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Sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero

Posicionamiento institucional. Sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero

El 27 de marzo de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió por primera ocasión un Informe de recomendación en ejercicio de la facultad de investigación de violaciones graves a los derechos humanos prevista por el artículo 97 de la Constitución recientemente reformado. Hasta hace poco, esta facultad era exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El mandato de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al igual que el de los distintos Organismos Públicos de Derechos Humanos del país, se ha ido ampliando paulatinamente. Lo anterior implica que la CNDH cuenta ahora con amplias atribuciones para defender efectivamente los derechos humanos, así como para vigilar el cabal cumplimiento de los compromisos internacionales que el Estado mexicano ha asumido en la materia.

En su recomendación 1 VG/2012 sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos relacionada con los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero, el titular de la CNDH presentó una investigación que demuestra un conjunto de violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de la comunidad estudiantil de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.

Entre las principales violaciones documentadas, probadas y denunciadas por la Comisión Nacional se encuentran las siguientes:

  • Criminalización de la protesta social
  • Uso de la fuerza
  • Empleo excesivo de armas de fuego
  • Privación de la vida
  • Lesiones
  • Tortura
  • Imputación indebida de hechos
  • Detención arbitraria
  • Tratos crueles
  • Violación a los derechos del niño y de la mujer
  • Indebida preservación y alteración del lugar de los hechos
  • Inadecuada atención a las víctimas
  • Inadecuada atención a la problemática prevaleciente en la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
  • Obstáculos a la investigación y al deber de investigar efectivamente los hechos

Derivado de la documentación de este conjunto de violaciones, la CNDH emitió treinta recomendaciones que en su conjunto dan cuenta de la responsabilidad de autoridades federales y estatales por actos de omisión o comisión, mismos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos tutelados en los tratados internacionales y en el propio ordenamiento jurídico nacional.

La justicia es un requisito para la existencia de cualquier Estado democrático. El documento que presentó la CNDH muestra la disposición de este organismo público para cumplir con el mandato de los OPDH, al favorecer y aportar sustantivamente con su actividad no jurisdiccional a la concreción y realización de la justicia a través de la investigación y el análisis de las responsabilidades objetivas y directas del Estado mexicano en violaciones a derechos humanos.

En el imaginario social, una recomendación es un acto de justicia. Se trata de un símbolo democrático que subraya que la fuerza no debe prevalecer por encima de los derechos, y que además ayuda a dejar un testimonio para evitar que hechos como los que motivan este informe se vuelvan a repetir. El valor simbólico y peso político de una recomendación en un Estado marcado por la desigualdad, la injusticia y la asimetría de poder, no es menor, a pesar de que carece del carácter vinculante que sí tiene una sentencia emitida por un órgano judicial.

Desde Fundar, Centro de Análisis e Investigación, nos congratulamos que la actuación de este organismo público apunte a la protección de los derechos humanos violados, no solo con motivo de los actos de represión ya mencionados, sino principalmente por el conjunto de condiciones estructurales que imperan en el estado de Guerrero. Para nadie es un secreto que en este estado de la República existe un descuido sistémico y sistemático hacia algunos grupos de población que históricamente han sido marginados por la falta de políticas educativas incluyentes y plurales.

Durante la presentación de dicha recomendación, la CNDH declaró su rechazo por el carácter extremo de las autoridades al utilizar el recurso de la fuerza para enfrentar esta manifestación de estudiantes que buscaba un vehículo más efectivo para hacer plantear sus necesidades y exigencias. Nos sumamos a este rechazo y hacemos un llamado a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y del gobierno del estado de Guerrero para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la CNDH.

Finalmente, consideramos importante recalcar la necesidad de atender de forma adecuada las causas estructurales que dieron origen al reclamo de este grupo de estudiantes para evitar la repetición de hechos tan lamentables como los sucedidos el pasado 12 de diciembre de 2011. Creemos que queda como tarea pendiente puntualizar de forma específica la forma como aquellas causas violan otros derechos, particularmente en el derecho a la educación, y configuran también responsabilidad objetiva para el Estado mexicano.

México, Distrito Federal, a 29 de marzo de 2012.