La reciente opinión consultiva 32 de 2025 sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte idh) concluye que la coyuntura actual representa una auténtica crisis climática, originada por el acelerado incremento de la temperatura global como consecuencia de diversas actividades humanas, cuya responsabilidad recae de forma desigual en los Estados que integran la comunidad internacional. Estos procesos generan impactos progresivos y ponen en riesgo a la humanidad, afectando de manera particular a las poblaciones más vulnerables. Enfrentar esta crisis requiere medidas inmediatas, coordinadas y efectivas, con un enfoque de derechos humanos. De igual forma, la Corte IDH destacó el alcance del derecho al ambiente sano y se refirió al reconocimiento de la Naturaleza y sus componentes como sujetos de derechos.
En ese marco, esta Corte aborda las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, de los Estados para mitigar el cambio climático dentro de las cuales se encuentra contribuir con una transición (energética) justa.
En Retos y oportunidades para una transición energética justa y transparente detectamos los siguientes hallazgos:
La Ley de Planeación y Transición Energética, promulgada en marzo de 2025, regula la planeación energética vinculante y otorga a la Secretaría de Energía (Sener) facultades para fortalecer la soberanía, justicia y autosuficiencia energética. La ley introduce por primera vez el concepto de justicia energética, prioriza el papel de cinco instituciones clave y reduce las atribuciones de otras, limitando además la participación ciudadana institucionalizada en la planeación, en comparación con la normativa anterior.
En lo relativo a los instrumentos financieros vinculados a la transición energética encontramos que presentan deficiencias significativas de información que impiden evaluar el cumplimiento a cabalidad de sus fines, el impacto de su financiamiento en las metas de transición energética y que pueden aumentar los riesgos de opacidad y corrupción. En ambos, se detectaron los siguientes vacíos de información:
- Faltan datos clave sobre gobernanza y toma de decisiones, uso de recursos, indicadores de impacto, rendición de cuentas, e instrumentos de fiscalización.
- La participación ciudadana es limitada.
