Si pensamos en el Paquete Económico como las reglas del juego para la recaudación y el gasto de los recursos públicos, nos toca pensar también en la estrategia que deberá llevar para garantizar los derechos de todas las personas que están ante el tablero. El Paquete Económico 2026 es el primero diseñado en su totalidad por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y marca el rumbo de la política fiscal para los próximos años. En él se reflejan compromisos centrales como el fortalecimiento de los programas sociales, el combate a la evasión fiscal y el impulso a la inversión pública productiva. No obstante, estos avances conviven con los desafíos de fondo que arrastra el sistema fiscal mexicano, especialmente la insuficiencia recaudatoria y la necesidad de una reforma estructural que asegure sostenibilidad en el largo plazo.
En Avances, tensiones y contradicciones. Análisis del Paquete Económico 2026 examinamos las principales propuestas en materia de gasto público y política tributaria para el ejercicio fiscal, poniendo especial atención en su impacto sobre derechos humanos, igualdad de género y justicia climática, ejes indispensables para avanzar hacia una verdadera justicia social.
El análisis del Paquete Económico 2026 muestra un esfuerzo de ordenamiento institucional y de fortalecimiento de los programas sociales, acompañado de medidas de fiscalización y recaudación que intentan ampliar el margen fiscal. Sin embargo, las tensiones entre estabilidad inmediata y construcción de capacidades estructurales atraviesan todo el diseño presupuestario. La apuesta por hidrocarburos frente a sectores estratégicos, como agua, ciencia y medio ambiente, los recortes en cultura y salud preventiva, así como las limitaciones en materia de igualdad de género, cuidados y justicia, revelan que el modelo prioriza el corto plazo sobre un horizonte sostenible y redistributivo.
El Congreso de la Unión tiene la tarea de corregir estas asimetrías para que el presupuesto no se limite a consolidar apoyos inmediatos, sino que se convierta en un verdadero instrumento de progresividad, equidad y desarrollo sostenible. Fortalecer la recaudación progresiva, garantizar transparencia en la asignación de recursos y colocar en el centro la igualdad de género, los derechos humanos y la justicia climática son pasos indispensables para cerrar la brecha entre la narrativa política y la realidad del gasto público. Solo así el presupuesto para 2026 podrá ser coherente con las demandas sociales y capaz de sentar bases duraderas para un nuevo pacto fiscal.
