Durante más de 25 años, en Fundar hemos analizado distintos fenómenos que atraviesan a nuestra sociedad para estudiar datos, realizar investigaciones y hacer propuestas de política pública que pongan en el centro de las discusiones y decisiones a las personas y comunidades. En este cuarto de siglo, nuestras actividades han estado dirigidas a modificar las estructuras políticas, económicas y sociales que impiden la realización y el goce pleno de los derechos humanos, y a acompañar a esas personas y comunidades en sus luchas.
En el marco del cambio en la presidencia del país, durante 2024 compartimos espacios de conversación con diversas organizaciones, sobrevivientes de violaciones graves de derechos humanos, personas de la academia y organismos internacionales en los que reflexionamos de manera colectiva sobre nuestras apuestas por la justicia en medio de diversas crisis graves que atraviesa nuestro país.
Nuestro objetivo era conversar sobre las cosas que ya no podemos soportar con la conciencia de que esta deliberación podría ayudarnos a entender algunas de esas crisis –como las violaciones graves a derechos humanos, los despojos territoriales extractivistas, las desigualdades económicas y de género o la crisis del Estado democrático.
En esta reflexión colectiva, buscamos rutas de acompañamiento para quienes les atraviesan de manera personal y comunitariamente estos fenómenos e hicimos algunas propuestas que puedan mejorar las condiciones estructurales que los generan y perpetúan.
A partir de esos espacios de reflexión y otras investigaciones, conversaciones y análisis, –en el marco del proceso de participación ciudadana para construir de manera conjunta el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, Planeando Juntos, que convocó el nuevo gobierno encabezado por la primera presidenta del país, Claudia Sheinbaum–, desde Fundar enviamos nuestras propuestas en respuesta a los ejes generales y ejes transversales planteados por la administración federal. Nuestra intención fue que sirvieran como insumos para la construcción del PND, como el documento que rige la programación y presupuestación de toda la Administración Pública Federal, así como para los programas sectoriales, institucionales y especiales y, en general, para el diseño de las políticas públicas de esta nueva administración sexenal.
Las siguientes recomendaciones parten de esas reflexiones conjuntas y del trabajo diario con víctimas de violaciones a derechos humanos, así como con alianzas y colectivos que nos han permitido ampliar la visión sobre los impactos y alcances de las políticas públicas. Por ello, buscan también contribuir en el debate público con análisis cuidadosos, específicos y detallados para aportar a la garantía de los derechos humanos, colectivos y ambientales, así como fortalecer la justicia fiscal, la rendición de cuentas y las medidas anticorrupción.
Desde Fundar entendemos que la participación ciudadana es un elemento indispensable para que el Estado cumpla con sus obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. También consideramos que parte de nuestro trabajo es ciudadanizar y compartir el conocimiento técnico con las personas y comunidades con las que trabajamos y, al mismo tiempo, acompañar sus necesidades y demandas exigiéndole al Estado que las escuche y atienda. Y hemos observado que no es suficiente con tener cada vez mejores leyes, políticas y programas públicos si no van acompañadas del personal y los recursos públicos suficientes para su implementación.
Por lo anterior, seguiremos monitoreando las respuestas del gobierno a las exigencias de las personas y comunidades con las que trabajamos para seguir transformando la desesperanza en respuestas colectivas, justicia social y proyectos que garanticen la reproducción de la vida.