El nuevo modelo de transparencia y acceso a la información pública en México

El derecho a la información es un derecho humano que permite buscar, recibir y difundir información, y ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un elemento esencial para poder ejercer otros derechos, como el derecho a la salud, el acceso a la justicia y la participación ciudadana.

Además, es una herramienta valiosa para que la sociedad se convierta en actor clave en el monitoreo del ejercicio del poder público y exija a sus gobernantes una rendición de cuentas sobre las políticas públicas que adoptan, o los recursos públicos que ejercen.

¿Pero en dónde estamos ahora tras la reforma en materia de transparencia de 2024?

Luego de la reforma constitucional de simplificación orgánica que eliminó a los organismos garantes de transparencia, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y aquellos de las entidades federativas, regresó el modelo con el que se inició hace 25 años. En marzo de 2025, se derogó la Ley General de Transparencia aprobada en 2015, la cual había ganado reconocimiento internacional, para publicarse una nueva que aún se está implementándose.

El nuevo modelo de transparencia y acceso a la información pública en México busca ser una guía para identificar los principales cambios normativos, institucionales y los principios que actualmente rigen el derecho a la información, con el fin de facilitar su ejercicio.

La armonización institucional y normativa en las entidades federativas tomó todo 2025 y durará algunos meses de 2026 para que se ajusten al nuevo modelo de transparencia. Sin embargo, tomará mucho tiempo más para que las nuevas entidades asuman efectivamente sus funciones como garantes del derecho a saber. Recordemos que la maduración del andamiaje de transparencia anterior tomó más de 20 años.

Por ello, es importante que este nuevo sistema se pruebe y se utilice, pues en la medida en que se detecten y se expongan las fallas, podrán hacerse mejoras. Además, si este no tuviera utilidad, se perdería una de las principales herramientas a través de las cuales las entidades gubernamentales identifican los problemas públicos que preocupan a la sociedad, y el canal para que la sociedad pueda solicitar a sus gobernantes rendir cuentas respecto a su actuar. Si no lo utilizamos, perderá su valor y se volverá muy difícil su defensa.