Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. se suma a las demandas de parte de las y los integrantes del pueblo indígena Ikojts de San Dionisio del Mar, que se encuentran en resistencia en contra de la imposición del Parque Eólico San Dionisio en sus territorios.
Hechos
El 8 de noviembre de 2004, la empresa Preneal México S.A de C.V, ahora Mareña Renovables, obtuvo el usufructo de 1,643 hectáreas de tierras de uso común de los bienes comunales de San Dionisio del Mar, pueblo indígena Ikojts del Istmo de Tehuantepec. Dicho pueblo no fue informado ni consultado sobre este hecho.
Al inicio del año 2012, el presidente municipal C. Miguel Castellanos informó que firmaría la autorización de cambio de uso de suelo con la empresa. El pueblo Ikojts obtuvo información –dada por la misma empresa— de que desde diciembre de 2011 ya se había realizado el cambio de uso de suelo, con el respectivo depósito a la cuenta del presidente municipal de 20 millones de pesos. Una vez más, esta operación ocurrió sin el consentimiento ni conocimiento de la Asamblea Comunal, ni del resto de los pobladores de San Dionisio del Mar. Ante estos hechos, el pueblo decidió desconocer desde febrero de 2012 la decisión del ayuntamiento y tomar, de manera simbólica, las instalaciones del palacio municipal. A su vez, interpusieron un recurso de revocación de mandato, que ha sido ignorado hasta la fecha por el congreso del estado de Oaxaca.
Desde entonces, los comuneros y pobladores defensores de su territorio han sido objeto de amenazas, intimidaciones y persecución judicial. La Asamblea Comunal afirma que el día 14 de mayo de 2012 el gobernador del estado C. Gabino Cué Monteagudo amenazó a los comuneros indígenas en resistencia de liberar las 40 órdenes de aprehensión contra los mismos. Además, declaró que de no acceder al megaproyecto eólico en San Dionisio, les ocurría lo mismo que a los defensores de San José del Progreso, Bernardo Méndez Vázquez y Bernardo Vázquez, asesinados a principios de este año.
El 23 de agosto la empresa Mareña Renovables Capital, S.A.P.I. de C.V. entró en el municipio desde una comunidad zapoteca, para dar inicio a la construcción del parque, derrumbando manglar y afectando de manera irreversible la zona lagunar. La laguna y el manglar son áreas relevantes para la conservación de 11 especies marinas, además de contar con una gran riqueza biológica de 25 familias de peces, 41 géneros y 58 especies, muchas de las cuales son endémicas (Báezet. al, 1987). La destrucción del manglar representa un riesgo para este pueblo indígena en tanto que este ecosistema ha fungido como barrera natural que protege a las comunidades de huracanes, marea alta y otros fenómenos naturales. Asimismo, la laguna y el manglar representan la principal fuente de alimento para los Ikojts, dedicados principalmente a la pesca. La pérdida de esta actividad económica pone en riesgo la supervivencia de este pueblo.
Agresiones
El 25 de agosto Moisés Juárez Muriel, comunero en resistencia al megaproyecto eólico, fue brutalmente golpeado por dos personas cercanas al presidente municipal y a favor del proyecto eólico. Al llevar al joven comunero herido para que le dieran la atención médica necesaria, la doctora encargada de la clínica se negó a atenderlo, siguiendo instrucciones de la presidencia municipal.
A mediados de septiembre individuos fuertemente armados, en un acto de provocación y hostigamiento, arribaron al palacio municipal a la final del “1er Encuentro de la Nación Ikojts en Resistencia contra el Proyecto Eólico”. Encañonaron, fotografiaron e intimidaron a los comuneros que se encontraban haciendo guardia a la entrada de este recinto.
El 21 de septiembre se denunció a Ángel Rojas Rivera, secretario general local de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) -organización que ha actuado como grupo de choque contra los comuneros en resistencia- y a diversos integrantes de la empresa Mareña Renovables por amenazar que entrarían sin permiso de la comunidad a la barra Santa Teresa. Esta acción recibió el respaldo y beneplácito de Ernesto Juárez Valdivieso, ex presidente municipal, Jorge Castellanos Pinos, asesor del comisariado de bienes comunales, Genaro García López, comisario de bienes comunales y German Noriega Orozco, también ex presidente municipal. El ingreso se concretó el 27 del mismo mes, día en que las comunidades ikjots en resistencia rechazaron la entrada de individuos aliados o empleados por la empresa Mareña Renovables a la barra de Santa Teresa a través de acciones de bloqueo de caminos. Desde entonces, los comuneros encuentran, día con día, señales de afectación territorial como son el retiro de manglares y vegetación y la colocación de brechas y cintas de seguridad en torno a terrenos de la barra.
El domingo 30 de septiembre, alrededor de las 11 de la noche, el dirigente mareño Isaul Celaya, junto a Blas Cabrera Rodríguez y Benita Celaya Pablo, sufrió el intento de atropello por un vehículo al salir de una asamblea comunal. El conductor de dicho vehículo se encuentra plenamente identificado: se trata de Ernesto Juárez Valdivieso, asesor político de Miguel López Castellanos (presidente municipal de San Dionisio del Mar). El vehículo alcanzó a impactarse con el brazo de Isaúl Celaya, lastimándole. Juárez Valdivieso profirió una amenaza contra Blas Cabrera antes de escabullirse. Este atentado ocurrió en la esquina de Av. Hidalgo y 16 de septiembre a las 23:00 horas del municipio de San Dionisio del Mar.
El 6 de octubre, priistas e integrantes de la CTM realizaron una marcha por las calles de San Dionisio donde profirieron amenazas contra individuos destacados del movimiento de comuneros en resistencia contra el parque eólico. Otros individuos que han acompañado al movimiento, como los defensores de derechos humanos Juan Carlos Beas y Bettina Cruz Velázquez, también fueron amenazados.
El mismo Juan Carlos Beas recibió una llamada telefónica el 7 de octubre a las 10:20 donde se le amenazó con el siguiente mensaje: “…el negocio ya está hecho y te vamos a partir la madre y ya no te metas en San Dionisio porque sabes en lo que te estás metiendo, ya te tenemos para chingarte.”
El papel del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Tenemos conocimiento de que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está apoyando este megaproyecto a través del crédito MAREÑA RENOVABLES WIND POWER PROJECT (ME-L1107) con un crédito aprobado de 74.99 millones de dólares. Aunque la Manifestación de Impacto Ambiental indica que el predio es Propiedad Comunal del núcleo agrario denominado San Dionisio del Mar y que éste ha cedido mediante contrato de usufructo un polígono, la comunidad, integrada por las y los dueñas/os originarias/os de estas tierras comunales, establece que nunca fue informada o consultada al respecto.
En el Reporte de Gestión Social y Ambiental del préstamo del BID, numeral 73 se señala que “El proyecto impacta directa e indirectamente en áreas indígenas comprendidas por descendientes huaves y zapotecos. El proceso de consulta entre los grupos indígenas se ha llevado a cabo cumpliendo con las leyes mexicanas y los principios del Banco. No hay oposición al proyecto por parte de los grupos indígenas. Acuerdos sobre tierras de usufructo se llevaron a cabo en el respeto de la propiedad de la tierra y los derechos, incluido el uso de los recursos naturales…”. Lo anterior es falso, pues no se realizaron consultas. Por otra parte, aparece en el reporte que se consultó a pueblos huaves y zapotecos, no ikjots y ben’zaa como los mismos pueblos se autodenominan.
Por lo acaecido en el municipio de San Dionisio del Mar exigimos:
a) Que se respete el derecho de los pueblos indígenas, en general, y de los Ijkots y Binni’zaa en particular, a gozar del derecho a la propiedad y posesión de su territorio tradicional con base en el artículo 14 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
b) Con base en el inciso anterior, que se garantice el derecho que tienen estas pueblos indígenas a la consulta previa sobre el uso, administración y conservación de su territorio y los recursos naturales del mismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Igualmente, que se garantice su derecho al consentimiento libre, previo e informado como lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia Saramaka vs. Surinam del año 2007, en el caso de megaproyectos de desarrollo que supongan cambios sociales, económicos y culturales profundos a los pueblos indígenas.
c) En caso de negativa de los pueblos indígenas consultados al desarrollo del parque eólico en su territorio, que las autoridades competentes y las empresas involucradas aseguren que no se proceda con las obras de construcción del mismo en respeto a la voluntad de quienes habitan estos territorios.
d) A las autoridades del estado de Oaxaca, que investiguen y sancionen a los responsables de las agresiones a Moisés Juárez Muriel, indígena Ikojts, golpeado brutalmente el pasado 25 de agosto, y a Isaul Celaya quien sufrió un intento de atropellamiento con automóvil el pasado 30 de septiembre. Igualmente, que investiguen las amenazas y aseguren la seguridad de los defensores de derechos humanos Juan Carlos Beas y Bettina de la Cruz.
e) A las empresas Mareña Renovables, Macquarie México, Fondos Nacionales para la Infraestructura (FONADIN), PGGM, Fondo de Pensión Holandés, Mitsubishi y demás promotores del megaproyecto eólico, que cese su hostigamiento hacia los pueblos indígenas de San Dionisio.
f) Al titular del gobierno federal de México -Felipe Calderón Hinojosa- y al titular del gobierno de Oaxaca -Gabino Cué Monteagudo-, que se hagan directamente responsables de la seguridad de quienes protestan pacíficamente en contra de la construcción de este megaproyecto y que garanticen la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas que habitan este territorio.
g) A Enrique Peña Nieto y su equipo de transición, que se comprometan a responsabilizarse de la seguridad de quienes protestan pacíficamente en contra de la construcción de este megaproyecto y que, igualmente, se comprometan a garantizar la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas que habitan este territorio al momento de que el primero tome posesión el primero de diciembre del presente año.
h) Al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que garantice el cumplimiento de sus políticas operativas y que detenga la implementación del proyecto que financia, dado que éste está claramente afectando de manera adversa a los pueblos indígenas de la zona del Istmo y violando sus derechos humanos.
Notas relacionadas:
