El miércoles 9 de octubre, las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República aprobaron las modificaciones realizadas por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) a la convocatoria para el proceso de designación de la persona que asumirá la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por los próximos cinco años (2024-2029).
De acuerdo con el marco legal, esta convocatoria debe emitirse 30 días hábiles antes de la conclusión del periodo de la actual presidencia que finaliza el próximo 15 de noviembre, es decir, debió haberse publicado a más tardar el pasado 4 de octubre. Con este desfase en los tiempos, arranca uno de los procesos de designación más relevantes para los derechos humanos en el país y el primero para la nueva legislatura, una que se ha caracterizado por aprobar reformas de gran envergadura (como la judicial) a la velocidad de la luz y casi sin revisar ni modificar sus contenidos.
Surge entonces la duda de si este proceso se llevará a cabo con las garantías necesarias para definir el perfil más idóneo o será una simulación de una decisión tomada ya desde Palacio Nacional. Un elemento que siembra enormes dudas sobre la objetividad de este ejercicio es la eliminación del carácter vinculante de los indicadores bajo los cuales se evaluarían los perfiles, modificación hecha por la JUCOPO y aceptada por unanimidad por las comisiones unidas.
Además de ser regresivo respecto a los propios antecedentes del Senado, esto representa un contundente alejamiento a realizar una designación basada en los méritos y capacidades, privilegiando en su lugar otros elementos no necesariamente vinculados a la idoneidad para la decisión, como sucedió en la designación pasada. Una decisión sumamente cuestionada por la falta de independencia de la actual presidencia de la CNDH, cuya actuación [1] ha demostrado que las dudas eran más que fundamentadas.
¿Qué sigue ahora con la aprobación y publicación de esta convocatoria? Se espera una difusión amplia para que se inscriban muchos perfiles y, con ello, se amplíen las posibilidades de encontrar mejores opciones para la protección de los derechos de todas las personas. El 15 de octubre es la fecha límite para el registro. Hasta el 17 de octubre se recibirán preguntas y casos prácticos que se formularán durante las entrevistas, las cuales se llevarán a cabo a partir del 24 de octubre. El 21 de octubre se publicará la lista con las postulaciones que cumplen con los requisitos de elegibilidad, junto con la fecha de su entrevista ante las comisiones unidas. Se tendrán cinco días naturales, a partir de la publicación de la lista de aspirantes, para enviar comentarios. El 22 de octubre se prevé un ejercicio de “parlamento abierto” y a más tardar el 8 de noviembre se darán a conocer los resultados de la auscultación.
Estemos atentas y atentos al desarrollo de tan importante proceso. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe protegernos a todas y todos. Se requiere un perfil no sólo con experiencia en el tema, sino también independiente, para que pueda poner freno a los abusos del poder sin miedo, sin titubeos y sin preocuparse por lealtades políticas. La crisis de derechos humanos en el país no se va a revertir sin personas que hagan que las instituciones funcionen para lo que fueron creadas. A pesar del desdibujamiento que ha sufrido esta comisión, es esencial recuperarla como uno de los pocos mecanismos de protección que quedan. El Senado tiene una responsabilidad vital para dotar de legitimidad esta designación, esperemos que esté a la altura.
