Las situaciones de injusticia que se viven en carne propia colocan a la persona agredida en condiciones de vulnerabilidad, miedo e indefensión. Si la persona se encuentra en una sociedad organizada, que a su vez haya constituido mecanismos para que se repare la falta, entonces se puede hablar de procesos de acceso a la justicia. Generalmente, los Estados modernos basan la actividad estatal de proveer justicia –monopólica por cierto– en funciones que van desde la investigación de los hechos, la sanción de los responsables y hasta la reparación a las víctimas. Claro está que no todos los Estados logran garantizar ese acceso a la justicia, por ejemplo nuestro país.
Según cifras del INEGI, en México se denuncian aproximadamente el 10.7% de los delitos que se cometen, probablemente a causa de la poca efectividad que las autoridades ministeriales y judiciales tienen para resolver los casos. Es claro y sin ninguna novedad, que en México las víctimas de los delitos no suelen acceder a la justicia, afectando con ello a todos los sectores de la población: a las personas que viven en situaciones marginadas así como a quienes tienen un modo de vida más acomodado; a quienes se dicen de izquierda, de centro y de derecha; a los grupos indígenas y originarios, así como a las personas mestizas y a las extranjeras; a los hombres, las mujeres y a las personas LGBTTIQ. Obviamente, los impactos son diferenciados atendiendo a cada sector de la población. Inclusive los delitos suelen ser diferentes por cada grupo poblacional.
Pero ¿qué pasa cuando ese Estado, con sus mecanismos y sus promesas de justicia, amplía aún más la brecha de desigualdad de acuerdo a los intereses que encuentre más cercanos? Dicho de otra manera, ¿por qué el Estado se enfoca en resolver únicamente las demandas de justicia de quienes logran presionar mediante algún estatus económico y social? Y ¿por qué razón se tienen que violar derechos humanos y provocar nuevas injusticias para argumentar que se provee de justicia a algunas personas? Para quienes operan los sistemas de justicia resulta más sencillo administrarla según grupos sociales binarios: “buenos – malos”, o bien, y últimamente la más recurrente: “víctimas–victimarios”. Maniqueísmos necesarios para el sostenimiento de una dinámica que dice proveer una justicia cuando en realidad, la reproduce.
Una víctima es una “persona que padece las consecuencias dañosas de un delito” o bien que es “destinada al sacrificio”[1]. Entonces si el Estado logra hacer esta primera división entre víctimas y victimarios, naturalmente algunas personas que promueven la desinformación sobre el tema tomarán cualquier caso donde vean a una víctima y la posicionarán directamente en contra de quien ha sido señalado, por el Estado, como victimario. La idea es dar un paso atrás, una reflexión previa a los señalamientos en los medios de comunicación y las informaciones estatales.
Quienes prefieren quedarse con una idea de justicia construida a través de una ira vengativa, no advierten que usualmente esta venganza se coloca sobre quien no ha cometido delito alguno, sino de quien dice el Estado que son los responsables. De ahí que la utilización de la tortura sea uno de los principales métodos de supuesta investigación de las policías y las fuerzas armadas, obteniendo no información veraz sino información adecuada para completar sus líneas de investigación auto-fabricadas. Está claro que con la tortura no se obtiene la verdad ni la justicia, sólo se obtiene un esbozo de venganza mal dirigida sobre una nueva víctima.
En los últimos meses se ha visto cómo algunas personas ávidas de obtener venganza en sus casos, a como dé lugar, profieren sendas descalificaciones contra quienes realizan la labor de defensa de derechos humanos. Hemos visto cómo quienes se codean con el jefe de Estado, hablando de víctimas, puedenproferir falsedades impunemente sobre quienes han documentado violaciones a los derechos humanos. Una violación a un derecho humano, como lo es la tortura, constituye un nuevo delito y en nada ayuda a las víctimas del delito original. Estas nuevas víctimas del Estado sirven para construir chivos expiatorios –constituidos a su vez como receptáculos de la ira de las personas afectadas– y materializan la idea de una justicia malograda para los casos de quienes tienen intereses cercanos al Estado.
No existe distinción entre las víctimas del Estado. Tanto es la víctima por un delito atroz como lo es la víctima que fue forzada a confesar ese delito. La única diferencia es el tablero en el que el Estado las sitúa, llamándoles víctimas y victimarios, y convocando al escarnio público en contra de una para supuestamente satisfacer a la otra. Eso no es justicia; eso es administrar la injusticia con el disfraz de justiciero.
Ahora, con las discusiones legislativas sobre la Ley General de Víctimas y las retrasadas leyes generales contra la tortura y la desaparición forzada, valdría la pena comprender de una vez por todas que la defensa de los derechos humanos beneficia a todas y todos. La defensa de derechos humanos ayuda a construir procesos reales de verdad y de justicia que el pueblo mexicano necesita y no a saciar las ansias de venganza que algunas y algunos solicitan.
[1] Definiciones del Diccionario de la Lengua española de la RAE; consulta en internet.
Por Andrés Marcelo Díaz Fernández
[ Artículo en Animal Político ]
