En las últimas décadas, las mujeres y personas con posibilidad de gestar en México y América Latina se han movilizado y exigido su derecho a la autonomía reproductiva y a un aborto seguro. Gracias a esta lucha, hoy, en 25 estados en México el aborto voluntario, hasta cierto número de semanas, es legal y los servicios de salud públicos están obligados a proporcionarlo. Además, desde 2020, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud desarrolló una política pública que garantiza este derecho y, con ese fin, a partir de 2021 publicó un Lineamiento Técnico para su atención en las instituciones de salud pública. Actualmente, también existen 405 servicios de aborto seguro, distribuidos en todo el país, que realizan la interrupción legal del embarazo. A pesar de estos importantes avances legales y de política pública, las mujeres y personas con posibilidad de gestar aún enfrentan barreras infranqueables al intentar acceder a servicios de aborto seguro, lo cual afecta sus derechos y sus vidas.
Por medio de entrevistas a 43 mujeres, principalmente habitantes de la zona metropolitana, esta investigación indaga cuáles son y cómo enfrentan estas barreras en el acceso a los servicios de salud pública, pese a las garantías de la política y el Lineamiento Técnico. Por otra parte, este trabajo explora cuáles son las condiciones, las prácticas y los elementos que ellas consideran indispensables para tener procesos de aborto seguros, acompañados y respetuosos de sus derechos.
Estos testimonios ofrecen información cualitativa valiosa para delinear propuestas encaminadas a fortalecer la política y los servicios de aborto seguro existentes, a partir de las necesidades y sentires de las personas usuarias.
