En septiembre de este año se renuevan las cámaras, se ratifica al presidente electo y comienza formalmente el largo periodo de transición del Poder Ejecutivo. Con ellos, llegan nuevas agendas y discursos; sin embargo, aun cuando los actores políticos se renuevan o se reciclan, los problemas públicos continúan. Lo que es probable que cambie es la forma de problematizarlos, de plantearlos y de intentar solucionarlos.
Este período de interregno y una nueva composición en las cámaras dan un poco de aliento a los discursos públicos, a la interlocución entre actores políticos y sobre todo, parece renovar el diálogo entre gobierno y sociedad.
Ante esta coyuntura, en Fundar presentamos, tanto a los nuevos actores políticos, como a la opinión pública, nuestra posición y propuestas sobre diversos temas de interés público y las razones que las sostienen. http://fundar.org.mx/razones-fundar-propuestas-para-un-nuevo-sexenio-2/?ID=#.VH9zdYf14gt parte del trabajo de investigación sobre el Poder Legislativo, salud, derechos humanos, acceso a la información y transparencia presupuestaria para plantear los grandes pendientes que quedan ante los cambios de actores en ambos poderes.
En materia de acceso a la información y transparencia, nuestras propuestas parten de la identificación de problemas en el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información (DAI), que van desde el procedimiento mismo del acceso a la información hasta el diseño institucional. Sin embargo, reconocemos que el componente más importante y complejo sigue siendo la voluntad política. Un gobierno transparente no se garantiza solamente con un mejor diseño normativo, aunque definitivamente esto ayuda. Los problemas más grandes radican en la falta de adopción de la transparencia como un valor democrático, como un valor organizacional.
Nuestro trabajo en estos temas nos señala que los retos más grandes están en la propia generación de la información, su uso y accesibilidad. Se continúa entregando información incompleta, agregada, en formatos ilegibles y en un lenguaje muy técnico. El proceso mismo de recabar datos en ocasiones carece de sentido debido a la heterogeneidad en los criterios, por lo que estos datos llegan a ser incomparables y no permiten dar cuenta de la magnitud de los problemas públicos, tal como lo señala el monitoreo sobre la producción de información sobre pacientes con VIH.
Los gobiernos de los tres niveles siguen usando malas interpretaciones de leyes y se esconden en figuras legales para evitar entregar información, tal y como lo documentan nuestras investigaciones sobre fideicomisos públicos y declaraciones patrimoniales. En donde la falta de ponderación de derechos, así como el abuso de la figura del secreto fiscal se convierten en velos de opacidad sobre el ejercicio de recursos.
Además de los obstáculos en el día a día y de la identificación de los retos sobre la implementación de las leyes de transparencia, es notorio los rezagos en el marco normativo. Arrastramos desde 2007 la necesidad de adecuar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) a las modificaciones del artículo 6º Constitucional. La incapacidad de la clase política de construir acuerdos llevó a varias iniciativas presentadas para realizar estos cambios a quedarse en la llamada “congeladora legislativa”.
Pero tal parece que en los últimos días la voluntad política en ambas cámaras ha cambiado. Tanto el PRD, PRI y PVEM presentaron o están por presentar iniciativas que reformen la constitución para, entre otras cosas, otorgar autonomía al IFAI. Estas iniciativas nos muestran que el lugar que ocupaba la transparencia en las prioridades del Congreso se ha modificado. Buscar reformas constitucionales es una apuesta fuerte dada la complejidad para lograrlas. Como sabemos, se requieren mayorías calificadas en ambas cámaras y la aprobación de 2/3 partes de los gobiernos locales.
Las diferentes propuestas de los grupos parlamentarios, así como los discursos de los diferentes actores públicos coinciden en señalar un enorme reto: los estados. Nuestra trabajo en el tema de Publicidad Oficial (PO) documenta la facilidad con la que en los gobiernos se niega la información y no simplemente no hay consecuencias. Ante la solicitud de entregar información sobre el ejercicio de recursos destinados a PO, sólo una tercera parte de los estados entregó información agregada (con lo cual es imposible identificar hacia dónde se fue el dinero) y otra tercera parte simple y llanamente no entregó la información.
Sin embargo, aun cuando los partidos políticos coincidan en atender la problemática de la opacidad en algunos estados, no es clara la forma de lograrlo. Reitero, el diseño institucional y normativo ayudará; no obstante, no puede ni debe ser la única forma de atenderlo. Las posibles reformas constitucionales requerirán de amplia negociación en nuestra clase política que bien vale la pena aprovechar para realizar lo que quizá parezcan modificaciones menores pero con impactos mayores.
* Renata Terrazas
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