El jueves pasado, el Senado de la República aprobó la lamentable reforma que desaparece al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), junto con otros órganos constitucionales autónomos y organismos descentralizados. Esta reforma culmina años de distintas acciones de debilitamiento institucional impulsadas desde el sexenio pasado, como las constantes narrativas de desprestigio y desinformación sobre sus costos y funciones; la omisión legislativa para designar a tres de sus integrantes por más de dos años, pese a una sentencia de la Suprema Corte que ordenaba cumplir con sus obligaciones legales; y la disminución paulatina de su presupuesto.
Aunque esta reforma aún no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, –al cierre del envío de esta columna– aún faltaban congresos estatales para alcanzar la mayoría requerida, lo cierto es que es cuestión de días su materialización.
¿Cuáles son sus principales implicaciones? Si bien los derechos de acceso a la información y protección de datos personales siguen reconocidos en la Constitución, para hacerlos realidad son necesarios presupuestos, instituciones y marcos legales que brinden certeza. Con la reforma, las funciones del INAI en el ámbito del ejecutivo federal se “trasladan” a la recién creada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (antes de la Función Pública), mientras que cada órgano y poder de la unión será responsable de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos de acceso a la información y protección de datos personales. En el diseño que se elimina, el INAI fungía como garante ante el incumplimiento de las distintas instituciones y gobiernos.
El gobierno federal ha insistido en que esta reforma no representa un riesgo y qué habrá más transparencia. Pero ¿es así? De entrada, genera suspicacias dejar esta importante responsabilidad en una secretaría subordinada al Ejecutivo Federal y que carece de independencia, toda vez que su actuación estará supeditada a las propias directrices del Ejecutivo. En otras palabras, será juez y parte al decidir si entrega o no la información.
Esto resulta aún más preocupante porque se da en un contexto en el que han aumentado las negativas de información por parte de los sujetos obligados. Por ello, no es descabellado afirmar que habrá menos acceso a la misma, más respuestas parciales sin posibilidad de recurrirlas, tiempos más largos y mayor opacidad sobre lo que hacen los gobiernos. Sin acceso a información pública, las exigencias de verdad y justicia serán más difíciles de cumplir. No sólo se limitará el derecho de acceso a la información, sino también los demás derechos que dependen de contar con datos.
De tal forma, la desaparición del INAI no se reduce a la mera eliminación de burocracias y costos, sino que implica la pérdida del órgano garante de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Este organismo obligaba a las instituciones a entregar información cuando la negaban. Su desaparición afectará directamente los derechos que tenemos todas y todos, dejándonos en desprotección y allanando el camino a la opacidad y discrecionalidad que tanto les gusta a los gobiernos.
Una vez que entre en vigor la reforma, los artículos 2o y 4o transitorios establecen un plazo de 90 días para adecuar las leyes correspondientes y armonizarlas en las entidades federativas. Lo anterior incluye la eliminación de todo el andamiaje jurídico e institucional construido durante más de 20 años para obligar a los gobiernos a abrir su quehacer a la sociedad. En esta regresión quedan varias interrogantes: ¿Qué pasará con la Plataforma Nacional de Transparencia, que alberga más de 15 mil millones de datos? ¿Qué mecanismos se establecerán para forzar a las instituciones a entregar información? ¿Qué nuevos diseños serán necesarios para revertir la opacidad de los gobiernos? Lo cierto es que sin transparencia no hay transformación.
