 2027 con las que, en abril de 2026, Hacienda presentó en los Pre Criterios Generales de la Política Económica 2027, y con las expectativas del sector privado que publica el Banco de México (Banxico) como se muestra en la tabla 1.
Como muestra la tabla 1, los CGPE 2027 presentan un rango de tasa de crecimiento entre 1.5 y 2.5%, revisado a la baja en comparación con lo pronosticado en los Pre Criterios 2027. El pronóstico promedio de la encuesta de expectativas se encuentra en este rango. Por otro lado, el tipo de cambio promedio se estima con una apreciación, es decir pasa de 18.5 a 17.9 pesos por dólar, 60 centavos menos por cada dólar. Lo mismo ocurre con el tipo de cambio de fin de periodo, que baja de 18.6 a 18.0 pesos por dólar. En este último caso, la estimación oficial se ubica ligeramente por debajo de la expectativa del sector privado, que anticipa 18.10 pesos por dólar al cierre de 2027.
En materia petrolera, el precio promedio de la mezcla mexicana se revisa al alza en 7.1 dólares por barril, al pasar de 54.7 a 61.8 dólares, mientras que la plataforma de producción se recorta ligeramente, de 1,806.1 a 1,800.1 miles de barriles diarios. Estas variables no se reportan en la encuesta de expectativas. Además, el precio por barril sigue la metodología establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), artículo 31, y el artículo 15 de su reglamento. Como un ejercicio comparativo, a fecha 9 de septiembre de 2026, Pemex reportó en su página web un precio de la mezcla mexicana de 100 dólares por barril, y la producción a julio de 2026 de total de hidrocarburos líquidos de PEP (con socios) fue de 1,674.252 miles de barriles diarios, de acuerdo con estadísticas oficiales de Pemex.
En cuanto a la tasa de interés, los CGPE 2027 estiman una tasa de Cetes a 28 días de 6.0% al cierre del año, medio punto porcentual por encima del 5.5% previsto en los Pre Criterios 2027, y la ubican en un nivel consistente con la convergencia de la inflación hacia su objetivo. Aun así, la estimación oficial se mantiene por debajo del 6.45% presentado en la encuesta de expectativas de Banxico. Por último, la inflación diciembre-diciembre (3%) y el crecimiento de Estados Unidos (2%) se mantienen sin cambio respecto de los Pre Criterios 2027. En ambos casos, la estimación oficial es más optimista que la del sector privado, que prevé una inflación de 3.85% y un crecimiento estadounidense de 2.15 por ciento.
En conclusión, el Marco Macroeconómico para 2027 presentado por la SHCP en los CGPE 2027 es más conservador que el que se ha presentado en los últimos años. Por un lado, para muchas variables no existe una variación alta con las proyecciones de la encuesta de expectativas de Banxico, las cuales se revisaron a la baja con relación a lo calculado en los Pre Criterios 2027. Por otro lado, en las variables relacionadas con ingresos petroleros, el precio sigue la fórmula definida por ley y se sitúa por debajo del dato más reciente de Pemex; asimismo, la producción se encuentra ligeramente por encima de la producción de julio de 2026. Estas son señales de prudencia en la SHCP y una experiencia de ejercicios fiscales anteriores donde se sobreestimaban algunas variables macroeconómicas, lo que traía como consecuencia una afectación en el gasto no programable. Estas sobreestimaciones afectan al gasto no programable porque dicha clasificación está en función de la tasa de interés, del tipo de cambio y del crecimiento económico. La sección 4.3.1 Riesgos de corto plazo de los CGPE 2027 presenta los efectos estimados sobre las finanzas públicas de estas variables macroeconómicas. Por un lado, un incremento de medio punto porcentual de crecimiento del PIB equivale a 30.2 mil millones de pesos en los ingresos públicos, si este se sobreestima, ese efecto se vuelve una reducción presupuestaria. En el caso del gasto no programable esto se refleja en las participaciones, las cuales dependen de la recaudación federal participable, que a su vez está en función de una porción de ingresos tributarios y de la renta petrolera. Por el otro, un aumento de 100 puntos porcentuales de la tasa de interés sobre el costo financiero equivale a 37.9 mil millones de pesos de incremento del gasto no programable, al aumentar el pago de intereses de la deuda a tasa variable. Por último, una apreciación de 20 centavos en el tipo de cambio promedio reduce en 2.1 mil millones de pesos el costo financiero porque disminuye la deuda en moneda extranjera.
Consolidación fiscal
La diferencia entre los ingresos presupuestarios y el gasto neto es lo que se conoce como balance presupuestario. En la gráfica 1 se aprecia cómo, a partir de 2009, el déficit se amplió y presentó una reducción durante 2016 y 2017. De 2018 en adelante el déficit volvió a crecer, hasta ubicarse en su mayor magnitud en 2024, con cerca de 1.9 billones de pesos. En el Paquete Económico 2027 destaca una reducción del déficit del 6.28% respecto a 2026, ubicándose en 1.36 billones de pesos, monto que representa 3.4% del PIB. Sin embargo, la gráfica 1 expone que el déficit presupuestario sigue siendo un problema que genera presión presupuestaria, a pesar de que en los años recientes se ha presentado un superávit primario (balance presupuestario sin considerar deuda). Es decir, no permite que la proporción no comprometida del gasto crezca. El mantener un superávit primario permite que el endeudamiento en los ingresos no se destine a costo financiero (intereses). Esto sugeriría que la deuda puede ser manejable, pero como se muestra no ha sido así, debido al crecimiento del costo financiero, que aunque en 2027 se prevé una reducción del 3.7% respecto a 2026, si lo comparamos contra el año 2000, este rubro registra un incremento del 107% en términos reales.
Otra presión presupuestaria proviene de la deuda pública. En la gráfica 2 se aprecia un crecimiento constante, en 2010 representaba 30.2% del PIB, y en 2027 representa el 55.8%. Esto se da en un contexto en el que el costo financiero de la deuda disminuye respecto a 2026, así como el techo de endeudamiento en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2027. Sin embargo, en la situación financiera se observa que los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) es el componente que presenta un crecimiento de 10.5% real en 2027 respecto a 2026. En 2027 el costo financiero de la deuda presenta un crecimiento del 107% en términos reales, respecto al año 2000, reflejando los determinantes del crecimiento de la deuda pública.
En conclusión, la principal característica del balance financiero de este paquete económico es que las presiones del déficit y de la deuda se ven reflejadas en una prudencia en el gasto neto. Como se discutirá más adelante el gasto presenta un ligero, casi nulo, crecimiento en términos reales. Como consecuencia de ello, ciertas tendencias recurrentes en la política del gasto público durante los últimos años (como la constante ampliación presupuestal destinada a los programas prioritarios de subsidios y proyectos de inversión) experimentan, por primera ocasión desde 2019, recortes marginales en sus asignaciones.
2. Ingresos y política tributaria
Los ingresos presupuestarios alcanzarían 9.2 billones de pesos, 0.96% más en términos reales que lo aprobado para 2026, impulsados principalmente por una recaudación tributaria de 6.3 billones de pesos, que crecería 3.16% real y alcanzaría un máximo histórico de 15.9% del PIB. Esto cobra relevancia frente a una caída de 21.4% real de los ingresos petroleros.
Dentro de los ingresos tributarios, el ISR seguirá siendo la principal fuente de recaudación con casi 3.3 billones de pesos y un crecimiento real de 3% respecto de la LIF 2026; el IVA alcanzaría 1.8 billones y crecería 7%, mientras que el ieps sumaría 828 mil millones, 4.6% más en términos reales. En contraste, los impuestos a la importación disminuirían 12.2%. Por su parte, como mencionamos anteriormente, el déficit presupuestario pasaría de 3.6% del PIB, estimado para 2026, a 3.4% en 2027 y los Requerimientos Financieros del Sector Público rfsp de 4.1% a 3.9%. Sin embargo, la deuda seguirá aumentando, pues el Saldo Históricos de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) pasaría de 54 % a 55% del PIB.
Dado que no se plantean nuevos impuestos para 2027, la SHCP sostiene que el incremento de la recaudación tributaria será consecuencia de diferentes medidas orientadas a reducir la evasión y elusión fiscales particularmente las prácticas de las factureras y el contrabando de combustibles. Al respecto, se propone ajustar la manera para determinar el ISR empresarial a través de un mecanismo para limitar las deducciones autorizadas y las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. En concreto, se establecen dos escenarios: si una persona moral deduce una proporción superior al 96.67% de sus ingresos acumulables, no podrá deducir más, lo que provocará que deban pagar ISR sobre una utilidad mínima del 3.3%; en el segundo escenario, si una persona moral deduce menos que el porcentaje anterior, del total de sus deducciones solo podrá deducir el 99%. Para justificar esta medida, la SHCP argumenta que las empresas que realizan más actividades con las factureras son quienes suelen presentar una mayor cantidad de deducciones, una situación que no es tan común con las empresas con mayores márgenes de utilidad. Respecto a las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, se propone limitar al 50% de la utilidad fiscal del ejercicio. Cabe señalar que ambas medidas no aplicarán a empresas con ingresos menores a 50 millones de pesos y menos de 5 años de operación, ya que durante este periodo las empresas suelen reportar bajos márgenes operativos, pérdidas y restricciones de liquidez.
En materia de combate al huachicol fiscal, la iniciativa a la Ley de Ingresos propone establecer un mecanismo que obligará a las gasolineras a pagar las cuotas del ieps por los combustibles que vendan y cuya adquisición no esté respaldada por la documentación comprobatoria. Debido a la complejidad técnica que representa, esta medida entrará en vigor el 1 de julio de 2027 y prohibirá que el precio del IEPS se traslade al consumidor final.
Las medidas anteriores, enfocadas en incrementar la recaudación, contrastan con la modificación o creación de estímulos fiscales para la inversión, los cuales provocarán una disminución de la recaudación tributaria. Sin embargo, continúa la ausencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, estos estímulos no podrán ser evaluados en términos de sus impactos en la justicia tributaria o las finanzas públicas. Asimismo, debido a que los hombres de altos ingresos son quienes más se benefician de las reducciones al pago de ISR, es previsible que estas medidas profundicen las brechas de género que aún persisten en el país.
Al respecto, en una disposición transitoria de la iniciativa de Ley de Ingresos, se propone ampliar la vigencia del programa para la repatriación de capitales y reducir la tasa de ISR de 15% a 7.5%. A través de este programa, las personas y empresas que tengan recursos en el extranjero por los que debieron haber pagado ISR en México pueden acceder a una tasa reducida de ISR si los recursos retornados se invierten en diferentes proyectos de inversión asociados al Plan México, los Polos de Desarrollo de Bienestar e instrumentos de deuda gubernamental. Los programas en materia de repatriación de capitales también se llevaron a cabo en 2009 y 2017. El programa de 2017 benefició a 5,311 individuos y 103 empresas, lo que propició el retorno al país de aproximadamente 385 mil millones de pesos (equivalente a 1.8 % del PIB de 2017). Del monto total retornado, se estima que únicamente el 5% (poco más de 19 mil millones de pesos) fue recaudado por el SAT.
Por otra parte, para incentivar el crecimiento del mercado bursátil, la iniciativa de Ley de Ingresos plantea la creación de un estímulo fiscal para las Ofertas Públicas Iniciales (OPI), el cual consiste en que las personas físicas y morales paguen una tasa reducida del 10% de ISR sobre la ganancia de capital con motivo de la primera venta de sus acciones tras haber sido colocadas en la bolsa de valores. Este estímulo fiscal retoma los principales elementos de un programa similar que estuvo vigente de 2019 a 2025, aunque amplía el tipo de contribuyentes que pueden beneficiarse y modifica los criterios de elegibilidad. De acuerdo con la SHCP, en el periodo 2021-2024 el número de empresas que cotizan en la bolsa disminuyó en 6.25%, lo que pone en duda la efectividad de este tipo de estímulos fiscales. En todo caso, las autoridades hacendarias no han transparentado la información sobre las personas beneficiarias y su impacto en las finanzas públicas.
Además de los aspectos anteriores, el Paquete Económico 2027 propone medidas adicionales que se relacionan con diferentes sectores económicos, grupos de contribuyentes y empresas públicas del Estado. A continuación, se enlistan algunos de los cambios más relevantes:
3. Presupuesto por clasificación funcional y administrativa
El gasto neto total se mantiene prácticamente sin cambios entre el PEF 2026 y el PPEF 2027. El presupuesto pasa de 10.60 a 10.64 billones de pesos, un aumento real de 0.3%.
El gasto programable mantendrá un crecimiento moderado para 2027. El gasto programable propuesto para 2027 es de 7.433 billones de pesos, 0.7% más en términos reales que el presupuesto aprobado para 2026 (7.378 billones), y representa 69.9% del gasto neto total.
Clasificación funcional
La clasificación funcional muestra con mayor claridad las prioridades políticas del PPEF 2027. El presupuesto integrado desde la clasificación funcional para 2027 asciende a 7.433 billones de pesos, apenas 0.7% más que en 2026. El principal grupo funcional es Desarrollo Social, que concentra 5.385 billones y aumenta 5.0%, mientras que el grupo Gobierno crece 8.6%, hasta 522,954 millones de pesos.
El grupo Desarrollo Económico, cuyo presupuesto disminuye 13.9%, al pasar de 1.770 a 1.525 billones de pesos, presenta una reducción de 245,767 millones. Desde la clasificación funcional se puede señalar que el PPEF 2027 prioriza el gasto social frente al gasto destinado al desarrollo económico, en un momento de limitado crecimiento del gasto programable.
Clasificación administrativa
Los ramos administrativos suman 2.462 billones de pesos, con una reducción de 3.9% en términos reales respecto del PEF 2026. Resalta que dos ramos concentran 51.7% de todos esos recursos: Bienestar, con 28.3%, y Educación Pública, con 23.4%.
El cambio más notable en la clasificación administrativa corresponde a Energía, cuyo presupuesto pasa de 278,137 a 85,634 millones de pesos, una reducción de 69.2%, equivalente a 192,503 millones. Esto se debe a la menor asignación de recursos destinados a Pemex a través de la Secretaría de Energía. Específicamente, el programa Articulación de la Política de Hidrocarburos se reduce de 243,476 a 81,100 millones de pesos, como parte de la estrategia para disminuir las transferencias del presupuesto federal hacia la petrolera y procurar su equilibrio financiero mediante la reducción de su deuda.
En contraste, aumentan Educación Pública (+5.8%), Marina (+18.5%), Agricultura y Desarrollo Rural (+12.5%), Servicios de Salud del imss-Bienestar (+8.1 %) y Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (+8.7%).
Entre los ramos con mayor presupuesto, Bienestar prácticamente se mantiene estable, mientras que Educación Pública tendrá un presupuesto de 576,632 millones de pesos e IMSS-Bienestar un total de 193,987 millones de pesos. También crecen Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (+4.6%), Defensa Nacional (+4.6%), Salud (+4.0%) y Seguridad y Protección Ciudadana (+3.2%). Mientras que, Hacienda disminuye 2.8%, y las secretarías de Economía, Anticorrupción y Buen Gobierno y Turismo registran reducciones cercanas a 0.7 por ciento.
En Cultura, el presupuesto pasa de 15,686 a 15,859 millones de pesos, un aumento real de apenas 1.1%, equivalente a 172 millones. Igualmente, el presupuesto para la Secretaría de las Mujeres crece poco, alcanzando 2,269 millones de pesos, 1.9% más en términos reales. Los datos muestran que el aumento se concentra en determinadas instituciones, mientras que otros ramos mantienen sus recursos prácticamente sin cambios o enfrentan reducciones importantes.
Por otro lado, dentro de los Poderes y Entes Autónomos destaca la caída de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 12.7% en el PPEF 2027 respecto al PEF 2026, y que respecto a 2018 presenta una caída de 63%. Además, resalta el crecimiento del Instituto Nacional Electoral (INE) de 86%, debido a las elecciones regionales de 2027.
Anexos transversales
En cuanto a los anexos transversales, el PPEF 2027 presenta variaciones relevantes respecto a lo aprobado para 2026, tanto en los montos como en la incorporación de nuevos anexos. El Anexo 15 Estrategia Nacional de Transición Energética, presenta un crecimiento con 9.2%; el Anexo 10 destinado a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas incrementa 4.4%, mientras que el Anexo 13 de igualdad entre mujeres y hombres aumenta 2.1%. En contraste, el Anexo 16 de adaptación y mitigación del cambio climático disminuye 27.6% en términos reales. El Anexo 31 Consolidación de una Sociedad de Cuidados registra una reducción real de 2.3%.
El PPEF 2027 incorpora además dos nuevos anexos transversales. El Anexo 32 Acciones para la Movilidad y Seguridad Vial tendrá 175,045.5 millones de pesos, mientras que el Anexo 33 Diversidad Sexual y de Género suma 43,369.4 millones de pesos.
Programas y proyectos prioritarios
Programas sociales prioritarios
En 2027 habrá 20 programas sociales prioritarios que ascienden a 1.025 billones de pesos, prácticamente el mismo monto de 2026. En términos del PIB, este monto equivale a 2.6%. La reducción es apenas de 0.12 % en términos reales. Solo tres de estos programas tendrán incrementos presupuestarios respecto del año pasado: Salud Casa por Casa (+20.2 %), Pesca (+18.3 %) y Pensión Mujeres Bienestar (+0.2 %). Cabe resaltar la reducción en 26 % a la Escuela es Nuestra.
A pesar de la estabilidad en el presupuesto, se encuentra concentrado en algunos programas. La Pensión para Adultos Mayores tendrá 543,498 millones de pesos, alrededor de 53% del total de los programas sociales prioritarios. En términos de disponibilidad de recursos le siguen la Beca Rita Cetina, con 133,561 millones; la Pensión Mujeres Bienestar, con 59,356 millones; la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, con 43,932 millones; y Sembrando Vida, con 40,500 millones. Los cinco programas concentran aproximadamente 80 % del total de los recursos considerados para programas prioritarios.
Lo anterior confirma la continuidad de la política social basada en las transferencias directas y su carácter prioritario dentro del gasto público. Sin embargo, llama la atención que es la primera ocasión, desde la aprobación de la reforma constitucional de 2019, que distintos programas prioritarios de subsidios presentan una ligera reducción presupuestaria. Esto está relacionado con las distintas presiones presupuestarias que se identificaron en la sección de consolidación fiscal.
El cambio más importante está en la configuración de las prioridades agroalimentarias y productivas. Aparecen en la lista los programas Acopio para el Bienestar, con 8,445 millones; Leche para el Bienestar con 6,867 millones, Comercio Justo con 8,996 millones, Comercio Justo (incentivos) con 2,863 millones de pesos, y el programa Maíz es la Raíz con 2,000 millones. Estos nuevos programas suman alrededor de 29,170 millones de pesos.
Por otro lado, disminuyen los programas: Fertilizantes (-10.2 %), Producción para el Bienestar (-6.4%), Sembrando Vida (-4.2%), y no recibirá presupuesto Precios de Garantía, que en 2026 tuvo recursos por 13,520 millones de pesos.
Para 2027 el gasto social prioritario se mantendrá constante en el total, aunque con cambios en su composición. Los cambios se encuentran en los programas productivos y de infraestructura social, mientras que el bloque de pensiones y becas se mantendrá estable.
Proyectos prioritarios de inversión
Los proyectos de inversión para 2027 suman 560,173 millones de pesos, que representan un incremento de 0.3% respecto de 2026. En términos del PIB representa el 1.4 por ciento.
La inversión se concentra en infraestructura ferroviaria, igual que en 2026. Destacan los aumentos en los siguientes proyectos: el Tren Saltillo-Nuevo Laredo asciende de 14,961 a 41,986 millones de pesos, un aumento de 180.6%. El Tren Querétaro-Irapuato aumenta 106.4%, hasta alcanzar 20,054.7 millones; el Tren Querétaro-Saltillo crece 154.5%, hasta alcanzar 24,025 millones.
En cuanto a los proyectos que presentan reducciones se encuentran: el Tren Maya que disminuye su presupuesto de 31,200 a 17,159 millones de pesos, una caída de 45%. El Tren México-Querétaro baja 47.9%, a 5,682 millones, y el Tren aifa-Pachuca disminuye 58.6%, a 1,339 millones. El proyecto de Irapuato-Guadalajara desciende de 13,006 a 1,000 millones, una caída de 92.3%. El material rodante disminuye 5.5%, de 15,474 a 14,629 millones. Dejan de recibir recursos Derecho de Vía, Tren San Luis Potosí-Saltillo, Obras de Interconexión aifa, Tren México-Toluca y Trolebús Ixtapaluca.
Fuera del sector ferroviario se presentan aumentos importantes en seguridad e infraestructura vinculada con las fuerzas armadas. La inversión de Defensa Nacional aumenta 75.6%, de 7,280 a 12,782 millones de pesos; Marina aumenta 382.3%, de 2,080 a 10,031 millones; y la inversión de la SSPC aumenta 271.1%, hasta 8,371 millones. Aparecen nuevos proyectos como Toluca-Zihuatanejo, con 7,700 millones, el Proyecto Sargazo, con 1,867 millones; Puentes y Distribuidores, con 3,599 millones; tendrán recursos para APPS y PPS, por 1,544 millones.
En infraestructura hidráulica hay un crecimiento más moderado. Las obras de Conagua aumentan 5.4%, de 21,592 a 22,762 millones de pesos. En cambio, Carreteras y Caminos de la sict disminuye 16.3%, al pasar de 28,829 a 24,121 millones. El Istmo de Tehuantepec también registra una reducción de 3.9%, con una asignación de 25,000 millones.
En la inversión de las empresas públicas, las variaciones son relativamente pequeña. Pemex recibirá 255,529 millones de pesos, 0.62% menos que en 2026, mientras que CFE recibirá 60,992 millones, una reducción de 4%. En conjunto, ambas empresas concentran 316,521 millones, alrededor de 56.5% de todo el presupuesto destinado a los proyectos prioritarios. Esto muestra el peso que siguen teniendo Pemex y CFE dentro de la inversión pública.
El PPEF 2027 mantiene constante el monto total de inversión prioritaria, pero cambia su distribución. El presupuesto reduce recursos en varios proyectos ferroviarios y de infraestructura que estaban presentes en 2026, aunque incrementa otros corredores ferroviarios y proyectos relacionados con Defensa, Marina y seguridad.
4. Conclusiones
El Paquete Económico 2027 pone al descubierto los límites del modelo fiscal vigente. La presión de la deuda y el déficit hacen que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo opte por la cautela macroeconómica, lo que se refleja en proyecciones moderadas de crecimiento, tipo de cambio e inflación.
En materia de ingresos, la estrategia para 2027 considera cambios importantes en el isr de las personas morales, pues se implementará un mecanismo para limitar las deducciones, las pérdidas fiscales y la deducción de intereses, así como la eliminación del Régimen Opcional para Grupos de Sociedades, que es un mecanismo que permitía a las empresas de un mismo grupo diferir el pago de isr durante tres ejercicios fiscales. Estas medidas amplían la estrategia de recaudación basadas en la fiscalización, pero contrastan con los estímulos fiscales para la inversión en materia de repatriación de capitales y ofertas públicas iniciales en la bolsa de valores. Si estos estímulos no incorporan mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, no será posible evaluar sus resultados ni costos para las finanzas públicas.
Respecto del gasto, el Paquete Económico confirma una priorización del desarrollo social frente al desarrollo económico. Se garantiza la continuidad de las transferencias directas, donde destaca la pensión para personas adultas mayores y las becas. Los programas sociales y los proyectos de infraestructura prioritarios significarán casi el 15% de los recursos disponibles. Sobre el gasto en inversión, destacan la reducción en proyectos insignia como el Tren Maya y la ampliación del presupuesto para la Conagua, así como los proyectos ferroviarios a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Los ramos administrativos suman 2.462 billones de pesos, una reducción de 3.9% respecto al pef 2026. El ajuste más significativo se observa en la Secretaría de Energía, la cual reducirá la transferencia de capital en favor de Pemex. No obstante, esta medida contradice el compromiso presidencial de no destinar más recursos en 2027, y se suma a otros beneficios tributarios que recibirá la empresa pública. En contraste, el presupuesto destinado a la transición energética y en medidas contra el cambio climático continúan siendo poco relevantes dentro de las estrategias presupuestarias transversales.
El Paquete Económico 2027 reasigna el limitado presupuesto público en lugar de apostar por ampliar la capacidad del Estado para atender problemas estructurales y avanzar en la garantía de los derechos humanos. Se mantendrán estímulos y facilidades para los sectores de mayores ingresos sin evaluar si esto contribuirá a cerrar brechas de género o su costo para las finanzas públicas. Ante las diferentes presiones presupuestarias, la decisión de no crear nuevos impuestos aplaza una discusión pública que tarde o temprano será necesaria.
El análisis que se presenta en el apartado de clasificación administrativa considera los montos brutos.
Paquete Económico 2027: un presupuesto cauteloso frente a los problemas estructurales de México
Autorías: Fundar, Centro de Análisis e Investigación,
Iván Benumea
Paulina Castaño
Itzel Loredo
Alejandro Moreno
Verificación de datos: José Chávez
Cuidado editorial y proofreading: Claudia García y Mariana Gurrola
Portada: Stephanie Lagunas
Diseño web: Tania Jardón
Corrección de estilo: Olga Correa
Publicación: septiembre 2026
Forma de citar: Benumea I, Castaño P, et al. (2027). Paquete Económico 2027: un presupuesto cauteloso frente a los problemas estructurales de México. Ciudad de México. https://fundar.org.mx/claves-para-entender-el-paquete-economico-2027-pocos-ingresos-y-gasto-inercial-para-la-justicia-social/
