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Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan? Si somos la esperanza de América Latina” – corean miles de voces de jóvenes marchando por una   de las principales avenidas de la Ciudad de México. La piel se me eriza al escucharles y al verles. Las consignas continúan. “Vivos se los llevaron” – gritan fuertemente los contingentes acerca de los desaparecidos. Lo cual es seguido por una réplica aún más enérgica, que se siente llena de determinación, enojo, indignación y mucho dolor, una clara demanda: “¡Vivos los queremos!”.

Miles de voces al unísono comienzan: “Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once…, veintidós…, veinticinco, veintiséis, veintisiete…” – (¡el conteo parece interminable!) –“treinta, treinta y uno, treinta y dos…, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres”. Sí, hablamos de 43 vidas. Una breve pausa nos envuelve al terminar de gritar cuarenta y tres, tras ésta, las voces, miles de ellas, se alzan en un solo grito; una sola palabra que hace retumbar los corazones y (pareciera) al país entero: “¡JUSTICIA!”.

El 26 de septiembre de 2014, en Iguala, en el estado de Guerrero, policías municipales abrieron fuego en contra de autobuses que transportaban a estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Los normalistas volvían de una jornada de recolección de recursos para costear sus estudios y actividades. El tiroteo dejó un saldo de seis muertos, tres de ellos estudiantes normalistas, así como la desaparición forzada de 43 estudiantes. A tres cuadras del lugar del tiroteo se descubrió un acto de barbarie: encontraron a uno de los normalistas muertos con visibles huellas de tortura, sin ojos y desollado del rostro. Tras la balacera, los servidores públicos municipales se llevaron en patrullas oficiales identificadas a los 43 estudiantes, quienes a la fecha siguen desaparecidos.

“Normales rurales en las luchas populares” – corean disciplinadamente los contingentes. Las Escuelas Normales Rurales (ENR) se crearon en México en la década de los años veinte. Las normales debían formar en poco tiempo maestros capacitados para enseñar a leer y escribir. “La filosofía detrás de las normales rurales era emblemática del nuevo orden revolucionario: implementar los principios de justicia social delineados en la Constitución de 1917”.1 Estas escuelas representan una única oportunidad de educación para los sectores más pobres y olvidados del país -los hijos y las hijas del campesinado mexicano- y se basan en un modelo cooperativista de tal forma que puedan ser autosuficientes y llevar estas prácticas a sus comunidades, que son de las más marginadas.

A lo largo de los años, las ENR han tenido una historia de persecución y represión tanto por parte del gobierno federal como de los gobiernos estatales en donde actualmente se encuentran las 17 normales en el país. Los escenarios van desde la presencia de policías federales o estatales con toletes, gases lacrimógenos y armas tratando de desalojar, hasta cortes de agua, gas y comida, así como un marcado y constante recorte presupuestal. Desde la década de los cuarenta comenzaron estos recortes bajo los argumentos de que las escuelas normales representaban “semilleros de guerrilleros”, pues en éstas se formaron importantes líderes sociales. Por esto, los estudiantes se han visto obligados a salir a “botear” o recolectar dinero para poder cubrir sus gastos, y a manifestarse en demanda de que se les asignen los recursos correspondientes para que las escuelas puedan sostenerse y matricular a estudiantes. En 1969, el presidente Díaz Ordaz cerró 15 de los 29 planteles que entonces había, con el argumento de que ahí se había formado parte del Movimiento Estudiantil. Justamente fue su gobierno el que reprimió brutalmente las manifestaciones estudiantiles, llevando a cabo la terrible matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Pareciera una broma afirmar que al ser interceptados por los policías municipales, los estudiantes de Ayotzinapa volvían de una colecta para poder participar en la marcha del 46 aniversario de la masacre de Tlatelolco en la Ciudad de México.

“Estado, farsante, que matas estudiantes” – corean fuertemente los contingentes que llevan impresiones de los rostros de cada uno de los desaparecidos con sus respectivos nombres. Después de que el propio Estado hubiera desaparecido a los 43 estudiantes, comenzaron a aparecer fosas clandestinas con cuerpos no identificados. El total de mexicanos contabilizados desaparecidos asciende a los 23,270. ¿De quiénes son los cuerpos que han aparecido y que no pertenecen a los normalistas? ¿Dónde están todas las demás personas desaparecidas? ¿Dónde están los estudiantes? Con la administración de Felipe Calderón (2006-2012)desaparecieron 5.9 personas cada día; en los dos años que tiene Enrique Peña Nieto han desaparecido 13.4 personas diariamente. El caso de los estudiantes de Ayotzinapa no es un caso aislado: México vive una profunda crisis de derechos humanos, en donde las acciones y omisiones del gobierno hacen posible esta realidad. “El Estado asesina y es incapaz de dar respuestas”, me decía hace unos días alguien cercano. A la fecha, el Estado no sólo ha sido incompetente para brindar respuestas, hacer justicia y decir la verdad ante la desaparición forzada de los 43 estudiantes, sino que ha intentado cerrar el caso, cuyo proceso está plagado de irregularidades.

“Ayotzi, Ayotzi, Ayotzi somos todos” – gritamos mientras marchamos. Sin embargo, no todos somos Ayotzinapa. En México hay muchas realidades: 10% de la población con mayores ingresos recibe aproximadamente el 39.3% de los ingresos totales del país, mientras que el 10% de las población con menores ingresos obtiene solamente el 1.4% de los ingresos totales. El 45.5% de las personas en México (53.3 millones) viven en condiciones de pobreza. Tres de cada cuatro mexicanas y mexicanos padecen alguna privación social. Como muestra de ello está Guerrero, el estado de donde son los estudiantes desaparecidos: 69.7% de las personas viven en pobreza; 78.5% carecen de acceso a la seguridad social; 26.8% están con rezago educativo; y 59% carecen de acceso a los servicios básicos en la vivienda.2

“No has muerto, no has muerto camarada, tu muerte será vengada” – prosiguen los coros. A finales del año pasado el país presenció una movilización sin precedentes. Decenas de miles de personas tomaron las calles y globalmente hubo muestras de solidaridad. Ante esto el gobierno ha respondido de la misma manera que lo ha hecho desde décadas atrás: reprimiendo, criminalizando la protesta, sembrando miedo. Sin embargo, la exigencia de la aparición con vida de los 43 estudiantes unió las demandas en un momento en el que el Estado, lejos de garantizar nuestros derechos, ha permitido la institucionalización de la corrupción por un lado; y por el otro, la flexibilización de políticas a través de reformas estructurales que abren las puertas a inversionesen proyectos tanto violatorios de derechos, como excluyentes. Esto en el sentido que sólo benefician a las élites políticas y económicas, y exacerban más la pronunciada pobreza, la desigualdad y la corrupción en el país.

“Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla” – se lee en cartulinas y en distintos muros de la Ciudad de México. Así, ante estos hechos y el panorama tan desesperanzador, hoy México se moviliza y, ante la pronunciada crisis de derechos humanos, corrupción e impunidad que estamos viviendo, el país retumba con un solo grito: ¡Justicia!

Padilla, Tanalís. Las normales rurales: historia y proyecto de nación. El Cotidiano [en línea] 2009, (marzo-abril). Disponible en:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32512736009

Consejo Nacional de Evaluación. 2012. Informe de pobreza en México 2012. Disponible enhttp://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexico%202012

Mariana González

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