En 2024, la Federación y las entidades federativas sólo invirtieron el 0.036 % del gasto público para la atención de las crisis de desaparición y forense en nuestro país. Este es uno de los hallazgos principales del Informe En búsqueda de presupuesto 2024: inversión en identificación y búsqueda de personas desaparecidas, publicado entre Fundar, Elementa DDHH y Política Colectiva.
La atención de las más de 120 mil personas desaparecidas y los más de 79 mil cuerpos sin identificar [1] requiere de una política pública coherente, coordinada tanto política, como territorialmente, y, por supuesto, con recursos suficientes para operar. Sin embargo, la evaluación de si esto es así tiene retos técnicos y políticos relevantes. Desde Fundar hemos hecho un seguimiento en materia de presupuesto desde el 2019, con dos análisis específicos sobre el presupuesto forense, a nivel federal y en entidades federativas, en 2022 y 2025. En Elementa DDHH y Política Colectiva han dado seguimiento al gasto de los estados en materia de búsqueda de personas desaparecidas desde 2022, revelando la gran insuficiencia en la inversión estatal para encontrar a todas las personas que nos faltan. Este primer reporte es parte de un esfuerzo conjunto para dar cuenta del destino y uso de los recursos para la atención de las crisis de desaparición y forense en nuestro país.
El análisis hecho desde las organizaciones mediante la revisión de Cuentas Públicas Estatales, Anexos Técnicos de Proyectos de Comisiones Locales de Búsqueda, Convenios del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, así como un número considerable de solicitudes de acceso a la información, nos muestran cuatro resultados principales:
- El gasto público en materia de búsqueda e identificación de personas, así como de investigación de las desapariciones es marginal e inercial, lo que confirma que las crisis mencionadas son sólo administradas desde la política pública federal y estatal.
- Existen grandes disparidades entre la magnitud de las desapariciones y cuerpos sin identificar respecto de los recursos asignados en las entidades federativas, lo que revela que no hay una coordinación política entre Federación y estados.
- En materia de crisis forense, el contraste entre la inversión federal y estatal muestra que hay un modelo altamente centralizado en las instituciones federales, en un problema público donde las mayores necesidades en términos de infraestructura, personal e insumos están a nivel local.
- Las Comisiones Locales de Búsqueda –principal apuesta institucional de la política para la atención de las desapariciones– cuentan con esquemas precarios y poco dignos para el personal que es responsable de dar respuesta a todas las familias que buscan a sus seres queridos.
Ante esta realidad, es necesario que haya un viraje en materia política y presupuestaria a fin de generar esquemas que no administren las crisis. Este viraje requiere de una rectoría política desde la Federación en coordinación con las entidades, una dotación presupuestaria proporcional a las necesidades y contextos locales de la desaparición y una construcción de mecanismos coordinados y transparentes de política pública que contemple las tres dimensiones de la gestión institucional para la atención de las crisis de desaparición y forense: la búsqueda de personas, la identificación forense y la investigación de las desapariciones. Como concluye nuestro análisis: sin recursos suficientes, no hay justicia ni verdad posibles para todas las personas que nos faltan.
El Informe En búsqueda de presupuesto 2024: inversión en identificación y búsqueda de personas desaparecidas, está disponible en los sitios web de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Elementa DDHH y Política Colectiva.
