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Reforma fiscal, punto de partida hacia la igualdad

Cuando hablamos de derechos, se suele pensar en un estándar abstracto, ideal. Sin embargo, son, en realidad, muy concretos: el derecho a la educación significa que las y los niños vayan a escuelas en las que adquieran la formación que necesitan; el derecho a la salud implica que las personas tengan acceso a servicios médicos de calidad y que sean apropiados culturalmente; el derecho a la seguridad social se concreta cuando las personas obtienen una pensión y pueden inscribir a sus hijas e hijos a una guardería.


Así, la garantía de los derechos pasa por la provisión de servicios públicos de calidad, que no discriminen: escuelas que funcionen para igualar condiciones de arranque en la vida, hospitales que respondan a las necesidades sociales e instituciones que sean capaces de otorgar servicios universales pero sensibles a las diferencias. Sin embargo, este no es el caso de México.

Por diseño, nuestro país ofrece peores servicios a quienes menos tienen. Solo el 4 por ciento de las mujeres indígenas alcanza la educación superior (CONEVAL, 2018). Las personas no afiliadas al IMSS pagan más por las medicinas que las que sí están afiliadas. En pandemia, la tasa de mortalidad de los hospitales privados ha sido mucho menor a la de los hospitales públicos. El resultado es que incluso antes de la COVID-19, la tasa de pobreza prácticamente no se había movido en veinte años.

Modificar esta realidad implica forzosamente cuestionar la manera en la que actúa el Estado. El Estado está obligado a combatir la desigualdad y a transformar las condiciones de vida de millones de personas que viven en pobreza en México a través de políticas de desarrollo social. Sin embargo, sabemos que eso no se logrará mientras tengamos un espacio fiscal reducido y un sistema tributario que permite que quienes más tienen paguen menos. Al mismo tiempo, comprendemos el enorme desafío que implica una nueva política fiscal, particularmente en un país en el que 4 de cada 10 personas piensan que es justo evadir impuestos por la corrupción del gobierno (Oxfam México, 2020).

Necesitamos hablar abierta y públicamente de una reforma fiscal integral. A través de seis ensayos cortos, este documento pretenden sumar a la discusión, plantear el panorama y alternativas de política pública para avanzar hacia la igualdad.