Hay mucha desinformación con relación al Sistema Nacional Anticorrupción debido a la complejidad del proceso legislativo, a la confusión provocada por los medios de comunicación y a declaraciones sacadas de contexto. Tal vez lo mejor es empezar por decir qué no es el Sistema Anticorrupción. Mucho se dice que el sistema es la “ley 3 de 3”, esto es falso. El proyecto 3 de 3 es una forma distintiva o simbólica de referirnos a una iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Para posicionar en la opinión pública dicho tema e iniciar una campaña de apoyo a este esfuerzo ciudadano sin precedentes, 3 de 3 hace referencia a la obligación de los servidores públicos de presentar 3 declaraciones de 3 conceptos distintos, en las cuales -de ser el caso- se puedan identificar conflictos de interés en el ejercicio de su cargo, o variantes en su situación patrimonial y/ fiscal. En realidad se trata de disposiciones vinculadas a dichas declaraciones, insertas en un cuerpo normativo mucho más amplio el cual a la vez forma parte del paquete de leyes, que una vez creadas o reformadas le darán vida al Sistema Nacional Anticorrupción.
Hay quienes piensan que el Sistema es una nueva autoridad capaz de acabar con la corrupción por sí misma; esto tampoco es cierto, se trata de un conjunto de autoridades que trabajarán de manera coordinada con el fin de combatir la corrupción.
Queda entonces claro que 3 de 3 no es el Sistema Nacional Anticorrupción, ni se sustenta en el trabajo de una sola instancia. El paquete que trabaja el legislativo se conforma de 7 leyes, las cuales intentaré describir de forma breve:
1) Se creará la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción
Esta ley define al Sistema como una instancia de coordinación entre autoridades, entre las cuales están el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Auditoria Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de la Función Pública y el Comité de Participación Ciudadana. Operarán a través de un Comité Coordinador; en esta ley se crea también la figura del comité de participación ciudadana. También se determina la creación y mecanismo de operación del Sistema Nacional de Fiscalización, el cual permitirá optimizar la labor de las autoridades de auditoria, control, vigilancia y fiscalización del gasto federalizado en todo el país.
2) Se crea una nueva Ley Federal de Fiscalización y rendición de Cuentas
En ella se fortalece el papel de la Auditoria Superior de la Federación, se mejora la oportunidad de sus informes y el alcance de los sujetos y objetos de fiscalización.
3) Se creará una Ley General de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos
Como ya se mencionó, esta ley se sustenta en la iniciativa ciudadana que contó con el respaldo de más de 630 mil personas indignadas y hartas de la corrupción en México, en ella se prevé regular la conducta de los servidores públicos y de particulares a través de reglas claras, obligaciones y sanciones por corrupción aplicables en todo el país.
4) La creación de una Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Este cuerpo colegiado sancionará las irregularidades graves y actos de corrupción que se susciten en la gestión pública, no solo se enfoca en las responsabilidades de los servidores públicos, también comprende a los particulares que se relacionen con actos de corrupción.
5) Se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Esto a fin de reintegrar al conjunto de dependencias de gobierno a la Secretaría de la Función Pública, la cual se eliminó en 2012, pues se pretendía sustituirla con una Comisión Nacional Anticorrupción, la cual nunca vio la luz.
6) Se reforma el Código Penal Federal
Con el objeto de precisar los delitos relacionados con actos de corrupción.
7) Se reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
A efecto de determinar la naturaleza, facultades y los mecanismos de selección del Fiscal Especial de Combate a la Corrupción.
En el proceso para definir los contenidos de las leyes que votará el Congreso en un periodo extraordinario, hemos participado diversas organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas a través de documentos y en mesas técnicas para colaborar con observaciones concretas al proceso de elaboración de leyes en donde hemos tenido la oportunidad de escuchar y colaborar con todas las fuerzas políticas. En esa virtud se manejan diversas posiciones técnicas y de implementación sustentadas en el análisis, las capacidades y la experiencia tanto de investigadores como de académicos preocupados porque el país pueda tener un sistema de combate a la corrupción eficaz.
Ahora estamos en espera del periodo extraordinario que iniciará el 13 de junio. En la Cámara de Senadores se presentarán la Ley General de Responsabilidades Administrativas; la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, y se harán reformas al Código Penal y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; por otra parte, en la Cámara de Diputados se presentarán la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Aún falta mucho en el camino para enfrentar la corrupción, no obstante este avance sin duda habrá que reconocerlo y aplaudirlo.
