Comienza el año y, como era de esperarse, no empezamos con borrón y cuenta nueva, sino con los pendientes, deudas y problemas no resueltos de los años anteriores. Así, este 2015 las autoridades del gobierno mexicano tienen (o deberían tener) ya armada una larga lista de propósitos a cumplir, desprendida de las numerosas deudas y compromisos que tienen con la sociedad.
Uno de estos problemas no resueltos tiene que ver con los servicios de salud, y específicamente sobre la atención que ofrecen los servicios públicos a las mujeres para garantizar su salud sexual y reproductiva. A mediados del año pasado se hizo público mediante el caso de Irene Cruz Zúñiga que necesitan haber mejoras en los servicios de salud materna de primer y segundo nivel, así como en la atención de emergencias obstétricas. Irene es una mujer mixteca oaxaqueña que a raíz de una cesárea mal practicada quedó con discapacidad permanente e irreversible, además de haber sido esterilizada a partir de la atención brindada en 2001.
También el mismo caso ilustró que la tarea no es sólo de los servicios de salud, sino también de las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia quienes tienen que estar familiarizadas con el tema, pues a los juzgados llegan las familias que han vivido experiencias semejantes, esperanzadas en poder encontrar algún grado de justicia y reparación de los daños ocasionados. Fue por ello que los familiares de Irene llegaron a un Ministerio Público en 2001, tratando de encontrar respuestas ante lo sucedido. Sin embargo, la justicia demoró demasiado, casi 13 años para que un Magistrado resolviera que efectivamente el Estado mexicano está obligado a asumir la reparación de daños ocasionados a Irene, sus familiares y su comunidad.
Pero la realidad es dura y compleja pues las autoridades del gobierno se han vuelto expertos en acumular deudas y responsabilidades por violaciones a derechos humanos, antes de investigar, sancionar, reparar cada uno de estos agravios, decidieron también no resolver plenamente el caso de Irene. Fundar, Centro de Análisis e Investigación, organización civil que asumió la representación legal de la familia, tuvo que recurrir el año pasado a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para continuar buscando una salida justa para la familia de Irene y su comunidad, pues las condiciones de los servicios de salud existentes siguen siendo muy precarios, y las mujeres continúan enfrentando muchos riesgos a su salud y sus derechos.
Este año, continúa entre los propósitos de Fundar buscar justicia para el caso de Irene, pues sabemos que su caso representa a muchos otros de mujeres que han visto su derecho a la salud y sus derechos sexuales y reproductivos violentados. Esperamos que entre los propósitos del gobierno también se encuentre saldar la deuda pendiente con Irene, sus familiares, así como comprometerse a mejorar los servicios de salud de su comunidad. Este caso sin duda puede representar un aprendizaje institucional previniendo que hechos semejantes no vuelvan a repetirse, o bien, puede también convertirse en un agujero más por el cual drena la ya mermada legitimidad y credibilidad de las instituciones de gobierno.
http://www.publimetro.com.mx/trapitos-al-sol/propositos-para-el-2015/moan!lkOQdWgwitxU/
