El azúcar es una de las fuentes de energía más consumidas entre la población por su precio accesible. Forma, además, parte de la canasta básica, es decir, del conjunto de alimentos indispensables para que las familias satisfagan sus necesidades básicas de alimentación.
Hace unos años la extinta institución Cofece detectó que un grupo de empresas dedicadas a la producción, distribución y comercialización de azúcar en México, en vez de competir, acordaron manipular al alza su precio, y establecieron la obligación de comercializar una cantidad restringida o limitada de este producto.
Este acto de corrupción, específicamente de colusión, cobra otra dimensión en un país en el cual un tercio de los hogares mexicanos (aproximadamente 42.3 millones de personas, según cifras de 2026 de Inegi) no puede acceder a la canasta básica. Frente a esas prácticas, la Cofece resolvió sancionar a los agentes económicos involucrados con multas por un total de 88.8 millones de pesos. Estos recursos pudieron servir para reparar el daño a las poblaciones de México que menos recursos tenían y que se vieron afectadas por la colusión.
Lo anterior hace explícita la relación sobre cómo la corrupción impacta en la vida de las personas, así como la necesidad de reparar los daños de quienes resulten afectadas. Visibilizar esta relación es relevante pues, desde hace varias semanas, se ha anunciado el proceso de reforma del Sistema Nacional Anticorrupción por parte de la Cámara de Diputados y del Ejecutivo –específicamente la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno–. Una de las áreas más importantes que la reforma debería considerar la recuperación de activos para la reparación del daño por actos de corrupción. Si bien la recuperación de activos es una herramienta principal de la justicia penal, pueden diseñarse mecanismos similares en otros ámbitos de competencia que partan de una lógica común: recuperar recursos derivados de actos de corrupción para reparar a las víctimas de ésta.
Desde Fundar identificamos algunos de los puntos imprescindibles para fortalecer la recuperación de activos con fines de reparación del daño:
Fortalecer las capacidades técnicas del personal de las instituciones vinculadas en los procesos de investigación, identificación, recuperación y reintegración de activos derivados de actos de corrupción.
Promover el intercambio de buenas prácticas y experiencias internacionales para ampliar los conocimientos y perfeccionar las técnicas de investigación, que permitan robustecer los procesos de judicialización por corrupción y mejorar sus resultados, de manera que puedan recuperarse activos.
Consolidar marcos normativos, capacidades técnicas y mecanismos de coordinación que permitan asegurar que los bienes y activos recuperados derivados de actos de corrupción se destinen prioritariamente a la reparación del daño.
Estas recomendaciones se complementan con las acciones asociadas a la Política Nacional Anticorrupción relacionadas con la identificación de las causas de las bajas tasas de recuperación y seguimiento de activos, así como la formación de agentes de investigación y fiscales especializados y especializadas que generen investigaciones sólidas e integren expedientes por hechos de corrupción de alto impacto, incluyendo la recuperación de activos.
La restitución de recursos públicos desviados no sólo contribuye a resarcir afectaciones económicas y sociales, sino que también permite financiar acciones de compensación, rehabilitación y garantías de no repetición. El aseguramiento y la reintegración de activos fortalecen la rendición de cuentas y visibilizan que la corrupción tiene consecuencias patrimoniales, para así ayudar a restablecer la confianza ciudadana en las instituciones.
De hecho, ya existen ejemplos valiosos de estas prácticas. En Brasil, se autorizó el uso de 4.9 millones de dólares recuperados por el caso de macrocorrupción Lava Jato para ser invertidos en el mejoramiento de infraestructura de escuelas. Para ello se realizó una priorización con base en un estudio que determinó que 64% de escuelas en Río de Janeiro sufrían daños.
En el caso de México, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado destina parte de los recursos obtenidos por la venta de bienes a programas sociales y, en casos específicos, ha servido para resarcir a víctimas. Sería importante establecer acciones concretas para reparar a víctimas de la corrupción.
Fortalecer el vínculo entre la corrupción y violaciones a los derechos humanos utilizando la recuperación de recursos o activos producto de la corrupción para resarcir a las víctimas debe ser un aspecto central del próximo proceso de reforma del SNA. Los mecanismos podrían ser variados. Por ejemplo, crear un fondo que se destine a la garantía de los derechos humanos y la reparación de las víctimas de la corrupción es uno de los puntos centrales que tiene el potencial de consolidar la lucha contra este fenómeno.
