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¿Por qué los diputados no aprueban la Ley de Transparencia?

Lo hemos repetido hasta el cansancio: es fundamental que se reforme la Ley de Transparencia. Lograr estas modificaciones fortalecería el diseño institucional, se flexibilizarían los requisitos de acceso a la información y se limitarían las restricciones al Derecho de Acceso a la Información. Mantener este rezago jurídico no sólo perpetuaría el incumplimiento a la Constitución, sino que limitaría la posibilidad de que los ciudadanos conozcamos información relevante sobre lo que hacen las autoridades y abona a que el ejercicio del gobierno en nuestro país siga funcionando bajo la lógica de la opacidad.

En agosto del año pasado, Fundar y otras organizaciones organizamos en la UNAM un seminario titulado “El derecho de acceso a la información en México: riesgos y oportunidades”. De ahí surgió un pronunciamiento suscrito por más de un centenar de organizaciones civiles de todo el país en el que solicitábamos a las comisiones de Gobernación, Justicia y Función Pública de la Cámara de Diputados la celebración de una audiencia ciudadana para discutir la Minuta enviada por el Senado para reformar la Ley de Transparencia.

Como no obtuvimos respuesta, hicimos llegar un documento de análisis al Dip. Javier Corral Jurado, en su calidad de presidente de la Comisión de Gobernación con el fin de contribuir al proceso legislativo. En dicho documento, advertimos los aciertos de la Minuta y también puntualizamos los retrocesos y la insuficiencia de la misma para atender muchos de los temas torales de la agenda. Afortunadamente, en este espacio logramos incidir y el dictamen propuesto por el Dip. Corral al pleno de la Comisión de Gobernación eliminaba regresiones importantes que advertimos en nuestro análisis.

El dictamen de la Comisión de Gobernación se aprobó en lo general el 1° de marzo del presente año. Sin embargo, dos diputados de la bancada panista, Gregorio Hurtado Leija y Gastón Luken Garza, solicitaron reservar cuatro artículos fundamentales de la reforma (18 Bis, 59, 46 y 55 Bis). En la misma lógica, el diputado priista Arturo Zamora Jiménez presentó una modificación que consistía en imponerle un tribunal al IFAI para que las dependencias puedan impugnar sus resoluciones y de esta manera eludir su obligación de entregar información de interés público. Después de la presión de diversas organizaciones, los diputados reconsideraron sus posturas y retiraron sus reservas un mes después.

Vale la pena mencionar que la resistencia para avanzar en una efectiva protección del derecho a la información no sólo está en el poder legislativo. La oposición más férrea la observamos en algunos sectores del gobierno; particularmente en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y en el Servicio de Administración Tributaria, quienes han estado cabildeando de manera permanente en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados para tratar de frenar la reforma.

A lo largo de este proceso y toda vez que nuestros intentos de entablar un diálogo constructivo con nuestros representantes a través de documentos de análisis, cartas y reuniones no dieron buenos resultados, decidimos exponer nuestros argumentos y razones en distintos medios de comunicación. Echamos mano de las nuevas tecnologías de la información e inspirados en una iniciativa elaborada por Acces Info Europe, elaboramos una estrategia de presión vía twitter con la etiqueta “No queremos la #iniciativaalacongeladora”.

Hace tres semanas, después de un arduo año de proceso legislativo en el que se lograron consensos importantes entre las distintas fuerzas políticas para aprobar la reforma, el dictamen por fin llegó a las comisiones de Justicia y de Función Pública. Sin embargo, los presidentes de dichas comisiones, el Dip. Pablo Escudero Morales del Partido Verde y el Dip. Humberto Benítez Treviño del PRI, han optado por dejar que pasen los días y con ellos, el fin del periodo ordinario de sesiones. Es más, ni siquiera han enlistado la discusión del dictamen en el orden del día de las sesiones de sus respectivas comisiones.

En este contexto tan adverso para la evolución del derecho a la información y la transparencia, y ante la impotencia que sentimos frente a un sistema político que no permite espacios para participar (además de legisladores que responden a intereses personales y partidistas), decidimos colocar varios espectaculares en distintos puntos de la Ciudad de México, para decirlo más fuerte y escribirlo más grande: ¡Urge que se apruebe la reforma a la Ley de Transparencia! No queremos la #iniciativaalacongeladora.

Desafortunadamente, el periodo ordinario de sesiones está a tres días de concluir y con él se irá también la posibilidad de aprobar ésta y otras importantes reformas para el país. ¿Nuestra lección aprendida? Que nuestra clase política no está interesada en avanzar hacia un país más democrático en donde la ciudadanía tenga información oportuna y de calidad para participar mejor en los asuntos públicos. Lo que tenemos es una clase política que quiere seguir funcionando en la lógica de la opacidad y por lo tanto, no está a la altura de la ciudadanía. Es lamentable que sólo piensen en los procesos electorales y no entiendan que los votos se ganan al hacer bien su trabajo y no a través de discursos vacíos y spots publicitarios. Y si no es el caso, ¿por qué entonces los diputados no quieren aprobar la Ley de Transparencia?

* Haydee Pérez