En nuestro país existen más de 72,000 personas fallecidas de las cuales desconocemos sus identidades. La crisis forense, producto a su vez de una crisis de desapariciones, es una de las mayores tragedias que vivimos desde que se recrudeció la violencia en 2007.
Buena parte de la falta de atención a la crisis forense se debe a la tendencia generalizada de pensar que los grandes problemas en un país como México se resolverán con propuestas centralizadas. Una crítica —y autocrítica— señala que el abandono del Estado hacia las políticas de atención al rezago forense (el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y el Centro Nacional de Identificación Humana) no implica que se les dote de menos presupuesto ni debe representar una menor implicación de las entidades federativas en el diseño e implementación de las estrategias. En un país donde la dinámica macrocriminal muestra una mayor prevalencia de casos de violencia dentro del fuero común, la respuesta a la crisis forense debe articular, necesariamente, una política nacional forense en las entidades federativas.
La presente investigación ofrece un panorama del funcionamiento y la cantidad de recursos con que cuenta la política forense en los estados de la República. De este modo, informa sobre qué bases podrían plantearse diversos modelos de política forense, a partir de un diagnóstico local que permita comprender los diversos mecanismos de política pública y los recursos que tienen, como un catálogo amplio de opciones, para que los gobiernos estatales creen el modelo forense que funcione mejor de acuerdo a su propia realidad. La creación de este modelo, sostenemos, solo puede ser posible mediante la participación y el diálogo activo con las familias de personas desaparecidas.
A lo largo del documento, la política forense es compleja, pues, aunque se puede entender de manera muy precisa cómo la búsqueda, identificación, notificación y restitución de cuerpos, su reflejo en la estructura programática y presupuestaria cuenta con otras aristas que deben tomarse en cuenta en su análisis. Los dos primeros apartados de la investigación dan un diagnóstico de la magnitud de la crisis forense a nivel nacional y explican de qué fuentes presupuestarias se mantiene, así como qué instituciones concretas la implementan en las entidades federativas.
Posteriormente, se presentan los principales hallazgos de una investigación documental y de campo en espacios de incidencia política y en el acompañamiento a colectivos de personas desaparecidas. Esto se hace en tres momentos. En el primero, ahondamos en la forma en que se han distribuido los recursos para las Comisiones Locales de Búsqueda desde que en 2023 inició formalmente la implicación de dichas instituciones en materia forense. En segunda instancia, mostramos cómo se ha modificado la distribución de recursos forenses vía el sistema de justicia, espacio donde anteriormente se atendía la problemática forense de manera exclusiva. Por último, analizamos la dinámica temporal y espacial de la conjunción de ambas fuentes de financiamiento en las entidades federativas, para contrastar las apuestas de los estados y la magnitud de la crisis forense en estos. Al final, se presentan los principales hallazgos y una discusión sobre los modelos de identificación existentes que detona una serie de recomendaciones, tanto para las entidades federativas como las fuentes que las financian.
