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Posicionamiento de Fundar, Centro de Análisis e Investigación sobre la situación patrimonial del Presidente Enrique Peña Nieto

En días pasados, a raíz de una investigación periodística, volvió a discutirse públicamente la situación patrimonial del Presidente Enrique Peña Nieto por la posesión de un inmueble cuya propiedad recae en un contratista del gobierno, un proveedor beneficiado por la adjudicación de diversas obras de infraestructura pública de manera recurrente. Sin embargo, a pesar de las declaraciones públicas, sigue sin aclararse el conflicto de intereses.

La Presidencia de la República argumenta que pertenece exclusivamente a la señora Angélica Rivera “quien contrajo matrimonio con el Lic. Enrique Peña Nieto… bajo el régimen de separación de bienes…”. Sin embargo, el artículo 8º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP) establece que los servidores públicos tienen la obligación de “excusarse de intervenir… en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.” (Fracción XIª). Y define el conflicto de interés: “Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.” (Fracción XIIª).

Este caso expone, una vez más, la fragilidad e insuficiencia del marco normativo e institucional para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Las declaraciones patrimoniales se establecen como instrumentos para el combate a la corrupción porque sirven para monitorear las variaciones en la situación patrimonial y prevenir y detectar variaciones anómalas. Por la información que contienen, también son útiles para conocer los intereses particulares de las y los funcionarios públicos y limitar la posibilidad de que entren en conflicto con el ejercicio de la función pública.

El Presidente Peña Nieto ya hizo pública su declaración patrimonial, sin embargo no aclara completamente que no hay conflicto de interés porque no incluye la información que establecen los estándares más avanzados en la materia. De acuerdo con la “Ley modelo sobre declaración de intereses, ingresos activos y pasivos de quienes desempeñan funciones públicas”, esa información debe incluir, entre otra: ingresos por la función pública que desempeña y por otras actividades; valor de bienes muebles e inmuebles; inversiones de cualquier índole; gravámenes y adeudos; participaciones, acciones, derechos. De igual forma, se define que debe incluirse la misma información para su grupo familiar.

Es por ello que consideramos que es necesario abundar en las explicaciones sobre este asunto. La Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República, con responsabilidad e independencia, en el ámbito de sus atribuciones tendrían que comunicar la forma en que, para el caso que nos ocupa, cumplen con su función de prevenir, investigar y sancionar el presunto conflicto de interés o, en su caso, los eventuales delitos patrimoniales que se configuren.

A su vez, el Poder Judicial debe asumir su función de administrar la justicia con imparcialidad y autonomía y resolver los conflictos que se deriven.

El Poder Legislativo, por su parte, debe ser el contrapeso natural al Poder Ejecutivo, no sólo pedirle cuentas, sino asumir con seriedad y congruencia su carácter de representantes, en lo particular y, en general, elaborar, discutir y aprobar un marco normativo consistente, que permita el ejercicio correcto de los recursos públicos y del desempeño de la función pública, su control, evaluación, investigación y sanción; y que limite los espacios para la comisión de actos de corrupción.

La situación actual del país debería ser suficiente para que los poderes y las instituciones del Estado asuman su mandato de forma que las decisiones públicas contribuyan al refortalecimiento de la confianza ciudadana en su desempeño.

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Videoblog

Audio

Salidas en medios
Milenio TV-En 15 con Carlos Puig
Gabriela Aguirre y Guillermo Ávila hablando sobre Declaraciones patrimoniales
http://bcove.me/7g98kh6g

La casa presidencial, ¿un conflicto de interés?