De lo privado a lo colectivo, la socialización de la generación de energía analiza los desafíos y las oportunidades de la generación distribuida en México como una alternativa para avanzar hacia un modelo energético descentralizado, social, sostenible y respetuoso de los derechos colectivos.
A diez años de su incorporación legal y en el contexto de la nueva Reforma del Sector Eléctrico 2025, esta investigación evidencia que la generación distribuida ha sido tratada principalmente como un instrumento para incentivar la participación privada, sin mecanismos que garanticen su apropiación social ni su implementación en comunidades rurales y urbanas con mayores niveles de vulnerabilidad energética.
¿Cómo puede la generación distribuida contribuir a una transición energética justa?
Al permitir la generación y gestión de la electricidad desde lo local, mediante tecnologías renovables, reduciendo pérdidas de transporte, costos de consumo y presión sobre el Sistema Eléctrico Nacional.
No obstante, su adopción enfrenta tres barreras principales:
- limitaciones regulatorias,
- insuficiencia de programas de financiamiento y apoyo técnico, y
- alto costo y complejidad tecnológica para comunidades y personas usuarias de pequeña escala.
Aunque la Reforma energética 2025 mantiene lineamientos previos sobre generación distribuida, e incorpora cambios relevantes, estos ajustes no resuelven la falta de mecanismos de participación comunitaria, ni garantizan que los proyectos de generación respondan a las necesidades reales de los territorios, especialmente en zonas rurales donde la demanda energética y las condiciones socioambientales requieren soluciones adaptadas y culturalmente pertinentes.
Entre el discurso de justicia energética y las prioridades del Estado
La investigación identifica contradicciones entre el discurso de justicia energética de la Reforma y las disposiciones que continúan priorizando la infraestructura estratégica del Estado sobre los derechos colectivos. Persiste la ausencia de procesos de consulta adecuados y apegados a los estándares internacionales, la falta de transparencia en la toma de decisiones, así como escasos mecanismos para la participación efectiva de los pueblos indígenas, afromexicanos y mujeres en el diseño, operación y beneficio de los proyectos energéticos.
Además, se examinan las experiencias comunitarias que revelan la necesidad de:
- modelos de gobernanza comunitaria de la energía;
- esquemas de financiamiento accesibles;
- capacitación técnica;
- soberanía energética local, y;
- marcos regulatorios que reconozcan la energía como un derecho y no sólo como un bien de mercado.
El estudio propone recomendaciones de política pública, orientadas a posicionar la generación distribuida como un instrumento para la equidad social, la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento de las capacidades locales. Estas recomendaciones buscan influir en la planeación energética nacional, el diseño de programas presupuestarios y la modernización del marco regulatorio, de manera que México pueda transitar hacia un modelo energético verdaderamente social, descentralizado, limpio y con enfoque intercultural y de género.
