El 28 de septiembre tuvo lugar en la Cámara de Diputados la conferencia Manejo Efectivo y Transparente del Presupuesto para Cambio Climático, organizada por el Grupo Mexicano de Financiamiento para Cambio Climático y la Comisión Especial sobre Cambio Climático. El objetivo de la misma fue generar un espacio de diálogo y discusión entre sociedad civil y los diputados sobre la urgencia de aprobar en 2012 un presupuesto público que asegure la asignación de recursos a acciones de mitigación y adaptación del calentamiento global desde la equidad de género, el respeto de los derechos humanos y la sustentabilidad.
México no sólo ha ratificado el protocolo de Kyoto y, por lo tanto, forma parte de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, sino que además, en 2010, fue el anfitrión de la 16ª Conferencia de las Partes de esta Convención. En ese momento, como ya lo había hecho con anterioridad y como lo ha seguido haciendo hasta hoy, el Gobierno mexicano reiteró su compromiso para contribuir en la solución de este gran problema. No obstante, siempre ha sostenido que para que países como México puedan implementar acciones efectivas de mitigación y adaptación, necesitan tener acceso a recursos internacionales.
Si bien esto es en parte cierto, hay que considerar que nuestro país cuenta con un presupuesto público que representa una herramienta fundamental para enfrentar los retos que plantea el cambio climático. Sin embargo, el análisis del Proyecto de Presupuesto de la Federación (PPEF) de 2012 que las organizaciones de la sociedad civil presentaron, muestra que en materia presupuestaria aún queda un largo camino para que el Estado mexicano convierta sus compromisos sobre cambio climático en hechos y acciones concretas.
La conferencia se dividió en cuatro mesas: energía, transporte, bosques y agricultura. En estos espacios se señaló, por ejemplo, que el presupuesto del sector energía está extremadamente concentrado en actividades relacionadas con la utilización de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón). Lo que aquí llama la atención es que la inversión en eficiencia energética y energías renovables es muy reducida. Debido a ello, la generación de energía representa el 27.1% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del país. No cabe duda que la energía es un insumo básico para nuestro modo de vida actual, pero ¿por qué no consumirla más eficientemente o generarla a través de tecnologías más limpias? Esto puede lograrse si nuestro presupuesto se gasta de forma adecuada y se invierte en investigación y desarrollo de nuevas fuentes de energía.
El transporte es la segunda actividad que más contribuye a la emisión de GEI, con el 20.4 por ciento. Sobre todo el transporte terrestre, una de las actividades que contribuye de forma importante al total de emisiones nacionales. En este sentido, alarma que según el análisis, entre el 70 y 90% del presupuesto de los estados es destinado a infraestructura para el transporte privado. En cambio, el presupuesto dedicado al transporte público urbano y al no motorizado no es suficiente para mitigar las emisiones de GEI y, por lo tanto, luchar contra el cambio climático. Como habitantes de este país y sus ciudades debemos exigir que el presupuesto público se invierta en la creación de infraestructura que nos permita movernos de manera más saludable y respetuosa con el medio ambiente. Ello tendría numerosos beneficios, no únicamente en la lucha contra el cambio climático, sino también en nuestra salud y la forma en que nos relacionamos con el lugar en el que vivimos.
En el caso del sector forestal, la deforestación y el cambio de uso de suelo causan el 14% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en México. El análisis del presupuesto permitió comprobar que la mayor parte de los recursos se están yendo a programas de reforestación y no a detener la deforestación y degradación de los ecosistemas forestales. Por ello, se hizo énfasis en la necesidad de dirigir más recursos para fomentar y fortalecer el manejo forestal sustentable por las comunidades y ejidos propietarios de bosques y selvas. Esto no sólo tendrá efectos positivos para disminuir el calentamiento global. Además, generará empleo, creará conciencia sobre la importancia de los bosques y ayudará a la conservación de los ecosistemas, de manera que todas y todos nos veremos beneficiados.
Por último, el cambio de uso del suelo para la actividad agraria genera alrededor del 13% de las emisiones de GEI. Además, la agricultura y las personas cuyo sustento depende de ella, particularmente las mujeres, se ven gravemente afectadas por los efectos que el cambio climático genera. Sin embargo, en el proyecto de presupuesto de 2012 los programas destinados a mitigar y adaptar el cambio climático desde el sector agrícola presentan graves reducciones presupuestarias. Incluso se eliminan programas dirigidos específicamente a las mujeres rurales. Estos hechos son muy graves pues el campo nos provee de la mayor parte de los alimentos que consumimos. Es una cuestión de interés general que el presupuesto público dirigido a este sector contemple acciones adecuadas para hacer frente a la problemática que enfrenta derivada del calentamiento global.
Todos estos hallazgos, acompañados de recomendaciones específicas en materia presupuestaria, fueron presentados y entregados a los diputados. Ahora está en sus manos el implementarlas y mostrar su compromiso en la lucha contra el cambio climático durante la negociación presupuestaria de este año. Pero sigue estando en las nuestras exigirles que lo hagan y que estén a la altura de este problema tan grave que nos afecta a todas y todos.
**Aroa de la Fuente
