Los escándalos de corrupción registrados en los últimos sexenios como los casos de Odebrecht, la Estafa Maestra, la compra de Agronitrogenados, el socavón del Paso Exprés, las irregularidades en Segalmex o en Birmex, han contribuido a que México continúe ubicándose entre los países con mayores niveles de percepción de corrupción.
El costo de la corrupción no sólo es económico, sino que impacta en la garantía de los derechos humanos, en la calidad de vida y el bienestar de las personas afectando más y de manera diferenciada a grupos en situación de vulnerabilidad. Si bien en los útlimos años se han implementado diversas medidas que han intentado frenarla a través de políticas anticorrupción, que en su mayoría son de carácter punitivo o de control de quienes ejercen la función pública, pero que han tenido muy poca efectividad, pues sólo el 0. 2% de las denuncias por corrupción ante las Fiscalías Anticorrupción llegó a sentencia.
Una de las medidas que buscó integrar una visión de atención más integral fue la construcción de un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) cuyo propósito fue impulsar el trabajo de coordinación interinstitucional, en todos los niveles de gobierno y, por primera vez, la participación ciudadana. No obstante, desde su creación en 2016, no ha logrado consolidarse plenamente ni reducir de manera significativa la corrupción ni sus impactos en la garantía de los derechos humanos.
Las reformas estructurales a los organismos autónomos y del Poder Judicial conllevan inminentemente reformas al SNA y por consiguiente al modelo de combate a la corrupción.
Desde Fundar consideramos que hay una oportunidad para cambiar, eliminar y fortalecer los ejes esenciales en la agenda anticorrupción y en la protección de la garantía de los derechos humanos afectados por este fenómeno.
