Ante los actos de obstaculización, estigmatización y criminalización cometidos contra familias buscadoras de personas desaparecidas en el marco de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en México:
- Condenamos el patrón de obstaculización física de la protesta pacífica de familias buscadoras en Toluca, Puebla, Ciudad de México y del contingente de Ayotzinapa.
- Rechazamos las declaraciones de la Secretaría de Gobernación sobre el origen de los apoyos económicos de las familias movilizadas desde Jalisco. Insinuar que su movilización tiene “intenciones ajenas” a la búsqueda de justicia es un acto de estigmatización pública que deslegitima el derecho a la protesta y representa un riesgo para su seguridad, sumado a las amenazas en su labor de búsqueda.
- Exigimos el cese de cualquier acción que criminalice, disuada o penalice a las familias buscadoras por ejercer su derecho a la protesta, y garantizar el libre ejercicio del mismo.
Entre el 4 y el 11 de junio, familias buscadoras provenientes de distintos estados del país ejercieron su legítimo derecho a la protesta pacífica aprovechando la visibilidad internacional del Mundial para denunciar una crisis que supera las 134,000 personas desaparecidas. La respuesta del Estado fue sistemática en su afán de impedir, contener y deslegitimar esa movilización.
En Toluca, previo al partido amistoso entre México y Serbia en el Estadio Nemesio Diez, integrantes del colectivo Flores en el Corazón realizaron una “cascarita antimundial”; una acción simbólica con fotografías y fichas de búsqueda de sus familiares desaparecidos. Durante la manifestación, las familias fueron cercadas por una presencia desproporcionada de elementos policiales, algunos de ellos en caballería, para impedir su paso.
En Puebla, el colectivo Voz de los Desaparecidos, fue cercado y encapsulado por aproximadamente 300 elementos antimotines mientras realizaba actividades de difusión de fichas de búsqueda cerca del Estadio Cuauhtémoc. Integrantes del colectivo fueron empujadas y despojadas de sus pertenencias. Adicionalmente, varias de ellas recibieron citaciones de la fiscalía estatal para el día exacto de la inauguración del Mundial; una coincidencia que puede leerse como una maniobra para impedir su participación.
En el caso del contingente de Ayotzinapa, 17 autobuses con madres, padres y estudiantes normalistas fueron retenidos en la caseta de Tlalpan bajo el argumento de “seguridad nacional”, con un procedimiento irregular en el que los propios familiares afirman que los artefactos hallados no estaban ahí en la primera revisión. Las propias familias señalan la presencia de un infiltrado. El resultado fue la cancelación de su mitin en el Hemiciclo a Juárez.
En Ciudad de México, familias buscadoras que se manifestaban pacíficamente sobre Calzada de Tlalpan durante la inauguración del mundial fueron encapsuladas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante la inauguración del evento.
Estos hechos no son incidentes aislados, sino que constituyen un patrón coordinado de obstaculización del derecho a la manifestación en un momento de máxima visibilidad internacional para México.
En lugar de atender las demandas de las familias, la Secretaría de Gobernación anunció públicamente durante la “Conferencia del Pueblo” del 11 de junio, una investigación sobre el “origen de los apoyos” económicos que recibieron familias de Jalisco para trasladarse a la Ciudad de México, con el fin de determinar si existe “alguna intención ajena a la legítima búsqueda de justicia”. La Presidencia de la República, por su parte, minimizó la movilización y descartó la existencia de un descontento social genuino.
Insinuar, desde la más alta autoridad, que una movilización de familias buscadoras pudo ser orquestada con fines distintos a los que ellas mismas declaran, constituye un acto de estigmatización pública. Desviar el debate hacia el financiamiento de los autobuses, en lugar de reconocer la crisis de 134,000 desapariciones, es una estrategia que deslegitima la lucha de miles de familias en todo el país. Frente a colectivos que ya enfrentan bloqueos en sus procesos de búsqueda en campo y presiones provenientes de actores no estatales, un señalamiento gubernamental de esta naturaleza no es retórico: es una forma de represalia que incrementa el riesgo para su seguridad.
Por lo anterior, exigimos al Gobierno de México:
- El cese inmediato de declaraciones estigmatizantes y de cualquier investigación cuyo efecto real sea disuadir o penalizar el ejercicio del derecho a la protesta de familias buscadoras.
- Garantizar el derecho a la protesta y que ninguna familia buscadora sea obstaculizada, retenida o cercada por ejercer su derecho a manifestarse en el contexto del Mundial.
- El esclarecimiento transparente de las circunstancias de la retención del contingente de Ayotzinapa, incluyendo la cadena de custodia de los artefactos hallados y los resultados de la investigación sobre las irregularidades denunciadas por las propias familias.
- Garantizar la seguridad de las familias buscadoras de los colectivos de Jalisco ante posibles represalias por su legítimo derecho a la protesta y libre tránsito
- Una respuesta institucional sustantiva a las demandas de localización, verdad, justicia y memoria que las familias llevan años exigiendo; demandas que ningún evento deportivo puede ni debe silenciar.
La soberanía y la grandeza de un Estado no se miden por la capacidad de organizar un Mundial, sino por su capacidad de garantizar justicia y su voluntad de responder a quienes buscan a sus seres queridos con sus propias manos. Las familias buscadoras no son un problema de seguridad pública ni un asunto de financiamiento político. Son víctimas que exigen lo que el Estado les debe: verdad y justicia.
