Los resultados del último Informe de Revisión de la Cuenta Pública[1] realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) apuntan en una dirección y corroboran un precepto: los pesos y contrapesos son fundamentales en una democracia, más aún cuando se utilizan y ejercen recursos públicos. Recursos que, es preciso señalar, provienen de y pertenecen a la ciudadanía.
Los principales propósitos de la fiscalización son claros: mejorar el uso de los recursos y asegurar que las metas y objetivos de la política gubernamental se cumplan. En este sentido, el papel de la auditoría externa, como autoridad independiente del Ejecutivo, es crucial para detectar, señalar y corregir las irregularidades en la acción y el quehacer público.
Para saber qué encontró el informe más reciente de la ASF y cómo gastó el gobierno nuestros impuestos durante 2010, esta edición del boletín “Pesos y Contrapesos” compila cinco artículos que analizan el informe de la ASF en los siguientes temas: 1) el Seguro Popular en los estados; 2) la compra de medicamentos para el Seguro Popular; 3) el presupuesto para salud sexual y reproductiva; 4) el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos del Instituto Nacional de Migración; y, 5) los donativos y donaciones de PEMEX. [Continuar leyendo]
Resultados negativos del Seguro Popular en los estados
La salud es un derecho fundamental reconocido en el plano nacional e internacional[1]. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, es el mandato de nuestra Constitución, y el Estado mexicano tiene la obligación de promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo.
A través del Sistema de Protección Social en Salud, conocido como Seguro Popular (SP), el Estado mexicano debe garantizar el derecho a la salud de la población que no tiene acceso a la seguridad social, conocida como población abierta. Desde la creación del SP en 2004, se ha incrementado la afiliación de esta población, lo que ha venido acompañado también de un aumento sustancial de su presupuesto.
El Ejecutivo federal espera que durante 2012 México alcance la cobertura universal de salud, cuando el Seguro Popular haya afiliado a los más de 50 millones de personas sin seguridad social. En el umbral de la “cobertura universal”, cabe preguntarse si con la afiliación al SP y el concomitante aumento del gasto se ha mejorado el acceso a los servicios de salud de la población. De igual forma, hay que evaluar si la operación del Seguro Popular ha impactado en la salud de las personas y si el incremento de gasto público se ha traducido en mejores servicios, mejor disponibilidad de infraestructura sanitaria y de medicamentos, así como mayor calidad en los servicios medico sanitarios.
[1] En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de derechos humanos firmados por México: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 12; Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, Artículo 5, fracc. IV; Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Artículo 10, inciso h), Artículo 12, Artículo 14, inciso b); Convención sobre los derechos del niño, Artículos 3, 23,24 y 25; Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, Artículo 28; Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Artículo 25. [Continuar leyendo]
Indicadores que no indican sobre derechos humanos
Hoy en día, más de la mitad de las y los mexicanos (52%) tiene un familiar que reside en Estados Unidos de América (EUA), y uno de cada diez hogares recibe remesas de sus familiares que viven en el país vecino (González et al., 2010). México, además de ser un país de origen de migrantes, es uno de retorno, tránsito y destino de cientos de miles de personas que buscan en el extranjero una mejor vida. Destaca que cada año, entre 140 mil y 400 mil personas transitan por México con el objetivo de llegar hacia EUA (Rodríguez et al., 2011). Estos cientos de miles de migrantes sufren gran cantidad de abusos y son víctimas de delitos que van desde el asalto y robo, hasta el secuestro y asesinato (Casillas, 2011). Se estima que cada año alrededor de 20 mil personas que transitan por México son secuestradas/os (CNDH, 2009; CNDH 2011). Lo anterior es un indicador de la premura para que el Estado mexicano implemente estrategias y programas que protejan a las y los migrantes, y al mismo tiempo faciliten el ejercicio de sus derechos. [Continuar leyendo]
Donativos y donaciones de PEMEX: deficiencias e irregularidades
Petróleos Mexicanos (PEMEX) es la entidad pública encargada de llevar a cabo la explotación de los hidrocarburos que se encuentran en territorio nacional. Esta explotación supone la realización de una serie de actividades que van desde la exploración para localizar la presencia de hidrocarburos en el subsuelo, hasta su transformación en petrolíferos y petroquímicos (pasando por la perforación de los pozos, la extracción del hidrocarburo, su transporte y almacenamiento). En México, estas actividades se concentran principalmente en once estados, siete de los cuales se sitúan en grados de marginación alto y muy alto[1]: Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca y Puebla. A este hecho se suma que la actividad petrolera ha venido acompañada históricamente de impactos negativos sobre el medioambiente y la población de dichos estados, lo que se ha traducido en la aparición de movimientos sociales de protesta en contra de PEMEX por parte de los afectados.[2]
Para hacer frente a esta situación y evitar que las movilizaciones y protestas supongan paros a su actividad, PEMEX entrega cada año donaciones (combustibles, asfalto y bienes muebles e inmuebles en desuso) y donativos (dinero) con el objetivo de promover el desarrollo social, económico y ambiental de los municipios y comunidades en los que opera. Estos recursos y bienes son entregados principalmente a los gobiernos estatales y municipales y, en menor medida, a algunas organizaciones de la sociedad civil (OSC).[3] En concreto, el 90% de los recursos deben ser destinados a las áreas prioritarias para la operación de PEMEX, mientras que el 10% restante puede ser destinado a otras áreas no prioritarias y a las OSC. [Continuar leyendo]
Presupuesto para Salud Sexual y Reproductiva, el camino difícil
La puesta en marcha del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), con la modificación en el año 2003 de la Ley General de Salud, representó un sustantivo debilitamiento presupuestario de los programas dirigidos a la salud sexual y reproductiva y, al mismo tiempo, un debilitamiento de la rectoría de la Secretaría de Salud (SSA).
Para contrarrestar tal situación, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de Salud creó en 2007 un documento que se firma anualmente por la Secretaría de Salud federal y sus contrapartes estatales: el Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública (AFASPE).
El AFASPE ha cobrado gran relevancia. Tanto así que actualmente la Secretaría de Salud lo presenta como la plataforma más importante para etiquetar presupuesto a los programas de salud
Dada su importancia, este acuerdo ha sido fiscalizado por la Auditoria Superior de la Federación, cuyo más reciente informe, correspondiente al año 2010, resalta una importante y sistemática falta de comprobación del presupuesto asignado por las entidades federativas. [Continuar leyendo]
