La reciente opinión consultiva 32 de 2025 sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte idh) concluye que la coyuntura actual representa una auténtica crisis climática, originada por el acelerado incremento de la temperatura global como consecuencia de diversas actividades humanas, cuya responsabilidad recae de forma desigual en los Estados que integran la comunidad internacional. Estos procesos generan impactos progresivos y ponen en riesgo a la humanidad, afectando de manera particular a las poblaciones más vulnerables. Enfrentar esta crisis requiere medidas inmediatas, coordinadas y efectivas, con un enfoque de derechos humanos. De igual forma, la Corte IDH destacó el alcance del derecho al ambiente sano y se refirió al reconocimiento de la Naturaleza y sus componentes como sujetos de derechos.

En ese marco, esta Corte aborda las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, de los Estados para mitigar el cambio climático dentro de las cuales se encuentra contribuir con una transición (energética) justa.

También, advierte que la corrupción es un fenómeno que afecta gravemente los derechos humanos al reducir la disponibilidad, la calidad y el acceso a bienes y servicios esenciales. Por ello, en el contexto de la emergencia climática, destaca que prevenirla implica también impedir y sancionar prácticas corruptas que obstaculicen la implementación efectiva de medidas de mitigación o adaptación. Uno de los mecanismos para prevenir la corrupción es la transparencia y el acceso a la información. Al respecto, la Corte IDH refiere que, asegurar el acceso a la información requiere que el Estado establezca mecanismos y procedimientos que permitan a las personas solicitarla, así como que recopile y difunda de manera proactiva la información disponible.

A su vez, subraya que los pueblos indígenas son clave en la preservación de los ecosistemas, gracias a sus conocimientos ancestrales y su vínculo con la naturaleza, fundamentales para conservar la biodiversidad y mitigar el cambio climático —con la implementación de acciones para la transición energética, por ejemplo—. Por ello, los Estados deben garantizar su participación efectiva en la toma de decisiones y justificar de forma explícita cómo se incorporan —o por qué se descartan— sus aportes.