La creación y operación de los refugios en México inició en la década de los noventa como una de las principales aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para proporcionar servicios de protección a las mujeres que han sido víctimas de violencia familiar.1 Precisamente, la impunidad institucional, ampliamente documentada por organismos internacionales para el emblemático caso de los feminicidios en Ciudad Juárez, era una clara muestra de la ausencia de marcos legales, institucionales y de política pública adecuados para hacer frente al grave problema de la violencia contra las mujeres en nuestro país y de manera específica para la atención a las víctimas.
En este contexto, Fundar se propueso elaborar un diagnóstico de las políticas públicas, programas y presupuestos destinados a los refugios para la atención a las mujeres sus hijas e hijos que han sido víctimas de violencia familiar. Los objetivos que persigue este diagnóstico son: Describir el papel de los refugios en la atención a las víctimas de violencia familiar en México; Analizar la inserción de los refugios en la política pública de atención a la violencia familiar en México con especial énfasis en el financiamiento público; Contribuir a mejorar la información pública sobre el funcionamiento de la política pública de atención a la violencia familiar.
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