Miles de madres en México viven el 10 de mayo desde la ausencia de sus hijas e hijos desaparecidos, encarcelados injustamente o víctimas de violencia e impunidad. Ante la falta de respuestas del Estado, muchas se han convertido en activistas y defensoras de derechos humanos, encabezando búsquedas, investigaciones y exigencias de justicia.
Las niñas, niños y adolescentes jornaleros en México enfrentan condiciones de pobreza, migración y precariedad que vulneran derechos fundamentales como educación, salud, descanso y protección. Muchas infancias asumen responsabilidades adultas desde edades tempranas, abandonan la escuela o participan en labores agrícolas mientras sus familias migran entre estados en busca de trabajo. Aunque la legislación mexicana reconoce plenamente sus derechos, persisten rezagos estructurales y falta de infraestructura en comunidades rurales y zonas agrícolas.
La transición energética en México requiere abandonar el fracking y los combustibles fósiles ante la crisis climática, y fortalecer mecanismos como el FOTEASE. Sin embargo, persisten fallas en transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana que limitan evaluar su impacto y garantizar que los recursos públicos realmente impulsen una transición energética justa.
La activación del artículo 34 de la ONU evidencia que la crisis de desapariciones en México es estructural y de derechos humanos; el texto plantea que negar este diagnóstico implica rechazar cooperación internacional y frenar un cambio de paradigma hacia la verdad, la dignidad y la participación de las víctimas.
El arbitraje internacional de inversiones (ISDS) incluido en acuerdos como el T-MEC representa un riesgo para la transición energética en México, ya que permite a empresas demandar al Estado por cambios regulatorios que protejan el medio ambiente o los derechos humanos. Estas cláusulas pueden generar indemnizaciones millonarias y desalentar políticas públicas climáticas, perpetuando la dependencia de combustibles fósiles. El debate central es cómo equilibrar inversión extranjera con justicia climática y soberanía regulatoria.
La revisión del T-MEC es una oportunidad estratégica para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en México. El sistema actual muestra fallas graves: las Fiscalías Anticorrupción solo judicializaron el 5.2% de las investigaciones por cohecho, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad, y apenas el 0.2% de las denuncias llegaron a sentencia. Para 2026, instituciones clave como la ASF y la Fiscalía Especializada enfrentan recortes presupuestales de 4% y 3.21%, respectivamente, lo que debilita aún más su capacidad de acción.
La discusión global sobre la eliminación progresiva de los combustibles fósiles ya avanzó a una nueva etapa. Tras la COP30, más de 30 países, entre ellos México, respaldaron una hoja de ruta para una transición energética justa, ordenada y equitativa, en un contexto marcado por crisis climática, derrames de petróleo, riesgos geopolíticos y la urgencia de construir un futuro más allá del modelo fósil.
Alberto fue víctima de desaparición forzada el día 7 de marzo de 2013 en Iguala, Guerrero, a la edad de 29 años. Desapareció junto con su compañero, Alexander Juárez Arciniega, mientras salía a ejercer su oficio como técnico de refrigeración.
El nuevo decreto presidencial ofrece un crédito fiscal transferible del 30% a producciones audiovisuales para reactivar la industria como motor económico, exigiendo que la mayor parte del gasto beneficie al sector local. Sin embargo, sus altos requisitos financieros amenazan con marginar al cine independiente y favorecer principalmente a las grandes plataformas extranjeras de streaming.
En vísperas del ambiente festivo que desata la pasión por el fútbol, es necesario ir poniendo el foco de atención en algunas aristas en torno a tal evento, donde estarán en juego y en tensión varios elementos entre la agenda político-económica y la agenda de las víctimas.
En un contexto en el que la ASF sufre señalamientos por su falta de credibilidad, destaca que el ente fiscalizador únicamente ha logrado cuatro sentencias condenatorias firmes contra cinco personas, de un total de 367 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República en casi 10 años, lo que evidencia los limitados resultados en materia de sanción efectiva.
La reforma electoral que propone la presidenta Sheinbaum debe integrar una propuesta alternativa basada en la comunalidad, la autonomía y el reconocimiento del sujeto colectivo indígena. La verdadera representación política no se alcanza mediante la simple inclusión en las estructuras del Estado, sino a través del respeto y fortalecimiento de las formas propias de organización y gobierno de los pueblos indígenas.
Cuando una persona es vista por última vez bajo custodia de una autoridad en buen estado físico y emocional, y posteriormente presenta afectaciones, corresponde a la autoridad dar un explicación plausible y sustentada de lo ocurrido.
Para garantizar que cada peso invertido por el Estado mexicano esté cumpliendo los objetivos del Plan México, es indispensable que se transparente la información sobre quiénes se han beneficiado de los estímulos fiscales y las labores del Comité de Evaluación.
Frente al contexto que hoy vive la región, México debe seguir apostando por controles democráticos fortalecidos y poderes públicos transparentes y con rendición de cuentas, de la mano de la ciudadanía.
En medio del desolador escenario en el que la ultraderecha gana cada vez más terreno en el mundo, allanando con su llegada al poder la aceleración de políticas extractivistas que acentúan y aceleran las desigualdades y el despojo de los territorios, pienso que hay una sola cosa que, pese al desánimo y la angustia, no puede dejar de nombrarse, construirse y defenderse: lo colectivo.
Con más de 120 mil personas desaparecidas y más de 79 mil cuerpos sin identificar, el gobierno federal y los gobiernos locales apenas destinaron un presupuesto marginal e inercial para buscar a las personas, identificar los cuerpos e investigar las desapariciones. Sin recursos suficientes, no hay justicia ni verdad posibles para todas las personas que nos faltan.
La Cuenta Satélite de la Cultura de México 2024 ofrece, con la claridad de sus cifras, una imagen precisa de la aportación económica del sector, el cual generó 865,682 millones de pesos en 2024 –equivalentes al 2.8 % del PIB– y empleó a 1.43 millones de personas.
Si seguimos analizando a la corrupción de manera aislada y sin visibilizar sus afectaciones, ésta seguirá generando violencias contra las mujeres. Por ello, en el marco de este 25N llamamos a las distintas instituciones anticorrupción a dialogar con grupos de mujeres y trabajar para fortalecer sus estrategias desde un enfoque de derechos humanos y de género, que permita prevenir, atender y erradicar las violencias.
La verdad, la justicia y la reparación integral siguen siendo una gran deuda del Estado mexicano con la familia Radilla Martínez y con las miles de personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado de los 70. La nueva Corte tiene hoy la oportunidad histórica de romper la impunidad.
El desafío no es el hambre ni la pobreza en sí, son los millonarios que, con sus estilos de vida e inversiones económicas en industrias altamente contaminantes, agravan las desigualdades y la crisis ambiental, afectando a millones en el mundo.
Investigaciones periodísticas de las últimas semanas revelan la corrupción silenciosa que la red de notarías facilitan en México, ante la falta de controles, normas de transparencia y rendición de cuentas que deben observar las autoridades públicas, además de los excesivos costos de sus servicios y el obstáculo que significan para los pequeños negocios. Urge reformar el sistema de notariado para avanzar hacia un mejor sistema de rendición de cuentas.
Al observar los datos sobre el PPEF 2026, existe un contraste severo entre la disminución de recursos para seguridad pública y el poco impulso presupuestario para la política pública de atención a la desaparición y la crisis forense. Esto es así porque la política pública en materia de seguridad se diseña con base en la incidencia delictiva “tradicional”, que no contempla la complejidad de fenómenos como la desaparición en México.
En los Anexos 16 sobre cambio climático y 15 sobre transición energética, el Paquete Económico 2026 destina la mayoría de estos recursos a la Defensa, Tren Maya y Pemex, y reduce lo destinado a los programas que convertirían a México de un rezagado a un líder climático.
Para 2026, cultura recibirá el presupuesto más bajo desde el 2013, del cual el 97.61 % será gasto corriente –dirigido a cubrir la operación cotidiana y el funcionamiento de las instituciones públicas– y apenas el 2.38 % se reservará para inversión física, es decir, casi nada se destinará a infraestructura, mantenimiento, equipamiento o proyectos de largo plazo.
Garantizar el derecho al aborto requiere despenalización, pero también políticas públicas que aseguren acceso gratuito, seguro, sin estigmas y con respeto a las decisiones de las mujeres, así como de una asignación presupuestaria suficiente y progresiva que permita su implementación.
Durante un año la presidenta ha pedido a padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa un voto de confianza para llegar a la verdad mediante un camino que desvía la atención sobre la responsabilidad del Ejército; sin embargo, la escasez de resultados no respalda una petición de tal magnitud.
El juez o jueza que conozca de un asunto cuya materia es la protección del medio ambiente, deberá saber que su ejercicio interpretativo tendrá que ir más allá de lo evidente y lo inmediato. Su deliberación hablará por las generaciones que aún no nacen, por la mística de los pueblos despojados, y por los ríos y los bosques que no tienen voz en los juzgados.
Cuando se observa con lupa el Paquete Económico 2026 se puede ver que, aunque la dirección es correcta, nos falta mucho para llegar a los mínimos recomendables para que la mayoría de la población pueda acceder a servicios de calidad que aseguren sus derechos humanos y su acceso a la justicia.
La elección de un ministro indígena como presidente de la SCJN marca un hito en la representación, pero no es suficiente. Es indispensable corregir todas las estructuras, lenguajes, procedimientos y valores ajenos a las comunidades indígenas que les excluyen sistemáticamente o subordinan sus formas propias de resolver conflictos, impartir justicia o vivir el derecho.
Teresa Reyes Sahagún, tercera persona que ha ocupado la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda de personas en su breve historia, dejará una comisión debilitada y a la deriva, sin una visión del rumbo que quiere tomar el Estado mexicano frente a la crisis de desapariciones, y un día después del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Porque el lenguaje no solo nombra el mundo y quienes lo habitan, sino que también lo transforma, en Fundar elegimos nombrar para abrir caminos, para derribar desigualdades y sembrar realidades más justas para todas las personas, donde el “todos” logre desdoblarse para no ser una camisa de fuerza que legitime una sola visión del mundo.
A los Tribunales de Transparencia les falta transparencia y claridad en el proceso de instalación y funcionamiento. Si no se reactivan de manera efectiva, clara y sencilla, las y los ciudadanos nos quedaríamos indefensos para inconformarnos de las resoluciones que emita Transparencia para el Pueblo u otras entidades del gobierno.
En el recién presentado Plan Estratégico 2025-2035 de PEMEX, preocupa que una parte de la recuperación de la soberanía energética se basa en el fracking, tecnología altamente contaminante, pues nada garantiza que en el proceso se elimine el uso de agua dulce.
Para que el Compromiso de Sevilla de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo no se quede como una oportunidad perdida plasmada en un listado de buenos deseos, se requiere voluntad política y una apuesta reforzada por el multilateralismo por parte de los Estados.
A 50 años de ocurridos los vuelos de la muerte, práctica de terror realizada por el propio Estado a través de miembros del Ejército mexicano y de las fuerzas de seguridad pública, aún siguen vivas esposas, madres, hijas e hijos que siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos y quienes aún claman verdad y justicia.
El próximo lunes 21 de julio el IMSS ofrecerá una disculpa pública a la familia de Marisol Martiriz Guzmán, como reparación por su muerte y la de su bebé durante el parto hace 10 años. Pero esta disculpa debe llevar consigo el compromiso inequívoco del Estado Mexicano de implementar a cabalidad todas las medidas de no repetición. El IMSS e IMSS BIENESTAR deberán redoblar esfuerzos y garantizar la transformación de sus hospitales, y con ello evitar más muertes maternas.
Los tribunales en México no solo son espacios legales, sino también escenarios de producción de desigualdad racial y erradicar el racismo judicial implica mirar la estructura entera que ha permitido perpetuar esta desigualdad.
La nueva estrategia de industrialización del país debería promover la salud pública y evitar que los costos económicos que provocan las industrias del tabaco, alcohol, bebidas saborizadas y alimentos ultraprocesados sigan siendo absorbidos por la población mexicana.
En México el riesgo de sufrir tortura es alto, sobre todo si la persona es detenida por cuerpos policiacos, de acuerdo con el Índice Global de Tortura de la Organización Mundial contra la Tortura.
Entre 2019 y 2025, el gobierno implementó distintos esquemas de compra de medicamentos que no ha funcionado y a provocado desabasto, a cargo de actores tan variados como la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, la UNOPS, el extinto Instituto de Salud para el Bienestar y, ahora, Birmex.
Promover la inserción laboral femenina en ausencia de un sistema que redistribuya y reduzca sus cargas de cuidado es condenarlas a una doble jornada invisible y continuar limitando su autonomía. Del mismo modo, si no se crean empleos en sectores intensivos en cuidado —como salud, educación, alimentación— no se avanza en la remuneración y reconocimiento de estos trabajos fundamentales.
La actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático es un buen avance del compromiso de México ante la crisis climática, pero persisten preocupaciones sobre la coherencia entre las políticas anunciadas y las acciones concretas.
En 2024 más de 30 organizaciones de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Monterrey, Puebla, Jalisco y la CDMX y personas con diferentes experiencias y saberes, nos propusimos fortalecer el sistema de salud público. El resultado fue el documento Visiones Colectivas para fortalecer las propuestas en salud del gobierno. Este jueves 29 de mayo presentamos las recomendaciones construidas desde estas visiones colectivas.
¿Cómo puede México convertirse en potencia científica invirtiendo tan poco en sus universidades, centros de investigación y desarrollo científico, y tomar en cuenta el impacto en el medio ambiente? ¿Cómo generar innovación si los proyectos dependen de fondos mínimos y cada año enfrentan recortes?
De la lista de 64 aspirantes a ministras y ministros de la Suprema Corte llama la atención los datos que ponen en tela de juicio la independencia de muchas de estas candidaturas por su cercanía con gobiernos, partidos políticos, iniciativa privada, el Ejército o que tienen escándalos que ponen en entredicho su integridad pública.
Otro 10 de mayo donde una diversidad de madres buscadoras saldrá a las calles a demandar la presencia de sus seres queridos desaparecidos: hijos, hijas, hermanas, hermanos, padres. La movilización da cuenta de una colectividad viva que resiste pese al paso del tiempo y la continuidad de los daños. Pero no llegan todas.
Los controles, mecanismos de seguimiento y la amplia transparencia en las compras públicas son esenciales para evitar que se abuse de figuras ventajosas para ciertas entidades proveedoras, se contraten a empresas que realmente no cuentan con la capacidad técnica ni financiera o se acuerde con proveedores que han sido sancionados o de reciente creación.
El Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030 se alinea al mandato de la Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para transitar hacia un nuevo tipo de relación entre el Estado y los pueblos originarios, que parta del respeto a su derecho a la libre determinación y autonomía basada en un trato justo e igualitario.
La respuesta no es sencilla, pues primero hay que saber si se pretende encontrar a todas las personas, dar identidad y devolver a casa a los cuerpos sin nombre que son buscados por alguien, o se quiere prevenir que más desapariciones ocurran.
