Hace poco más de dos meses que el presidente Enrique Peña Nieto presentó su propuesta de reforma energética y desde entonces, las discusiones en torno a este tema han aumentado. Lo anterior muestra por un lado su complejidad y por otro lado, la inminente necesidad de que los legisladores y las legisladoras argumenten sus decisiones para aprobar, o no, un tema que impacta directamente en el futuro energético del país y el desarrollo del mismo. Las organizaciones que conformamos el Grupo de Financiamiento para Cambio Climático México hemos analizado detenidamente dicha propuesta y consideramos que ésta no hace frente a los impactos del cambio climático y no garantiza una verdadera transición energética. Para que la reforma energética siente las bases para avanzar hacia un modelo energético sustentable es necesario, entre otras cosas, que incluya lo siguiente:
• Que provea una ruta para el cumplimiento con la legislación en materia de cambio climático y con énfasis en energía renovable. Las propuestas de la reforma se enfocan en la explotación de recursos no renovables, lo que implica el uso de recursos públicos en proyectos que emitirán más gases de efecto invernadero (GEI). En México el 67.3% de estos gases provienen del sector energético, por lo que es indispensable diversificar la matriz energética. En este sentido, la reforma energética debe garantizar la inversión pública en proyectos de energía renovable y asegurar que el desarrollo de estos proyectos no suponga violaciones a los derechos humanos, en particular, a los derechos de los pueblos indígenas.
• Que evite impulsar el uso de hidrocarburos no convencionales. Una de las principales propuestas de la reforma es el impulso la explotación de hidrocarburos no convencionales como son aguas profundas y el gas de lutitas, los cuales suponen importantes riesgos e impactos sociales y ambientales, así como costos elevados. Se deben realizar estudios que tomen en cuenta los costos económicos, las tasas de recuperación de la inversión y las externalidades socio-ambientales.
• Que establezca soluciones para el transporte. Este sector ha crecido y su matriz energética se basa exclusivamente en el consumo de fuentes no renovables, lo que se refleja en una alta demanda de gasolina y diesel, generando tráfico vehicular, altas emisiones de GEI y daños a la salud. La reforma energética debe poseer un enfoque transversal con políticas de usos de suelo, transporte público y no motorizado, eficiencia energética e ingresos.
• Rinda cuentas. El gobierno a través de su propuesta debe rendir cuentas sobre los resultados que han tenido el nuevo régimen de contratación y el nuevo tipo de contratos en la mejora de los procesos de contratación de PEMEX y en la explotación de hidrocarburos, ya que la reforma propuesta impulsa una mayor participación de la iniciativa privada en el sector petrolero.
• Que informe y muestre datos que sustenten la propuesta y genere un diálogo incluyente. Hace falta un diagnóstico profundo que muestre la situación actual del sector energético desde una perspectiva integral, el cual debe ser elaborado de manera participativa por diferentes actores tanto del gobierno como de la sociedad civil y la academia. Esto permitirá un diálogo informado entre el gobierno y la sociedad civil en este tema central para el país.
Pero ante todo, es necesario que cualquier reforma contemple cambios que permitan la sostenibilidad fiscal y energética del país a largo plazo; sin menoscabar la sustentabilidad ambiental, bajo un marco de derechos humanos y con perspectiva de equidad de género. Esto implica fortalecer aquellos sectores estratégicos, públicos y privados para que bajo un mejorado marco de la Ley contribuya a detonar el crecimiento bajo carbono y sustentable del país en la generación de energía renovable.
*Leer la postura completa del Grupo de Financiamiento para Cambio Climático México aquí.
Mariana González
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