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Plan de austeridad pone en riesgo rendición de cuentas

  • La eliminación de la SFP agravaría los problemas de nuestro sistema de rendición de cuentas y no constituye un ahorro

Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C.
10 de septiembre de 2009

El pasado 8 de septiembre, el Presidente de la República anunció las propuestas que presentará a la Cámara de Diputados como parte de las medidas con las que se pretende hacer frente a la crisis económica actual. Además del contenido del paquete económico y la generación de nuevas cargas tributarias a los consumidores, destaca de entre los puntos propuestos por el Ejecutivo, el cierre de tres secretarías de Estado: la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de la Reforma Agraria y la Secretaría de Turismo.

La pretendida fundamentación detrás de esta decisión es que con estos cierres se lograrán ahorros que permitirán reorientar el gasto hacia sectores con mayores necesidades o a los que se debe dar una priorización presupuestaria. No obstante, una decisión de gobierno de esta envergadura requiere de reflexiones, valoraciones y análisis más complejos que la simple idea del ahorro en el gasto público.

En el caso concreto de la Secretaría de la Función Pública, por principio de cuentas es pertinente reconocer el déficit que presenta en su desempeño para cumplir con la misión de consolidar un gobierno honesto, eficiente y transparente. A pesar de ello, su diseño institucional significa un aporte a la frágil y débil estructura de rendición de cuentas en nuestro país. En México, las consecuencias de un deficiente esquema de pesos (controles) y contrapesos se ven agravadas por la escasa participación del Congreso en las tareas de fiscalización y control del Ejecutivo, lo acotado del mandato de la Auditoria Superior de la Federación (que por su naturaleza revisa sólo una parte de la administración pública y sus informes son emitidos un año y dos meses después de ejercido el gasto público), por lo opaco de la información presupuestaria así como la tendencia a generar instrumentos que presentan cada vez menos información para el seguimiento al gasto público, entre otros problemas.

Sin embargo, y aunque de manera accidentada, la SFP llena un espacio necesario en las funciones de control y fiscalización. Su mandato, no necesariamente bien logrado, es propiciar la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Dentro de sus atribuciones vigila e inspecciona el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los Presupuestos de Egresos. También se ocupa de la vigilancia de la satisfacción de aspectos formales en los procesos de registro y contabilidad, empleo y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y ejecución de obra pública. Y tiene la encomienda particular de investigar y sanciona las conductas de los servidores públicos con el fin de salvaguardar la legalidad y el patrimonio de la Administración Pública Federal.

Dada la importancia y la necesidad de una instancia como la Función Pública, es inexplicable que la prioridad de la Presidencia de la República no sea fortalecerla sino eliminarla. El mensaje político es contradictorio, por decir lo menos. La intención de desaparecerla y transferir algunas de sus responsabilidades y competencias a otras dependencias, diluye aún más la ya debilitada estructura de responsabilidades en el país, mina la credibilidad, la confianza social y desaparece los pocos esfuerzos y políticas públicas dedicadas a combatir la corrupción y fortalecer la transparencia y la ética en la gestión pública.

La inconsistencia se hace evidente si consideramos que la SFP, a través del Programa de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, tiene como tarea dar seguimiento a las obligaciones derivadas de las Convenciones Internacionales Anticorrupción, de la OEA, OCDE y ONU que México ha firmado y ratificado. El gobierno suele fundamentar el cumplimiento de algunas de sus responsabilidades con acciones y temas como el desarrollo de sistemas de atención a quejas, denuncias e inconformidades. Ejemplo de lo anterior son la Ley del Servicio Profesional de Carrera, “Declaranet” (programa en línea para dar seguimiento al patrimonio de funcionarios públicos) y el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012, todos a cargo de la SFP.

La decisión resulta aún más cuestionable, cuando profundizamos sobre el argumento del ahorro en el gasto público. Para 2009, el presupuesto total neto original asignado a la Secretaría de la Función Pública fue de $1,568,056 (mil quinientos sesenta y ocho millones de pesos), lo que convierte a esta secretaría en la que menos presupuesto recibió. En contraste, la Oficina de la Presidencia, sin ser una secretaría de Estado, recibió como presupuesto original $1,798,061 (mil setecientos noventa y ocho millones de pesos). La asignación original de 230 millones de pesos más que a la SFP refleja sencillamente que el Gobierno Federal prioriza el mantenimiento de un aparato burocrático al servicio de la Presidencia, sobre el funcionamiento de una instancia de control. De hecho, la propuesta de que las funciones de la Secretaría de la Función Pública sean trasladadas a la Oficina de la Presidencia confirma el avance en el desmantelamiento de las instancias independientes de control y la concentración de funciones de carácter hiperpresidencialista.

Pero la piedra de toque sobre el cuestionamiento a la débil racionalidad y razonabilidad de la decisión sobre la SFP radica en que incluso reconociéndolos como pobres, sus resultados significan un beneficio mayor para el erario que el supuesto ahorro que su cierre significaría. De acuerdo a datos oficiales, en el marco del cumplimiento de los Programas Anuales de Auditoría y Control, tan sólo del 1o. de enero de 2007 al 30 de junio de 2009, las recuperaciones y ahorros de recursos derivados de auditorías así como de las recomendaciones generadas ascendieron a un total de $5,295.4 millones de pesos. Debe subrayarse que de este monto, $875 millones corresponden al periodo enero-junio de 2009. Es decir, los ahorros y recuperaciones logrados por la SFP en el primer semestre del año son superiores al 50% del pretendido ahorro.

En el caso de los reintegros a la Tesorería de la Federación, nuevamente de acuerdo a información oficial, de acciones derivadas de la Secretaría de la Función Pública las entidades federativas acumularon $701 millones de pesosde enero de 2007 a julio de 2009. De los cuales, $164.1 millones corresponden al periodo de enero a julio de 2009. Estos reintegros derivan de las auditorías a los programas federales ejecutados en las entidades federativas, municipios, Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales.

En el entendido de que lo que se requiere es mejorar el desempeño y los resultados de los mecanismos de control, no es comprensible que se pretenda eliminar una burocracia especializada como la de la Secretaría de la Función Pública. De la misma forma, es inexplicable remitir sus funciones, que reclaman particularidades técnicas, jurídicas y de recursos humanos y profesionales muy específicas, a una oficina que depende directamente del Presidente de la República y que carece de cualquier autonomía, ya de gestión, operativa o presupuestaria.

La solución a la grave crisis financiera no está en medidas de alto impacto mediático pero de bajo resultado para el ahorro en términos reales, como lo es el cierre de una secretaría. Otros problemas de mayor calado, como la insostenible asimetría en los ingresos de nuestros servidores públicos frente a la ciudadanía, deben ser atendidos con inmediatez. Por ejemplo, sólo en el Poder Judicial, entre ministros, magistrados, consejeros de la judicatura y magistrados de circuito, esto es, menos de 700 personas, concentran $1,709,156 (mil setecientos nueve millones) por concepto de sueldos. Es decir $141 millones más que lo que recibió como asignación presupuestaria original la Función Pública.

En tiempos que requieren austeridad y mejor control del gasto público, consideramos que deben mejorarse los mecanismos de sanción y establecer una mejor coordinación entre los órganos y autoridades con responsabilidades de fiscalización. En sentido contrario a su eliminación, es indispensable garantizar la independencia, capacidad de gestión y autonomía de la SFP. Nos enfrentamos a la necesidad de una reforma legal amplia que permita mejorar integralmente el procedimiento de responsabilidades administrativas (denuncias, investigación, sanción, ejecución y registro), además de desarrollar mecanismos de protección a testigos y denunciantes que incentiven la denuncia y la confianza de los ciudadanos.

Por ello vale la pena insistir: lo que requerimos es mejorar el sistema de control, no eliminarlo.
Sin un ahorro real en la eliminación de la Secretaría de la Función Pública, esta propuesta se acerca más a la demagogia de la austeridad y a la ampliación de la discrecionalidad excesiva en el servicio público que al beneficio de las finanzas públicas. Esto sin considerar el alto impacto negativo que puede tener la desaparición de un órgano de gobierno como la SFP para nuestro sistema de rendición de cuentas.