En 2014, México se convirtió en el primer país de Latinoamérica y el Caribe en crear un impuesto que, además de generar ingresos para el Estado, busca desincentivar el consumo de combustibles fósiles y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Desde entonces, Chile, Colombia, Argentina y Uruguay se han sumado a la lista de países de la región que cuentan con políticas tributarias asociadas a la reducción de gases de efecto invernadero (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [cepal], 2024). A pesar de esta tendencia, los impuestos al carbono a menudo son cuestionados por su baja efectividad para combatir el cambio climático y por impactar de manera desproporcionada a las personas de bajos ingresos.
El impuesto federal al carbono es una herramienta de política climática relativamente reciente y su funcionamiento suele generar inquietudes entre las personas y organizaciones interesadas en promover la justicia climática. Por esta razón, este documento brinda un panorama de sus características, su diseño, sus niveles de recaudación y los desafíos redistributivos. Además, aborda algunas de las críticas y problemáticas asociadas a su implementación.
