En la última década ha proliferado la implementación de proyectos de inversión o desarrollo sobre el territorio nacional como resultado de los miles de permisos que el Estado Mexicano ha otorgado en diversos sectores, como el minero o el energético.
Muchos de estos permisos han sido entregados sobre los territorios de comunidades indígenas, las cuales —junto con comunidades campesinas— se han convertido en los principales actores de resistencia contra los llamados megaproyectos. Los conflictos existentes y los juicios que las comunidades han interpuesto para la defensa de su territorio revelan que dichos megaproyectos han sido autorizados en violación a una serie de derechos que les son reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos y en la Constitución Mexicana.
Realizar estudios de impacto antes de autorizar megaproyectos: una obligación del Estado Mexicano, es un análisis sobre esta obligación del Estado y los estándares mínimos que debe observar para su cumplimiento. Con esto pretendemos, por un lado, recordar al Estado Mexicano su deber de cumplir con ella y de garantizar que la legislación nacional se encuentre armonizada de conformidad con dichos estándares y, por el otro, dotar a las comunidades indígenas (y no indígenas también) y a las organizaciones que las acompañan de mayores argumentos legales que les permitan defender sus derechos y sus territorios de la imposición de los megaproyectos que aún persiste.
