El Paquete Económico 2027 revela los límites del modelo fiscal vigente. La presión de la deuda y el déficit hacen que el gobierno opte por la cautela macroeconómica, lo que se refleja en proyecciones moderadas de crecimiento, tipo de cambio e inflación.
Un espacio fiscal limitado para garantizar derechos
México se encuentra en una encrucijada fiscal: el espacio fiscal sigue siendo limitado, se necesita crecimiento para generar mayor bienestar y justicia para la población, pero para ello se requiere más inversión en infraestructura y otros bienes y servicios públicos. La falta de una reforma fiscal progresiva junto con la merma en los ingresos petroleros ha dejado al Estado con pocas posibilidades de obtener mayores recursos y, por tanto, de tener las capacidades materiales para garantizar los derechos de la población.
A pesar de que hoy tenemos un gobierno que ha privilegiado acciones dirigidos a los grupos de población en situación de pobreza, estos cambios en el pacto social no se han logrado reflejar en un nuevo pacto fiscal. Hoy, la recaudación tributaria significa la mayor fuente de ingresos, y aunque es cierto que las medidas contra la evasión y la elusión son necesarias y han logrado una mayor recaudación, aún se requieren más esfuerzos que logren aumentar nuestra recaudación de manera progresiva y sostenible.
En 2027, la principal estrategia de recaudación consistirá en modificar el régimen fiscal de las personas morales, pues se implementará un mecanismo para limitar las deducciones, las pérdidas fiscales y la deducción de intereses. Sin embargo, paralelamente se proponen más estímulos fiscales para atraer la inversión que potencialmente podrían beneficiar a los grandes contribuyentes del país. El diseño de estos estímulos no contempla obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, lo que podría limitar la posibilidad de evaluar sus resultados.
Cultura y salud: derechos que enfrentan un presupuesto insuficiente
Lo anterior tiene repercusiones sobre el gasto específico en diversos sectores. Uno de ellos es el sector cultural. A pesar de que contamos con un marco legal que garantiza los derechos culturales, el gasto inercial en el sector ha complicado la operación de recintos y programas y pauperizado las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector, quienes no tienen seguridad social.
Mientras tanto, el Paquete Económico 2027 tiene como objetivo que la política cultural contribuya al ejercicio de los derechos culturales, reduzca las brechas sociales y territoriales, y amplíe la participación de la población en la vida cultural. Ante un objetivo tan ambicioso, una discusión presupuestaria de fondo permitirá valorar qué tan cerca están los recursos propuestos de estos objetivos.
Otro sector que no contará con un gasto suficiente para garantizar los derechos de la población es el de la salud. Aunque el Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF) 2027 propone un importante aumento de los recursos para el próximo año, el presupuesto de la función salud representará apenas 2.8% del PIB, cifra que es menos de la mitad de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud respecto a que los países destinen 6% del PIB a la salud pública.
Pero además, el 70% del gasto total en salud previsto para 2027, equivalente a 784,636 mdp, se asignaría para financiar la salud de la población con seguridad social y solo 30%, equivalente a 344,065 mdp, iría dirigido a la salud de la población sin seguridad social, lo que ampliará la brecha de acceso y cobertura en salud entre estos grupos.
Una disminución que nos preocupa específicamente es la que ocurre con los recursos del programa presupuestario que financia la Política de salud materna, sexual y reproductiva: el presupuesto proyectado en el PPEF 2027 por 2,996 millones de pesos es 16.3% menor al asignado en 2019, el cual ascendió a 3,578 millones de pesos, y es 10.6% menor a lo aprobado en 2020, cuando fue de 3,349 millones de pesos. Lo anterior evidencia un desfinanciamiento de la política de salud materna, sexual y reproductiva durante los últimos años, lo que es negativo y preocupante si se consideran los obstáculos en materia de acceso a la salud sexual y reproductiva.
avances y rezagos en cuidados, igualdad, medio ambiente y derechos de los pueblos
Una de las apuestas más ambiciosas y necesarias del gobierno actual es garantizar el derecho al cuidado. Para ello se planteó la construcción de un Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados (SNPC) que, además de garantizar el derecho al cuidado, pueda asegurar la autonomía económica de las mujeres a través del reconocimiento, la redistribución y la reducción de las cargas de trabajo doméstico y de cuidados que, históricamente, han recaído principalmente en ellas.
No obstante, en lugar de un crecimiento progresivo para cumplir con el derecho al cuidado, para 2027 se proponen 475,959.7 millones de pesos para el Anexo 31 (Consolidación de una sociedad de Cuidados), un monto 2.3% menor en términos reales al que fue aprobado en 2026. Es preocupante, particularmente, el bajo gasto en inversión física en materia de cuidados, y que existan disminuciones en programas como el de Expansión de la Educación Inicial, que disminuye 7.6% real y, el programa de los Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil, que cae 8.5%, lo que puede representar un aumento en las cargas para las mujeres, quienes mayoritariamente cuidan a las infancias.
Por otra parte, el Anexo 13 es un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas valioso para medir el compromiso real del Estado mexicano con la igualdad de género. Después de que en los últimos años el Anexo 13 había tenido aumentos considerables, en 2027 tendrá un crecimiento mínimo de 2.1%, al pasar de 623,172 millones de pesos en 2026 a 636,133 millones de pesos para 2027.
En materia ambiental, el presupuesto para 2027 tendría un aumento de 36.3% para la función Protección Ambiental, que pasaría de 17,769 millones de pesos en 2026 a 24,224 millones de pesos en 2027. La mayor parte de los recursos se distribuirá en aspectos relacionados con el agua mientras que rubros como la protección de la biodiversidad, la conservación de áreas naturales protegidas y la infraestructura ambiental crecerán poco o incluso perderán presupuesto.
Dicho gasto se relaciona con el que se registra en el Anexo 15 (Estrategia Nacional de Transición Energética) que ascendería a 20,289 millones de pesos en 2027, un crecimiento real de 9.2% respecto al 2026. A pesar de dicho incremento y de la inclusión de nuevas dependencias y entidades, el análisis revela que la construcción de este instrumento continúa siendo un ejercicio inercial. En él persisten la falta de justificación y la inclusión de programas asociados al modelo fósil, tal como lo revela el caso de Pemex.
En el Anexo 16, Recursos para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, hay dos buenas noticias y una mala: las buenas son que, por un lado, se excluye el programa presupuestario Defensa de la Integridad, la Independencia y la Soberanía del Territorio Nacional que no tiene relación con el cambio climático y que en 2026 concentró 21% del total del presupuesto en materia de cambio climático; y, por otro lado por primera vez se incorpora una categoría que permite identificar si el presupuesto está alineado a algún componente de la contribución Determinada a Nivel Nacional o NDC. Sin embargo, la mala noticia es que el gasto en materia de cambio climático apenas ascenderá al 0.4% del PIB, un gasto insuficiente si se compara con las proyecciones que consideran que el presupuesto para la acción climática debería ascender a un mínimo del 2.2% del PIB.
Existen diez programas asociados al cumplimiento de los objetivos planteados en la Política Nacional para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (PNMSMC). El PPEF 2027 contempla un monto de 42, 631 millones de pesos para mares y costas, la asignación otorga 61.4% del total para un solo programa: Emplear el Poder Naval de la Federación Para Salvaguardar la Soberanía y Seguridad Nacionales. Asimismo, 38.6% (16,456 millones de pesos) restante se distribuye entre nueve programas.
El Anexo Transversal 10 agrupa las erogaciones para el desarrollo integral, intercultural y sostenible de los pueblos indígenas y afromexicanos. En 2027 tendrá recursos por 254,961 millones de pesos,10,787 millones más que lo asignado para 2026, un incremento de 4.4% en términos reales.
Por su parte, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), se instituyó como la vía principal para que los pueblos y las comunidades administren y ejerzan de manera directa recursos públicos. Para 2027, el FAIS contempla un monto de 144,752 millones de pesos. El 10% del FAIS, lo que se destinaría a pueblos y comunidades durante 2027 sería equivalente a 14,475 millones, que divididos entre las 16,728 comunidades que reconoce el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, corresponde a alrededor de 865,323 pesos a cada una. Estos recursos deben cubrir obras de infraestructura social básica durante todo el año. Sin embargo, el umbral de 10% no está incluido en la Ley de Coordinación Fiscal, sino que depende del Decreto de Presupuesto de Egresos de cada año, lo que provoca que este presupuesto esté en función de la voluntad política o de la disponibilidad fiscal.
agendas pendientes: seguridad, crisis forense y anticorrupción
Para las políticas anticorrupción, una de las agendas pendientes del sexenio, el PPEF 2027 contempla 8,534 millones de pesos, lo que representa una disminución de 0.8% respecto a 2026. Dicho presupuesto será insuficiente para tener investigaciones robustas y herramientas y capacidades técnicas de vanguardia para identificar y desmantelar redes criminales complejas y para implementar políticas de prevención. Disminuir y erradicar la corrupción pasa por asignar presupuestos acordes con la magnitud de los problemas públicos y vigilar que éstos se ejerzan de forma adecuada. Preocupa especialmente el escaso presupuesto destinado a Transparencia para el Pueblo y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Por último, el PPEF 2027 muestra un panorama altamente contradictorio en materia de seguridad y justicia, particularmente en la atención a la desaparición y crisis forense. Por un lado, existe un cambio positivo en las tendencias históricas de la asignación presupuestal para la investigación penal en materia de violaciones graves a derechos humanos mientras que, por el otro lado, persisten inercias y se agravan retrocesos presupuestales en materia de búsqueda de personas desaparecidas, crisis forense, atención a víctimas, al tiempo que se consolida una política de seguridad centralizada y con un enfoque altamente militarizado.
El presupuesto, espejo DE prioridades del Estado
El PPEF 2027 muestra que el problema no es únicamente cuánto se gasta, sino qué prioridades expresa el presupuesto y si los recursos son suficientes para cumplir con los derechos y compromisos que el propio Estado ha establecido. En distintos ámbitos como salud, cuidados, igualdad de género, medio ambiente, pueblos indígenas, cultura, anticorrupción, mares y costas y seguridad y justicia, persisten brechas entre los objetivos planteados y los recursos destinados a alcanzarlos. La falta de espacio fiscal, como consecuencia de una creciente deuda pública y gran proporción de gastos comprometidos, no puede convertirse en una justificación permanente para postergar estas necesidades.
Por ello, la discusión del presupuesto debe ir acompañada de una discusión sobre los ingresos y sobre el pacto fiscal que México necesita. Garantizar derechos, reducir desigualdades y enfrentar las crisis sociales y ambientales requiere reasignar mejor el gasto y contar con ingresos públicos suficientes, sostenibles y progresivos. El reto para los próximos años es construir ese espacio fiscal y utilizarlo para financiar las transformaciones que el país necesita, con mayor transparencia, rendición de cuentas y participación pública. El presupuesto no es solo la herramienta que muestra cuáles son las prioridades de un gobierno, es una expresión concreta de las prioridades del Estado y de su capacidad para hacer efectivos los derechos de la población.
