La tercera edición del Índice de acceso al gasto en publicidad oficial, realizado por Fundar y Artículo 19, confirma que sigue siendo difícil acceder a la información sobre los recursos que nuestros gobernantes entregan a los medios de comunicación y, peor aún, que este gasto ha aumentado. Ante este escenario, la aprobación de una ley que reglamente el uso de la publicidad oficial es necesaria para prevenir y sancionar los abusos, pero la propuesta presentada por el PRI y el PVEM no terminará con el problema.
Para la realización de esta tercera edición del índice solicitamos a las 32 entidades federativas del país el presupuesto aprobado y ejercido en publicidad oficial, así como el desglose del gasto por tipo de medio, proveedor, campaña y concepto. Los datos que revela el índice son alarmantes: de las 26 entidades federativas de donde fue posible conocer información, se gastaron en total 5,377 millones de pesos en 2012; de los cuales sólo es posible conocer qué fue lo que pasó con 53% de esos recursos. Lo que se ejerció en 2012 es mayor por 668 millones de pesos a lo gastado en 2011, y equivale a dos veces el presupuesto que los tres órdenes de gobierno ejercieron en 2012 para infraestructura de educación media superior de todo el país.
A pesar de que efectivamente existe una mejora generalizada en las condiciones de acceso a la información, el índice permite conocer quiénes son los campeones de la opacidad y cuáles son los obstáculos más comunes para el ejercicio de nuestro derecho a estar informados sobre las acciones gubernamentales. Coahuila, Guerrero, Puebla y Tamaulipas negaron cualquier tipo de información y en la gran mayoría de los estados persisten prácticas como la declaración de inexistencia de cierta información, la indebida clasificación de la información como reservada (en Chihuahua se reservó la información por poner en riesgo la vida), la ausencia de autoridades específicas que se encarguen de registrar los gastos o las negativas de acceso por ser información en proceso de fiscalización.
De las 32 entidades evaluadas, solamente San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán obtuvieron la más alta calificación. En otras palabras, prácticamente todas las entidades del país obstaculizan el ejercicio de nuestro derecho a la información e incumplen los principios constitucionales que rigen el uso de recursos públicos.
Recientemente, el PRI y el PVEM en el Senado presentaron una iniciativa para regular la propaganda gubernamental. Su propuesta poco rescata de los principios para la regulación de la publicidad oficial emitidos por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y es un hecho que no atacará los problemas que durante tres años consecutivos han sido denunciados por Fundar y Artículo 19. En lugar de crear más mecanismos para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, la iniciativa prácticamente obliga a las autoridades a continuar actuando como hoy ya lo hacen: de forma opaca. Es necesario que todos los gastos sean detallados a profundidad para saber quién, cuándo, cómo, por qué y para qué se usó nuestro dinero.
La propuesta de ambas bancadas tampoco se preocupa por reducir el gasto excesivo en publicidad: no establece topes al gasto ni sanciones específicas al uso indebido de la publicidad. Además, en lugar de combatir de una buena vez que los servidores públicos ya no gasten millones de nuestros recursos anualmente con motivo de su informe de labores, la iniciativa normaliza esta práctica y se aparta de lo establecido en el artículo 134 constitucional (la prohibición a la promoción personalizada de cualquier servidor público).
Ante la inexistencia de reglas claras, los gobiernos locales eligen de manera indiscriminada y arbitraria a los medios que contratan; lo cual abre las puertas para que la publicidad sea una herramienta de control y censura. El 30 de abril de este año vence el plazo constitucional para la creación de una ley en materia de publicidad oficial. Si en esta ocasión los legisladores cumplen con lo que la Constitución les ordena (con lo que ellos mismos se comprometieron), la iniciativa del PRI y el PVEM no contribuirá a garantizar nuestros derechos ni a transparentar los recursos. El cumplimiento de nuestros derechos se comprueba con hechos, no con canciones pegajosas ni frases absurdas.
*Iván Benumea
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