A lo largo de la historia, las fuentes de energía no se han sustituido unas por otras, sino que se han acumulado. Así lo explica Jean-Baptiste Fressoz en Sin transición. Una nueva historia de la energía. El autor señala que, pese a encontrarnos en una etapa que llamamos “transición energética”, la humanidad nunca había consumido tanto petróleo, gas, carbón, metales y madera como ahora.
En México ocurre una tendencia similar. De acuerdo con el colectivo Geocomunes, entre 2005 y 2019, aun con la instalación de 123 centrales de generación —principalmente eólicas y solares—, la producción eléctrica a partir de combustibles fósiles aumentó 30 por ciento. A ello se suma que la instalación de tecnologías orientadas al ahorro o generación de energía también genera impactos socioambientales relevantes: la eliminación de las plantas o cobertura vegetal, erosión por aplanamiento de suelos, cambios de uso de suelo y uso intensivo de minerales contaminantes.
Paradójicamente, a esta situación se suma que diversos proyectos extractivos asociados a la generación de energía renovable suelen ubicarse en territorios habitados por comunidades, lo que provoca desplazamientos, contaminación ambiental y afectaciones sociales. Esto ocurre a pesar de que las poblaciones asentadas en estos territorios son quienes menos emisiones generan y, en muchos casos, ni siquiera cuentan con acceso a energía eléctrica.
La reciente Opinión Consultiva 32/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos confirma que vivimos una auténtica crisis climática, resultado del acelerado aumento de la temperatura global debido a actividades humanas cuyos costos y responsabilidades son desiguales entre países. Este fenómeno amenaza de manera particular a las poblaciones más vulnerables.
México ya experimenta efectos notorios: mientras el promedio global aumenta alrededor de 2 °C por siglo, en nuestro país el incremento ha sido de 3.2 °C, según datos de la UNAM. Esto exige medidas inmediatas, coordinadas y con un enfoque de derechos humanos.
El Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 establece que México generará 35 por ciento de su electricidad con fuentes limpias para 2030. Pero alcanzar este objetivo requiere una visión incluyente, con estrategias que garanticen una transición energética justa para todas las personas.
Para ello, es indispensable identificar las políticas, programas y mecanismos con los que el gobierno busca avanzar en esta agenda. Entre estos instrumentos se encuentran los fideicomisos, que permiten financiar acciones específicas y administrar de manera más eficiente los recursos destinados a la transición energética. Evaluar si estos instrumentos transparentan adecuadamente su estructura, funcionamiento y resultados es esencial para asegurar una supervisión ciudadana efectiva.
En este contexto, en la investigación Retos y oportunidades para una transición energética justa y transparente, desde Fundar analizamos la transparencia y la rendición de cuentas de dos instrumentos financieros clave para la transición energética en el país: el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) y el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE) en esta encontramos que hay avances, pero también desafíos, que pueden poner en riesgo una transición energética justa.
De la calidad y la disponibilidad de la información depende la posibilidad de evaluar la utilidad, avances y desempeño de estos instrumentos, así como de ajustar sus reglas de operación para hacerlos más efectivos. También permite responder preguntas clave: ¿cuáles son las consecuencias del modelo energético actual?, ¿hasta qué punto las negociaciones climáticas internacionales han mejorado la vida de las personas?, ¿y cuál es la brecha entre el discurso y la voluntad política para construir una transición energética justa?
