Hace unas semanas, la Presidenta Sheinbaum revivió el debate sobre la presunta necesidad de realizar fracking para la extracción de gas fósil para garantizar la soberanía energética. Más de tres décadas de evidencia muestran el profundo daño ambiental y a la salud de las personas y comunidades que el fracking ocasiona e, incluso, 15 países en el mundo ya lo han prohibido.
México tampoco debe seguir apostando por los combustibles fósiles por la emergencia climática global. La extracción y utilización de éstos es precisamente una de las principales causas de dicha crisis climática, que muestra ya sus impactos (sequías, inundaciones, aumento acelerado de la temperatura, entre otras). En el contexto de esta crisis, México debe apostar por una transición energética justa, tal como se establece en la Ley de Planeación y Transición Energética. Lo anterior implica que nuestro país dejé progresivamente atrás los combustibles fósiles y transite a generar energía aprovechando fuentes como la luz solar, el viento, los ríos, los mares, etc. También implica que dicha transición se haga de la mano de las comunidades y personas que habitan los territorios y con transparencia y rendición de cuentas. Esto último permitirá constatar que los recursos públicos que se están destinando a distintos proyectos de generación de energía con fuentes renovables están utilizando los recursos adecuadamente y responden a las distintas necesidades energéticas de las personas, comunidades y regiones.
El gobierno federal ya cuenta con diversos mecanismos financieros para promover la transición energética justa. Recientemente, en Fundar, nos dimos a la tarea de analizar la transparencia y rendición de cuentas de uno de ellos, el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE), el cual es un instrumento financiero o fideicomiso público a cargo de la Secretaría de Energía y cuenta con un Comité Técnico conformado por más 9 instituciones públicas, que son quienes colegiadamente toman decisiones sobre este Fondo.
El FOTEASE financia primordialmente proyectos presentados por entidades públicas (municipios, centros de salud, universidades, etc.) en materia de transición energética y que busquen promover la eficiencia energética, el aprovechamiento de las energías renovables, las tecnologías limpias, la generación limpia distribuida o el combate a la pobreza energética. En el periodo 2009-2024, este fideicomiso reporta haber financiado 104 proyectos. Y en términos de recursos, entre 2019-2024, el Fondo gastó más de 4,904 millones de pesos.
¿Qué encontramos al analizar la transparencia y rendición de cuentas del FOTEASE?
Decidimos evaluar la información que este Fondo publica sobre su funcionamiento, normatividad, uso de recursos, toma de decisiones, impacto, mecanismos de participación ciudadana, etc. Todos, elementos esenciales para poder determinar si este fideicomiso está contribuyendo a avanzar hacia una transición energética justa.
Encontramos que, al ser un fideicomiso público y en cumplimiento de diversas leyes, el FOTEASE pone a disposición de la ciudadanía información básica sobre su normativa, funcionamiento, fines, proyectos financiados, auditorías internas. Sin embargo, también identificamos que requiere publicar más información y con mayor grado de desagregación sobre su toma de decisiones, indicadores de impacto, rendición de cuentas, y mecanismos de fiscalización para que realmente puedan valorarse sus alcances y su contribución específica a la estrategia de transición energética nacional. Por ejemplo, encontramos que, si bien las Reglas de Operación definen los criterios que deben cumplir los proyectos y existen unos lineamientos, no se publican convocatorias públicas para acceder al financiamiento del Fondo, lo cual nos parece un elemento básico de transparencia.
También encontramos que el FOTEASE necesita una mayor apertura de información en formatos abiertos, que incluya un padrón de proyectos financiados históricamente, de entes proveedores de bienes y servicios, así como estados de cuenta desagregados de todas sus fuentes de ingreso, egresos y rendimientos.
Finalmente, hallamos que el FOTEASE carece de mecanismos de participación ciudadana, la cual, además de ser un derecho, es fundamental para garantizar que los proyectos en materia de transición energética que se están financiando respondan a las necesidades de las personas, comunidades y territorios.
Es imprescindible que el gobierno deje de apostar por técnicas como el fracking por sus altos costos sociales y por la emergencia climática global. Su enfoque debería estar en fortalecer los mecanismos financieros con los que cuenta para promover una transición energética justa, como el FOTEASE, desde criterios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
