En 2003, se creó en México el Sistema de Protección Social en Salud —mejor conocido como Seguro Popular—, un esquema, entre la Federación y los 32 estados, que financiaba un catálogo acotado de padecimientos e intervenciones en salud para la población que no contaba con seguridad social y que estaba en una situación de mayor vulnerabilidad. Para su financiamiento se constituyó el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud.
Con la promesa de superar las limitaciones de cobertura y accesibilidad del Seguro Popular, en 2019 se reformó la Ley General del Salud para crear el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que atendería -como su antecesor- a la población sin seguridad social. Dicho Instituto estableció su población objetivo en 66 millones 273 mil personas —14 millones más que los 52 millones que cubría el Seguro Popular.
La reforma transformó al Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud en el Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI). Si bien se generaron nuevas reglas para su operación, se conservó la asignación de 73% de sus recursos para el financiamiento de las 66 intervenciones de alto costo de pacientes del INSABI.
Según el Programa Sectorial de Salud 2020-2024, el FONSABI permitiría ampliar la cobertura de padecimientos de alto costo que se financiaban y la efectividad de este instrumento. A la luz de lo anterior, este trabajo de investigación analiza el FONSABI, sus objetivos y las estrategias que propone en sus nuevas reglas de operación, así como los retos de financiamiento, cobertura, transparencia y rendición de cuentas que enfrenta y que pueden impactar en el cumplimiento de sus fines y, con ello, el derecho a la salud para la población sin seguridad social en México.
Para desarrollar este trabajo se utilizó una metodología cualitativa, con información de tres fuentes diversas: 1) se consultó y analizó toda la información sobre este tema disponible en informes institucionales y financieros, leyes, reglas de operación, manuales, sitios web, entre otros; 2) se realizaron 79 solicitudes de acceso a información sobre todo al INSABI y a la Secretaría de Salud; y, finalmente, 3) se realizaron nueve entrevistas con personas expertas de la academia, del INSABI, de organizaciones de la sociedad civil y de pacientes con enfermedades de alto costo financiadas o no por el FONSABI.
