El pasado 5 de febrero, en el marco del aniversario de la promulgación de nuestra Constitución Política, la Presidenta de la República anunció el envío de una iniciativa contra el nepotismo. Es decir, contra los abusos y malas prácticas de quienes ostentan alguna responsabilidad pública y la utilizan para favorecer a familiares con algún “cargo”, muchas veces sin que éstos o éstas cuenten con las credenciales y aptitudes que se requieren para la encomienda.
A lo largo de nuestra historia, el compadrazgo, el cacicazgo y el cuatísimo han sido una regla. Los usos y costumbres en la política confirman la tradición de ver a lo público como propiedad de unas cuantas personas que ha permitido repartirse los cargos a diestra y siniestra, sin pudor y sin consecuencia alguna. La realidad parece mandar el mensaje de que, a veces, es más efectivo tener buenas relaciones o pertenecer a determinada familia que construir un currículum sólido para acceder a altas responsabilidades públicas.
Por eso, la consigna “sin cuotas ni cuates” no sólo es un acertado hashtag, sino que engloba una demanda ciudadana que busca transformar dichas prácticas que han privilegiado la lealtad y la cercanía sobre la independencia, la experiencia y la idoneidad de los perfiles que asumen altas responsabilidades públicas.
En este sentido, la reforma anunciada adquiere la mayor relevancia. En primer lugar, porque implica el reconocimiento de un problema que inhibe la profesionalización del servicio público y afecta los resultados que deben dar las instituciones. En segundo lugar, porque el nepotismo constituye una forma clara de corrupción y abuso de poder. La iniciativa (aún no publicada al cierre de esta columna) lo define como “una práctica por la que una persona aprovecha su cargo para otorgar empleos o favores a familiares y amigos, sin considerar su idoneidad, sino que se limita a una cuestión emocional o una lealtad personal”. En tercer orden, porque profundiza la desconfianza en las instituciones y, por lo tanto, cuestiona la legitimidad de quienes asumen altas responsabilidades públicas.
Lamentablemente, todo parece indicar que sólo se enfocará al ámbito electoral y a los cargos a los que se accede por esa vía, exceptuando las responsabilidades judiciales que ahora se votarán. Si bien lo electoral es un ámbito en el que debe erradicarse esta mala práctica, también lo son todas aquellas responsabilidades que abarcan los poderes ejecutivos y del sistema de impartición de justicia.
Para confirmar la vigencia de estas malas prácticas, basta traer a la memoria algunas de las designaciones recientes en la Fiscalía General de la Ciudad de México o en la Suprema Corte, donde el apellido y las relaciones familiares han generado profundas dudas sobre las verdaderas razones para que ciertos perfiles asuman determinadas responsabilidades públicas. Sin que sea la primera vez que pasa: ¿Será que esta reforma evitará que los apellidos de la cúpula de la 4T –y otras fuerzas políticas– sigan repartiéndose y disputándose posiciones? Francamente, nosotras lo dudamos.
Esperamos que en ambas cámaras del Congreso de la Unión se dé una discusión abierta, plural y a fondo de este problema que ha corrompido la política por décadas y se construya una reforma integral que abarque no sólo los cargos por elección popular sino todas las altas responsabilidades públicas. El pueblo de México merece no sólo la eliminación de esta mala práctica, sino que es nuestro derecho que quienes asuman altas responsabilidades públicas lo hagan a partir de sus méritos y no de su apellido. Al final, lo público no es herencia, es de todas y de todos.
