En abril del 2017, el entonces presidente Peña Nieto inauguró la ampliación del Paso Exprés de Cuernavaca, una obra pública que costó más de 2,200 millones de pesos. Sólo tres meses después, el 12 de julio, en la nueva construcción, se formó un socavón donde cayó un auto, causando la muerte de dos personas.
El socavón detonó varias investigaciones y procesos institucionales para indagar en lo que sucedió, identificar sus causas, sancionar a los culpables, resarcir daños e implementar cambios que garanticen la no-repetición.
Entre estos procesos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos comenzó una investigación de oficio y emitió, en octubre de 2018, la Recomendación 34/2018 donde publica un conjunto de puntos recomendatorios a cinco instituciones que tuvieron algún grado de responsabilidad en el caso: la Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Gobierno del Estado de Morelos, y el Ayuntamiento de Cuernavaca. Esta Recomendación fue aceptada por las instituciones, con lo cual se obligaron a su cumplimiento.
A tres años de este acontecimiento, en Fundar, documentamos la implementación y cumplimiento de esta Recomendación a nivel federal por la SCT, BANOBRAS, y CONAGUA. En los siguientes enlaces podrás encontrar los resultados de la investigación así como un resumen ejecutivo de la misma.
