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Por una reforma integral a la Ley de Transparencia

El fortalecimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información es fundamental en un contexto en el que cada vez más se utilizan los vacíos legales para evitar la publicidad de información de interés público, debilitar al IFAI y conservar los espacios de opacidad en algunos ámbitos de acción del Estado. En este escenario, la tarea a la que está llamada la Cámara de Diputados como instancia revisora de la reforma aprobada por el Senado es delicada y de la mayor trascendencia.

En Article 19 y Fundar advertimos que los cinco puntos más importantes, que consideramos deben ser atendidos por esta Cámara son los siguientes:

1. Incluir una concepción adecuada sobre el significado de “información pública” en la que se explique que la información pública no es un conjunto de documentos que se encuentran en los archiveros de la administración, sino que es una justificación de la conducta institucional, un aparato reflexivo de la organización y elemento indispensable para gobernar. De esta manera, el Estado en lo general y el IFAI en particular, tendrán un campo de facultades más amplio, basado en criterios y principios, en lugar de listas de documentos oficiales y de instancias obligadas a entregar información.

2. Omitir la facultad que se le otorga a las autoridades de desechar las solicitudes de información cuando su respuesta implique una excesiva carga de trabajo puesto que es contrario a la Constitución, que establece que la información sólo podrá restringirse si es reservada o confidencial. Por otra parte, omitir la facultad que se le otorga al IFAI de desechar los recursos de revisión ofensivos o frívolos pues en una ley que protege un derecho ciudadano, pretender castigar “el abuso del derecho” puede traducirse en la práctica, y por lo tanto, en hacer pagar a justos por pecadores.

3. Omitir la posibilidad de establecer acuerdos de conciliación entre la autoridad y la persona que interpone un recurso de revisión, toda vez que el derecho de acceso a la información no es negociable y que la conciliación significaría una negociación entre desiguales, es decir, entre la autoridad y la persona que solicita la información.

4. Dotar al IFAI de la facultad para sancionar violaciones a la Ley de Transparencia, pues la reforma propone fortalecer el régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos que violen la Ley pero no resuelve el fondo del problema estructural, es decir, la deficiencia actual del diseño para imponer sanciones, que carece de operadores independientes e imparciales.

5. Introducir cambios que establezcan las bases para una verdadera autonomía de las y los comisionados, así como mecanismos que impidan el conflicto de intereses, como prohibir que las y los comisionados puedan convertirse en servidores públicos después de ejercer su función en el IFAI. Asimismo, un mecanismo de nombramiento por entidad externa, es decir, que sea alguna de las Cámaras del Congreso las encargadas del nombramiento y que se asegure la transparencia, imparcialidad y participación ciudadana en todas las etapas del proceso.

Ahora bien, no hemos pasado por alto los aciertos que la propuesta de reforma tiene. Como ejemplo de ello podemos nombrar la facultad del comité de información y/o del IFAI para ordenar la generación de la información inexistente, la incorporación de la prueba de interés público, la prueba de daño y los esfuerzos que se realizaron para mejorar los estándares de los archivos, entre otros. Sin embargo, tales esfuerzos serán opacados por las deficiencias antes señaladas.

Por todo lo anterior, reiteramos nuestro llamado a la Cámara de Diputados para que apruebe una reforma basada en evidencias de los problemas actuales y que no afecte negativamente el derecho de acceso a la información. Asimismo, para que lleve a cabo un proceso de reforma que incluya tanto a la sociedad como a los órganos de gobierno, que incorpore un diagnóstico objetivo de la realidad y del marco legal y, que incluya reuniones abiertas al escrutinio público y a la participación ciudadana.

Haydeé Pérez