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Presupuesto para una maternidad segura

Es claro que la atención médica en México no funciona. Es inaceptable que una mujer comience un embarazo condenada al riesgo de morir por ser pobre, indígena o afromexicana. Todas tienen el derecho a una maternidad voluntaria y segura, y el presupuesto es fundamental para que así sea.

Muchas mujeres entran caminando al hospital para atender su parto, situación que debería tomar unas horas, y una recuperación de, quizá un par de noches. Pero no para todas es así, algunas fallecen o quedan con secuelas que les inhabilitan de por vida. En muchas ocasiones, estas mujeres fueron objeto de prácticas de atención obsoletas, omisiones o descuidos que derivaron en situaciones de emergencias graves. La información más valiosa con la que puede contar el personal médico en el momento del parto debería provenir de las mujeres a quienes, de manera reiterada, no se les escucha.

Existen una serie de condicionantes y causales que explican por qué la atención médica a las mujeres se maneja como si fuera una actividad productiva, a un ritmo frenético de cadena de montaje: la precariedad de los centros de salud y hospitales comunitarios, la sobrepoblación de los hospitales generales, la escasez de ambulancias, la falta de personal o de medicamentos, máquinas e instrumental médico. La lista es larga, y se suman las formas de relación del personal médico con las pacientes, en muchas ocasiones con el poder absoluto de arrogarse el conocimiento total de lo que sucede durante el embarazo, parto y posparto, y de considerar que están ante enfermedades en vez de un proceso natural del cual las mujeres guardan saberes.

Es claro que este modelo de atención no funciona, que conlleva sufrimiento y riesgo. Como país es insostenible que una mujer comience un embarazo condenada a estar en riesgo de morir, por ser pobre, indígena o afro mexicana; por haber cursado pocos años de escuela o no tener un empleo formal.

La desigualdad en contar con una atención segura se ha sostenido al pasar de los años y a pesar de las diferentes políticas públicas implementadas. Las muertes maternas por causas evitables entre 2002 y 2006 se concentraron en estados con mayor población indígena: Guerrero con 83.7%, Chiapas con 77.2% y Oaxaca con 75.9%, cabe mencionar que el riesgo se mantiene en el periodo 2007-2011 con 76.4%, 70.0% y 70.1% respectivamente.[1]

Esta condición de fragilidad no es mera retórica, se traduce en mujeres que hoy podrían estar vivas. La mortalidad materna es un indicador utilizado internacionalmente, ya que permite dar cuenta de las condiciones de los servicios de salud; si estos están diseñados y funcionan para las mujeres en cuanto a acceso, disponibilidad, calidad y aceptabilidad (adecuados socioculturalmente).

Al revisar la mortalidad materna en poblaciones indígenas por entidad federativa, resalta que duplican o triplican las cifras nacionales. Si la razón de muerte materna nacional fue de 89 en 1990, ese mismo año en Oaxaca fue de 175 y de 121 en Chiapas,[2] para el año 2015 la razón disminuyó de manera importante con un registro de 36.4, pero ambos estados continúan con altas cifras: Oaxaca con 53.3 y Chiapas con la más alta del país con 81.3.[3]

Por qué las brechas en el acceso y el riesgo de fallecer continúa, tras 16 años de puesta en marcha de un programa nacional de salud materna y perinatal, dos agendas internacionales con compromisos de reducción del indicador, y estrategias de atención universal con esquemas de gratuidad en la atención.

Diversos actores sociales hemos analizado y concluido que una de las grandes deficiencias es la falta de una asignación de presupuesto progresiva, es decir, que aumente año con año. Con mecanismos sólidos tanto de transparencia y rendición de cuentas, como de control del uso de los recursos financieros y materiales. De igual manera, que los recursos se dejen de medir por la provisión de insumos básicos, y se evalúen por la mejora en las condiciones de las mujeres durante el embarazo y parto.

Una política pública es débil estructuralmente si carece de un presupuesto sostenido, por ejemplo, con el que contó la Secretaría de Salud específicamente para el Programa de Salud materna y perinatal y que casi en su totalidad distribuye a los 32 estados, presentó una tasa de crecimiento negativa entre 2013 y 2018 con una cifra de -26.20 %.

Nunca se sabrá cuántas mujeres indígenas, migrantes, lesbianas, afrodescendientes, o urbano marginales fallecieron o cargan daños permanentes porque el centro de salud o el hospital básico al que acudieron no atiende partos, ni hubo un banco de sangre en caso de una hemorragia, ni con  el equipo para el estudio necesario, no se contrató a la traductora en lenguas para una comunicación real, ni una partera técnica para brindar atención de calidad, tampoco especialistas cercanos y disponibles las 24 horas para resolver urgencias. Lo que sí se sabe, es que las mujeres tienen el derecho a una maternidad voluntaria, segura y gozosa y el presupuesto es fundamental para que así sea.

[1] CIESAS, Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, El derecho a la protección de la salud de las mujeres indígenas en México, análisis nacional y de casos desde una perspectiva de derechos humanos. Página 88 y 89, México, 2017. Disponible en http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe-Derecho-Proteccion-Salud.pdf

[2] Op. Cit. Ant.

[3] Fuente: Observatorio de Mortalidad Materna en México, Numeralia 2015. Disponible en www.omm.org.mx


[ Por Daniela Díaz Echeverría ]

[ Artículo en Animal Político ]