Search
Close this search box.

Suspenden destrucción de boletas electorales de 2006 en México

De resolver a favor de la transparencia, ninguna autoridad tendrá la tentación de alterar los resultados electorales: Fundar

La decisión detiene las intenciones de obedecer la legislación electoral correspondiente

En un acto sin precedentes en México, el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal ordenó el pasado 10 de enero la suspensión de oficio de la destrucción de las boletas de la elección presidencial de 2006 que podía realizar el Instituto Federal Electoral (IFE). Es la primera vez en un siglo que existe la posibilidad de disputar jurídicamente la tendencia a controlar y a destruir la información sobre las elecciones presidenciales competidas.

Fundar, Centro de Análisis e Investigación solicitó, por medio de su presidente Sergio Aguayo Quezada, el acceso a las boletas electorales de la elección presidencial de 2006. Si bien inicialmente el mismo Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por estimar que se trataba de un asunto político-electoral que no le compete, luego hizo una corrección por la decisión de un tribunal colegiado que ubicó el asunto en el terreno del derecho a la información.

Al solicitar acceso a las boletas, la respuesta del IFE fue negar la información por dos motivos: la información es inviolable y es indisponible. Las boletas electorales están reguladas por ley desde el momento de su creación hasta el momento de su destrucción, pero en ningún momento se permite disponer de estas boletas, salvo con un mandato judicial del tribunal electoral. Los abogados de Fundar buscaron el amparo no únicamente en contra de la decisión del IFE, sino también en contra del artículo del COFIPE que permite las destrucción de las boletas.

El juez Álvaro Tovilla León determinó “que las autoridades responsables suspendan cualquier acto tendente a dar cumplimiento a lo previsto por el párrafo 2, del artículo 254 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales [la destrucción de las boletas electorales], pues de ejecutarse haría físicamente imposible la restitución del quejoso [Sergio Aguayo] en el goce de la garantía constitucional que estima violada [el derecho a la información]”.

El juez ha admitido la demanda, ordenado la suspensión de oficio, y fijado audiencia para el 11 de febrero de 2008, misma que se celebrará o aplazará a condición de que las autoridades rindan sus informes justificados a tiempo. “Esta suspensión surtirá sus efectos, siempre y cuando no se hayan llevado a cabo los mencionados actos, y tendrá vigencia hasta que se resuelva en definitiva el presente asunto”, dicta el expediente del juicio de amparo 1323/2007. El siguiente paso en la demanda es saber si las boletas electorales son información pública o no.

En caso de que se hubieran destruido los paquetes electorales que contienen la documentación solicitada por Aguayo Quezada el juicio hubiera perdido sentido. De ser favorable el resultado de la demanda, ésta no va a cambiar la decisión jurídica de quien es el presidente en México –esa decisión ya la tomaron las autoridades respectivas. Lo que se está discutiendo en este caso es el derecho a conocer qué pasó y si destruyen las boletas será imposible o faltará una pieza fundamental.

“No demandamos al IFE para averiguar quien ganó la elección, sino por algo que nos parece mas fundamental que es exigir el derecho que tenemos los mexicanos para conocer nuestra historia”, declaró el Dr. Aguayo en la conferencia de prensa realizada hoy en la ciudad de México. “De lo que se trata es combatir el oscurantismo de aquellos que quieren destruir la información. Si no sabemos lo que pasó, seguirá prevaleciendo la duda y la sospecha como parte de la cultura política mexicana”, señaló.

“La importancia de esta causa estriba en que si se logra establecer que los paquetes electorales constituyen información pública, se fortalecerá nuestro incipiente régimen democrático, en razón de que ante la transparencia resultante, ninguna autoridad tendrá la tentación de alterar los resultados electorales, puesto que sabrá que todo lo acontecido en estos procesos quedará al alcance de la opinión pública, lo que a su vez elevará la confianza del electorado”, señalaron Luis Miguel Cano y Graciela Rodríguez, abogados litigantes, quienes llevan el caso tanto de Fundar, como el similar promovido por el Director del semanario político.

“Creer en la decisión de las autoridades sobre el ganador y el perdedor de una elección, sin tener acceso a los documentos que lo comprueban, es un acto de fe, y en una democracia no hay actos de fe, hay transparencia, consultas y archivos históricos”, declaró Cano.

La solicitud de información se inserta en una investigación sobre fraudes electorales en México, que actualmente realiza el Dr. Sergio Aguayo. Por medio del análisis de los cuatro grandes fraudes realizados en elecciones presidenciales (en 1929, 1940, 1952 y 1988) ha identificado cinco variables que han permitido tales situaciones:

La intervención del gobierno a favor de uno de los candidatos sirviéndose principalmente de tres mecanismos: transferencia de fondos, compra del voto a través de programas sociales, y empleo de la fuerza pública que llevó a la muerte de centenares de personas (como por ejemplo en 1929).

  • Participación ilegal de empresarios y otros actores privados en la elección.
  • Árbitros electorales parciales o tendenciosos que funcionan a favor de uno de los candidatos.
  • Complicidad de la comunidad internacional que oculta información o da reconocimientos aún antes de que las autoridades electorales tomen una decisión.
  • Control de la información. Desde 1929 los gobiernos respectivos se encargaron de controlar la información de múltiples formas: comprando periodistas, seduciendo intelectuales, distorsionando o simplemente destruyendo información. No existe documentación en México que permita saber qué sucedió en esos cuatro fraudes, ya que buena parte de la información fue destruida.

Graciela Rodríguez y Luis Miguel Cano son, respectivamente, la responsable y el litigante principal del proyecto de Litigio Estratégico y Derechos Humanos, de Fundar, el cual ha obtenido varios éxitos en el tema del acceso a la información, especialmente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.