En 2025, nuestro país destinó 881 mil millones de pesos (mdp) al sistema de salud público. Aunque este monto pudiera parecer muy alto, hay tres aspectos que preocupan de él. En primer lugar, éste es 12% menor al asignado en 2024, que fue de un billón de pesos, así que este año el sistema de salud opera con 122 millones de pesos menos. De hecho, entre 2019 y 2024, el gasto en salud pública había tenido incrementos, sin embargo, en 2025 se presentó este recorte. En segundo lugar, este monto representa 2.5% del PIB, una cifra muy baja, considerando que la OMS recomienda a los países destinar al menos el 6% de PIB a la salud pública. En tercer lugar, estos recursos son insuficientes a la luz de que una gran parte de la población aún no tiene acceso a servicios de salud pública. Sobre este último punto, la recién publicada Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 (ENIGH) proporciona datos útiles para entender los desafíos que enfrenta la garantía del derecho a la salud en México.
Según la ENIGH, en 2024, 63% de la población mexicana, equivalente a 82 millones de personas, declaró tener acceso a servicios de salud pública, es decir, sí contaba con un sistema de salud que le brindaba atención. Sin embargo, de forma preocupante, 37% de la población, equivalente a 48 millones de personas, declaró no contar con acceso a servicios de salud pública. (ENIGH 2024). Los datos también revelan que las personas con menores ingresos en el país y que están en mayor situación de pobreza y marginación, tienen menor acceso servicios de salud. Como muestra la gráfica, 58% y 53% de los hogares en los deciles I y II, que son quienes tienen menores ingresos, carecen de este acceso, mientras que, en los hogares en el decil IX y X con los mayores ingresos, sólo 24% y 19% carecen de acceso.
En cuanto al acceso a servicios de salud pública por entidad federativa, la encuesta también muestra disparidades importantes. Mientras que entidades como Nuevo León (82%), Coahuila (78%) y Baja California Sur (77%) tienen un porcentaje de acceso cercano a 80%, en Chiapas sólo 34% de la población tiene acceso a servicios de salud pública (ENIGH, 2024). Este porcentaje tan bajo es preocupante, ya que Chiapas es un estado con 67% de población en situación de pobreza y con 37% de población indígena (CONEVAL, 2022 e INEGI 2020).
La ENIGH también muestra un crecimiento del gasto de bolsillo, definido como el monto que las familias destinan de sus ingresos a cubrir necesidades de salud, que el sistema público no pueda satisfacer. Mientras que, en 2018, el gasto de bolsillo anual por hogar fue de $4,584 pesos, en 2024 este había aumentado a $6,420 pesos anuales, un crecimiento real de 40% (ENIGH, 2024). Al analizar el gasto de bolsillo, podemos observar también que, entre 2022 y 2024, aumentó el porcentaje de gasto en medicamentos para todos los deciles; sin embargo, el crecimiento fue mayor –cercano al 30%– para los deciles I, II, III y IV. Así, las personas con ingresos más bajos del país gastan cerca del 50% de sus gastos en salud en adquirir medicamentos, que no reciben de las instituciones de salud pública.
En este contexto, en que una gran parte de la población, sobre todo aquella en mayor situación de pobreza y marginación, carece de acceso a servicios de salud es importante que el Estado mexicano garantice este derecho fundamental, tal como lo establece el artículo cuarto constitucional. Para ello, una acción prioritaria es destinar mayores recursos a la salud pública para que progresivamente podamos alcanzar el 6% del PIB recomendado internacionalmente y pueda fortalecerse al sistema de salud en su conjunto. También es importante que haya transparencia y rendición de cuentas sobre el destino de estos recursos para saber cómo están ayudando a disminuir las brechas de desigualdad entre regiones y entre grupos poblacionales. Por ello, llamamos a la Cámara de Diputados, que ha recibido el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y se encuentra analizándolo, a aprobar mayores recursos para el sistema de salud.
