En Teuchitlán, Jalisco, el tiempo se detuvo con el hallazgo de un centro de exterminio clandestino. Los restos humanos, las pertenencias olvidadas y el eco del sufrimiento han vuelto a recordar la tragedia de las desapariciones en México. Pero, entre la indignación y el dolor, también surge un compromiso: la aplicación de nuevas medidas para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas.
El 17 de marzo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció seis acciones inmediatas orientadas a enfrentar la crisis de desapariciones. Entre ellas destacan el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); la consolidación del Certificado Único de Registro Poblacional; la creación de una Base Nacional Única de Información Forense y la implementación de una alerta de búsqueda inmediata. La gravedad del caso Teuchitlán hizo evidente la urgencia de estas acciones.
Un día después del anuncio presidencial, el 18 de marzo, se publicó el Decreto para el fortalecimiento de los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Este documento establece la ampliación de las facultades de la CNB y la autorización de recursos adicionales mediante adecuaciones presupuestarias.
El Decreto faculta a la CNB para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los medios financieros, humanos y tecnológicos necesarios para realizar sus labores. Asimismo, el Decreto ordena que la SHCP autorice las adecuaciones presupuestarias requeridas para garantizar la efectiva aplicación de las medidas establecidas en el Decreto. Pero ¿qué significan estas medidas? ¿Son realmente suficientes para fortalecer las capacidades de identificación humana por parte del Estado mexicano?
Cada año, cuando el Poder Legislativo aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación, determina cuánto dinero podrán gastar las dependencias federales. Sin embargo, si una dependencia necesita modificar su presupuesto debido a una situación extraordinaria, puede “adecuar su presupuesto” siempre y cuando lo solicite a la SCHP y cumpla los diferentes requisitos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Así, las adecuaciones presupuestarias pueden entenderse como un mecanismo que permite flexibilizar el uso de recursos públicos y ajustarlo a circunstancias imprevistas.
Sin embargo, una problemática que suele caracterizar a este mecanismo es la discrecionalidad: generalmente, las dependencias solicitan más recursos sin explicar el por qué ni el para qué, por lo que la ciudadanía tiene pocas posibilidades de conocer qué ajustes presupuestarios se llevarán a cabo. Lamentablemente, en el caso de la CNB, las adecuaciones presupuestarias han ido a la baja: en 2023 y 2024, la CNB gastó 33.7% y 28.7% menos de lo aprobado por el Congreso, respectivamente. Los recursos que no han sido gastados son principalmente en materia de subsidios para las entidades federativas, tanto para la búsqueda como para la identificación de personas.
Ante este contexto, el Decreto es una medida positiva, pues ahora sabemos que la CNB y la SHCP, en lugar de gastar menos, deberán coordinarse para fortalecer los procesos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.
A su vez, es fundamental que las adecuaciones presupuestarias a raíz de este Decreto, al igual que el resto de las acciones que emprenda la CNB, sean totalmente transparentes. Al respecto, sería posible establecer la obligación de brindar información periódicamente sobre el uso y destino de los recursos asignados al fortalecimiento de la CNB. Esta medida permitiría un seguimiento periódico del uso de los recursos, brindando las familias de las víctimas una herramienta de vigilancia y exigencia de resultados.
Si se cumple el mandato, las capacidades operativas de la CNB podrían fortalecerse significativamente. Sin embargo, la CNB no es la única autoridad en el país que se encarga de la búsqueda, identificación, notificación y restitución de cuerpos. Como revelamos en nuestro más reciente informe, las entidades federativas también deben realizar más esfuerzos para incrementar los recursos disponibles para las actividades forenses mediante un diálogo activo con las familias y colectivos.
La atención a la desaparición y la crisis forense en México requiere un enfoque integral con una planificación de política pública a mediano y largo plazo, en lugar de depender de medidas emergentes y asignaciones extraordinarias en coyunturas políticas. En los últimos años, el presupuesto destinado a la CNB ha sufrido reducciones de entre el 3% y el 8%, que impacta directamente en funciones clave como las del Centro Nacional de Identificación Humana.
En este sentido, el Decreto del Ejecutivo Federal es una señal positiva para fortalecer la capacidad forense. Sin embargo, aún resulta insuficiente por dos razones: la primera es que, los mandatos de la CNB son más amplios, pues implican la coordinación y subsidio a entidades federativas; la segunda razón es que el Decreto deja fuera a otras instituciones responsables de la atención a las desapariciones, como la Fiscalía General de la República y fiscalías estatales. La coordinación necesaria no solo debe darse entre las autoridades responsables –tanto Comisiones como Fiscalías–, sino también de manera fundamental con los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Son ellas y ellos quienes, ante la inacción de las autoridades, realizan el trabajo de búsqueda. Son también quienes, tanto exigiendo a las instituciones, como participando en el diseño de políticas públicas, han logrado los estándares reconocidos en la Ley General en materia de Desaparición Forzada, Desaparecida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.
La tragedia de Teuchitlán muestra que, aunque existe una capacidad institucional para atender el fenómeno de desaparición, aún estamos lejos de contar con una política pública articulada en materia forense. Para enfrentar el enorme desafío de lograr que todas las personas regresen a casa, es esencial contar con una asignación presupuestaria adecuada y la creación de un programa específico en materia forense que permita un seguimiento efectivo a corto, mediano y largo plazo.
