El pasado 22 de junio, el gobierno federal lanzó la campaña nacional “#MéxicoSinTortura”, en el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura, que se conmemora cada 26 de junio. Según informaron distintas dependencias federales y estatales, la iniciativa busca informar, sensibilizar y fortalecer capacidades institucionales para prevenir y combatir este delito. Está dirigida a la ciudadanía, a las víctimas, a personas servidoras públicas y al ámbito académico.
La pregunta, sin embargo, es inevitable: ¿puede una campaña, por sí sola, contribuir a erradicar una práctica tan arraigada? La información pública y la sensibilización son pasos necesarios, pero claramente insuficientes, pues para lograr su impacto, deben integrarse en una política sostenida y permanente.
Una campaña como #MéxicoSinTortura tendría que estar visible de forma continua en las instituciones públicas y no limitarse a una fecha conmemorativa. Su presencia constante serviría para recordar dos cosas fundamentales: por un lado, las obligaciones del Estado de prevenir y erradicar la tortura; por otro, los derechos de las personas frente a posibles actos de tortura o tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes. Sin esa continuidad, hay un riesgo de que el esfuerzo termine diluyéndose en lo simbólico.
Otro punto clave es la forma en que se define el problema. La campaña ha difundido la definición de la Convención contra la Tortura, que trata sobre la imposición intencional de “dolores o sufrimientos graves”; no obstante, la legislación mexicana, en particular la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, es más amplia y protectora: elimina el adjetivo “grave”, lo que permite reconocer como tortura un espectro más amplio de conductas. Este no es un detalle menor. El uso de una definición más limitada puede traducirse en menor reconocimiento de casos y, en consecuencia, menor acceso a la justicia para las víctimas.
Aun con campañas y marcos normativos, la realidad muestra que la tortura sigue presente y, sobre todo, impune. De acuerdo con el Observatorio contra la Tortura, en 2023 se registraron apenas 8 sentencias condenatorias en todo el país y tan sólo 4 condenatorias en 2024, cincuenta por ciento menos. En contraste, el Registro Nacional del Delito de Tortura reporta más de 26 mil expedientes abiertos hasta marzo de 2026. La brecha entre denuncias y sanciones es abismal.
Si se quiere hablar seriamente de un México sin tortura, la estrategia debe ir mucho más allá de la comunicación pública. Al menos cuatro acciones resultan indispensables:
- Combatir la impunidad a través de fiscalías especializadas que actúen con independencia e imparcialidad, así como fortalecer las capacidades del personal ministerial y pericial. También es crucial evitar que la carga de la prueba recaiga en las víctimas, como ocurre con frecuencia.
- Profesionalizar a quienes ejercen autoridad, ya que la prevención pasa necesariamente por la capacitación de todas las personas servidoras públicas que tienen bajo su custodia o cuidado a otras personas: policías, militares, personal penitenciario, migratorio, escolar, médico e incluso quienes operan centros de rehabilitación.
- Garantizar atención integral a las víctimas de tortura, a quienes no solo deja secuelas físicas, sino también emocionales, económicas y sociales. Las víctimas necesitan asesoría jurídica de calidad y acceso a la justicia efectiva, atención digna y acceso a medidas de apoyo y asistencia. Entre 2018 y marzo de 2026, según cifras oficiales se han registrado más de 33 mil víctimas en expedientes por tortura o tratos crueles.
- Implementar de manera efectiva el Programa Nacional para Prevenir la Tortura, como la política pública integral contemplada en la Ley General, acompañada de evaluaciones periódicas, dado que sigue siendo una deuda pendiente.
La erradicación de la tortura no depende de acciones aisladas ni de esfuerzos temporales. Requiere voluntad política, recursos y un compromiso institucional sostenido. Sobre todo, implica reconocer que la tortura no es un problema del pasado ni un fenómeno excepcional. Es una práctica que persiste y que, en muchos casos, sigue vinculada a dinámicas de abuso de poder y fallas estructurales en el sistema de justicia.
Hablar de un México sin tortura exige, mucho más que una campaña: requiere transformar la forma en que el Estado previene, investiga, sanciona y repara esta grave violación a los derechos humanos. También, demanda algo más esencial: reconocer, dignificar y garantizar el acceso a la justicia a las personas sobrevivientes de este grave delito y a sus familias, quienes buscan visibilizarla, denunciarla, y contribuir a erradicarla, mientras enfrentan las secuelas de un México que sí les torturó.
