El pasado 3 de junio, Fundar, Centro de Análisis e Investigación presentó, el primero, de una serie de cuadernillos que formarán parte de la colección: Otros referentes para pensar el país. Sirva de contexto que el objetivo de este ejercicio es posicionar temas prioritarios para el país desde una mirada ciudadana y crítica. La propuesta es sencilla, producir investigación que de manera clara propicie la reflexión de temas que Fundar trabaja, pero que además resultan de interés para la ciudadanía por su relevancia en el quehacer democrático nacional.
Desde esta perspectiva, el debate y producción de documentos de consulta que permitan el entendimiento y reflexión sobre temas de actualidad busca cubrir por un lado, la disponibilidad de información sobre temas de interés público. Por otro, ampliar la posibilidad de diversos actores civiles y sociales de apropiarse de argumentos que faciliten la divulgación de los derechos humanos con los que estos temas se relacionan, a la par de habilitar canales de interlocución con entes públicos en la exigibilidad de derechos.
El primero de estos cuadernillos, retoma un tema altamente debatido tanto en el ámbito de la defensa y promoción de los derechos humanos como en el cuestionamiento de la eficacia de diversos entes públicos dedicados a la administración y la procuración de justicia en nuestro país. En el cuadernillo sobre El uso e impactos del arraigo en México, Cecilia Toledo, autora del mismo, nos presenta reflexiones relevantes sobre las dimensiones autoritarias que mantiene esta figura que fue incorporada en nuestro ordenamiento jurídico hace dieciocho años. Pese a que a partir de diversas reformas esta figura se mantiene como una medida de excepción para el tratamiento de la delincuencia organizada, es hoy todavía una figura que contraviene el debido proceso y obscurece el derecho a la presunción de inocencia. Es notorio, que pese a la reforma Constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y las múltiples voces internacionales que expresan su descuerdo con esta figura, su uso no encuentra relación directa con la eficacia de nuestra instituciones. Es pertinente mencionar que declaraciones del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, sostienen que desde el 2008 se ha dado un “abuso en la aplicación de dicha figura en los últimos cuatro años ya que de un total de 4 mil órdenes de arraigo, sólo se consignaron 200”.
Estas y otras reflexiones dan cuenta de lo delicado de esta figura y la relevancia que adquiere debatir al respecto toda vez que cuestionan la efectividad de nuestras instituciones. Además ponen de manifiesto que están en juego diversas aristas de derechos humanos, que en una democracia deben de salvaguardarse incluso en el marco de una presunta comisión de un delito. La reforma en materia de justicia y seguridad de 2008, cuyo objetivo es que nuestro sistema de procuración y administración de justicia transite hacia un sistema expedito y protector de los derechos humanos, contextualiza la esquizofrenia de nuestro sistema, que se debate entre figuras que han probado tanto ser lesivas a derechos, como ineficaces en un marco de reformas que buscan modernizar nuestras instituciones. Contradicciones que prueban la necesidad de seguir discutiendo de manera crítica estos temas. Es pertinente y deseable que la ciudadanía cuente con elementos para formar su propio punto de vista y solicitar a las autoridades que rindan cuentas en el respeto de nuestros derechos. Para conocer más de esta colección te invitamos a consultar la página de Otros referentes para pensar el país en donde podrás encontrar estas y otras reflexiones relevantes en torno a temas de interés público.
