La democracia mexicana se sostiene en un pilar fundamental: el Poder Ejecutivo y Legislativo son elegidos por la ciudadanía, cada tres o seis años, para que gobiernen y/o aprueben leyes a favor del bien común o de la mayoría. Dado que su mandato deriva de la ciudadanía, las personas gobernantes están obligadas a justificar y transparentar los criterios bajo los cuales toman ciertas decisiones públicas y cómo éstas benefician a la sociedad en su conjunto.
En México, lamentablemente, la confianza en el Poder Legislativo es muy baja. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2023, el nivel de confianza en la Cámara de Diputados y Senadores es de apenas 34.5 por ciento, la penúltima más baja entre todas las instituciones públicas. Esto se traduce en que, apenas tres de cada 10 personas, confían en que nuestros representantes populares trabajan y toman decisiones para nuestro beneficio. Como ejemplo, en la misma encuesta, el Ejército y la Marina alcanzaron un nivel de confianza de 71.5 por ciento.
En este contexto de baja confianza ciudadana en el Poder Legislativo, se vuelve muy relevante tener regulaciones eficaces sobre conflicto de interés y cabildeo, al ser fenómenos que favorecen que el interés privado se sobreponga al público al momento de tomar decisiones. Por un lado, el conflicto de interés, según la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos, en razón de intereses personales, familiares o de negocios. Por ejemplo, una persona legisladora incurriría en conflicto de interés si votara una ley o decisión en alguna materia sobre la que él o ella, o algún familiar cercano tenga una empresa o negocio.
Por su parte, el cabildeo es la práctica mediante la cual grupos económicos buscan influir en las decisiones públicas para que éstas beneficien sus intereses privados. Un ejemplo es cuando la industria de alimentos ultraprocesados busca que las leyes la favorezcan directamente, lo que puede contraponerse al interés de garantizar el derecho a la alimentación y la salud de la población. De ahí, la necesidad de regular el cabildeo para garantizar que todas las personas y grupos, y no sólo aquellos con un gran poder económico, tengan la misma oportunidad de participar en el proceso legislativo. Una regulación efectiva también contribuye a que las decisiones tomadas sean transparentes respecto a la evidencia, estudios y objetivos que las respaldan.
Según la OCDE, aún hay brechas importantes en los países, incluido México, en términos de regulación del cabildeo y la implementación de las leyes sobre conflictos de interés. Por su parte, en 2023, el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, que mide la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana de los poderes legislativos en varios países de la región, identificó que el Congreso mexicano no contaba con normativa específica que regulara el cabildeo, por lo que las personas legisladoras no tenían la obligación de reportar las actividades, encuentros, dádivas y similares entre cabilderos y los y las congresistas o su staff.
A la luz de lo anterior, es positivo que un grupo de personas legisladoras, entre ellas Joaquín Zebadúa, Alfonso Ramírez Cuéllar, Claudia Rivera, José Fernández y Tatiana Ángeles, junto con organizaciones como El Poder del Consumidor y Fundar, anunciaran recientemente la presentación de una iniciativa para fortalecer la regulación del conflicto de interés y el cabildeo en el Poder Legislativo.
Esta iniciativa viene en un momento crítico, en el que las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción se están revisando por el legislativo y ejecutivo y en que México se encuentra negociando el T-MEC, donde el capítulo 27 aborda temas anticorrupción y de integridad.
La iniciativa plantea reformar varios artículos de la Ley Orgánica del Congreso con cuatro objetivos:
- Generar mecanismos claros y obligatorios para regular el conflicto de interés. Para ello, las personas legisladoras deberán reportar obligatoriamente en sus declaraciones potenciales conflictos de interés y abstenerse de presentar o votar asuntos en los cuales tengan un potencial conflicto. También permite que otras personas legisladoras o la ciudadanía presente escritos con argumentos sobre por qué cierta legisladora o legislador deba abstenerse de participar en un proceso por tener un potencial conflicto.
- Regular el cabildeo aumentando la transparencia y la rendición de cuentas de todo el proceso legislativo, posibilitando con ello que todos los grupos y la ciudadanía puedan participar en este en igualdad de condiciones.
- Establecer sanciones efectivas para quienes no cumplan estas disposiciones.
- Promover que las decisiones legislativas se tomen mayoritariamente con base en el interés público y en la evidencia científica disponible, así como dentro de los marcos de los derechos humanos y los tratados internacionales.
Desde Fundar y la sociedad civil estaremos empujando que dicha iniciativa sea discutida amplia y públicamente y aprobada por todas las fuerzas políticas, pues el fortalecimiento del marco legal del Poder Legislativo es un paso para prevenir y atender la corrupción y garantizar la rendición de cuentas, la transparencia y los derechos humanos.
