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Preocupa la reorientación de recursos del Fondo Minero, la falta de transparencia y de participación de las comunidades en zonas mineras

Ciudad de México a 4 de noviembre de 2019.- Las modificaciones aprobadas al Fondo Minero en el marco de la discusión del paquete económico 2020, implican una nueva distribución de recursos que no construye sobre la base de las lecciones de los últimos cinco años ni resuelve los problemas de opacidad y falta de información detallada sobre la asignación de recursos para proyectos y administración.

Con la nueva Ley Federal de Derechos no desaparece el Fondo Minero. Los derechos que crearon el fondo se mantienen y se reorientan con un fin distinto: Se asignan los ingresos obtenidos de los derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería en un 85% a la Secretaría de Educación Pública (para el financiamiento de infraestructura educativa y otras con impacto social y ambiental positivo), un 5% a la Secretaría de Economía para acciones de fortalecimiento del sector minero, y el 10% restante al Gobierno Federal para programas de infraestructura aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio que corresponda.

Si bien el Fondo Minero se implementó con serias deficiencias a lo largo de sus cuatro años de ejercicio, (entre las cuales destacan la falta de transparencia, de mecanismos de participación efectiva y de rendición de cuentas), con la figura y mecanismos aprobados no se corrigen las deficiencias, no se recuperan lecciones y buenas prácticas y se agravan varios problemas—al centralizarse la asignación de fondos a presupuestos en el gobierno federal, sin espacios para transparentar la información o procurar la participación de las comunidades a las que se destinan los proyectos. Esto desdibuja la figura del Fondo Minero como tal, transforma integralmente el mandato fiscal (no presupuestario) que lo caracterizaba, y desaparece el objetivo original del Fondo, que es elevar la calidad de vida de los habitantes de zonas mineras.

La modificación legislativa prioriza la asignación de recursos en complemento del presupuesto federal para educación y salud, y elimina todo vínculo con la asignación de recursos a territorios afectados por la extracción minera. En el nuevo esquema no habría como mitigar ni resarcir los daños a las comunidades en donde tuvo lugar la actividad extractiva, pero además la propuesta favorece la centralización y discrecionalidad, porque no establece nuevos mecanismos de participación efectiva que subsanen las deficiencias con las cuales venían operando los anteriores comités; y porque las decisiones sobre los proyectos de inversión emanarán directa y exclusivamente de la SEP, lo cual es inaceptable.

A su vez, el hecho de canalizar de manera directa los recursos que antes provenían del Fondo Minero a la SEP plantea interrogantes que deben ser atendidas para garantizar la transparencia y eficaz aplicación de los recursos:

¿Cuál es el papel del gobierno mexicano en resarcir y remediar los daños que provocan las actividades mineras? ¿Cómo se financian estas prioridades? ¿Cómo participan las autoridades de los distintos órdenes de gobierno? ¿Cómo participan las ciudadanas y comunidades afectadas? ¿Cómo se asegura que las comunidades afectadas por la actividad minera se vean beneficiadas por este recurso y se repare el daño donde la actividad minera ha generado afectaciones?

Es preocupante que la modificación propuesta al fondo no establezca nuevos mecanismos de participación efectiva que subsanen las deficiencias con las cuales venían operando los anteriores comités y, por el contrario, sea este un nuevo modelo que excluye aún más a comunidades y autoridades locales; que dificulta o hace imposible la participación y consulta de las comunidades en relación a los proyectos que les afectan—como ordenan los tratados internacionales en la materia—ya que desaparece toda posibilidad de influir desde sus localidades y territorios.

Es imprescindible garantizar que el Fondo no pierda su objetivo primordial, que se realicen serias reformas para mejorar su transparencia y rendición de cuentas, así como para mejorar el ejercicio del gasto en beneficio de las comunidades y su participación efectiva en el mismo.

Por lo anteriormente expuesto, desde las organizaciones de la sociedad civil solicitamos

  • se discutan e incluyan mecanismos para asegurar que en la asignación y ejercicio de los recursos que integran el Fondo minero se mantenga un vínculo de origen, y se puedan mitigar y resarcir daños creados por la actividad minera;
  • se cree un registro de proyectos financiados, terminados y en curso con información detallada por carpeta de proyecto y se detalle cuántos recursos se incorporaron al fideicomiso creado en 2019 bajo la tutela de la Secretaría de Economía;
  • se establezcan criterios de participación y monitoreo para todos los proyectos de infraestructura financiados en 2019 y en el ejercicio de 2020; y
  • se sienten bases para etiquetar y detallar cómo se ejercen los recursos asignados en complemento del financiamiento de infraestructura (para coordinación y administración), desde cualquiera que sea la dependencia que los ejerza.

Descarga aquí el documento con las observaciones y preocupaciones de las organizaciones en torno a las últimas modificaciones al Fondo Minero.


Contacto

Mariana Gurrola Y., Comunicación Fundar
[email protected]
Tel: 5554 3001 ext. 217